El lobby antitaurino AnimaNaturalis ha recibido financiación de la entidad holandesa CAS International para publicar un polémico informe sobre el dinero público que, supuestamente, entregan los ayuntamientos españoles al sector taurino en concepto de subvenciones. El documento en cuestión calcula que esta cifra "ascendió en 2019 a 42 millones de euros".
Como es habitual, lo que pretenden los antitaurinos con la publicación de este tipo de informaciones es generar una corriente negativa en la opinión pública y trasladar la idea de que la Fiesta es una actividad cultural carente de arraigo social que solamente se sostiene con la ayuda de las Administraciones Públicas. Sin embargo, esta estrategia no es nueva.
Así, si echamos la vista atrás, encontramos que los antitaurinos manejan este tipo de mensajes desde hace décadas. El caso más llamativo de todos fue un informe elaborado por un eurodiputado de ERC, Alfred Bosch, que en 2016 cifró en 571 millones de euros el volumen de las subvenciones percibidas por el sector taurino. Quien suscribe estas líneas desmontó punto por punto dicho documento en un estudio publicado por la Fundación Toro de Lidia.
El bochorno sacudió entonces al lobby antitaurino, hasta el punto de que este tipo de argumentos pasaron a un segundo plano. Sin embargo, este año 2023 se plantea un nuevo documento que, de entrada, reconoce que la cifra de 571 millones era completamente disparatada. De hecho, la cifra que ahora se plantea (42 millones) es un 93% más baja que la que se había venido usando hasta ahora.
Las manipulaciones de los antitaurinos
Así pues, el número que manejan AnimaNaturalis y CAS International sería de 42 millones a lo largo de la temporada anterior a la pandemia. Posteriormente volveremos sobre esta cifra, pero primero debemos ponerla en perspectiva. Si acaso fuese cierta, ¿sería un número abultado, como pretende dar a entender el lobby antitaurino? Veamos. El Ministerio de Cultura presupuestó 953 millones a lo largo de dicho ejercicio, mientras que las comunidades autónomas asignaron 1.645 millones a las consejerías del ramo. En cuanto a las diputaciones provinciales, el presupuesto cultural asciende en su conjunto a más de 80 millones, mientras que, en el caso de los presupuestos municipales, la cifra agregada es de 450 millones.
En total, estamos hablando de 3.128 millones de gasto cultural. Por lo tanto, los 42 millones con los que AnimaNaturalis y CAS International quieren generar polémica supondrían, en caso de ser ciertos, un magro 1,3% de todo el desembolso acometido en 2019 por las distintas capas de las Administraciones Públicas para financiar actividades culturales. Pero, no lo olvidemos, este cálculo no tomaría en consideración los ingresos directos que genera el pago de cánones de arrendamiento para la gestión de plazas de toros ni los ingresos indirectos que se articulan a través de impuestos como el IVA. Si nos ceñimos solamente a este último punto, encontramos que las plazas de toros generan alrededor de 40 millones de recaudación solamente por el pago de dicho gravamen. Por lo tanto, solamente considerando el IVA, el coste presupuestario sería cero, en términos netos.
Sin embargo, el largo historial de mentiras y manipulaciones del lobby antitaurino debe invitarnos a revisar sus cifras con cierta cautela. En este sentido, diversos ayuntamientos han salido al paso del informe para aclarar que los números recogidos en el mismo son falsos. Es el caso de la corporación municipal de Vinaroz, en la Comunidad Valenciana, donde el gobierno está en manos del PSOE. Aunque los animalistas afirman que dicho consistorio dedicó en 2019 más de 37.000 euros a la financiación de festejos taurinos populares, lo cierto es que esta Administración local no dedica ni un céntimo a esta cuestión.
"En las calles de Vinaroz no se celebran exhibiciones de bou al carrer. Sí hay festejos taurinos en la plaza de toros, pero estos espectáculos no solamente no reciben ni un euro, sino que comportan un beneficio para las arcas públicas, porque las empresas que quieren utilizar el coso pagan una tasa estipulada en las ordenanzas municipales", aclara el concejal del ramo, Marc Albella, en declaraciones publicadas por la edición castellonense del diario El Mundo.
El ridículo en el que han incurrido las organizaciones antitaurinas con sus datos inventados para Vinaroz vuelve a poner de manifiesto lo absurdo que es construir este tipo de argumentación de espaldas a la realidad. De hecho, las propias organizaciones antitaurinas se han visto obligadas a reconocer que solamente pudieron tratar datos correspondientes al 46,5% de los ayuntamientos que programan festejos taurinos, de modo que el documento no solamente incluye cifras abiertamente falsas, como refleja el caso de Vinaroz, sino que, además, excluye a más de la mitad de las corporaciones que organizan este tipo de espectáculos. AnimaNaturalis y CAS International se defienden afirmando que "se hizo una proyección del coste de dichos festejos, considerando todas las variables", lo que pone de manifiesto la falta de precisión de su trabajo.
Por último, no está de más recalcar que, si bien las organizaciones que publican el informe apelan continuamente a la necesidad de cumplir la Ley de Transparencia, parecen ignorar la vigencia de la Ley 18/2013, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, y de la Ley 10/2015, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Estas dos normas obligan a las Administraciones Públicas a proteger y divulgar los toros, de modo que todo el contenido del informe se cae también por el propio peso de la ley, ya que cualquier decisión de gasto orientada al fomento de la tauromaquia está ligada al cumplimiento de la legislación.
Malos tiempos para los antitaurinos
Más allá del lamentable informe que ahora sale a la luz, lo cierto es que no corren buenos tiempos para el antitaurinismo. En clave nacional, la presencia de partidos antitaurinos como Sumar o ERC en la alianza política que ha dado soporte a Pedro Sánchez no se ha traducido en ninguna medida antitaurina de calado.
A nivel autonómico y municipal, las mayorías alcanzadas por el centro-derecha en las pasadas elecciones de mayo avanzan cuatro años de tranquilidad para el sector, a lo que hay que sumar el respaldo del PSOE a los toros en la mayoría de los territorios clave para la tauromaquia, como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura.
Por otro lado, el último sondeo referido a estas cuestiones muestra que son mayoría los españoles que se declaran partidarios de la continuidad de la Fiesta. De hecho, en los últimos años no ha habido cambios significativos en las opiniones sociales hacia el toreo, por mucho que los antitaurinos hayan continuado con sus campañas.
Además, la fuerza política de la agrupación más antitaurina de todas, el PACMA, sigue siendo residual (en las pasadas elecciones generales del 23-J apenas logró el respaldo del 0,67% de los votantes), mientras que la última manifestación convocada por AnimaNaturalis en Logroño apenas ha reunido a 30 personas comprometidas con la causa, frente a los más de 30.000 espectadores que se esperan en los distintos eventos de la Feria de San Mateo.