Ya están casi todas las cartas de la negociación encima de la mesa para que Pedro Sánchez sea investido de nuevo presidente en caso de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no lo consiga. Y, además de conceder la amnistía a los golpistas o acordar algún tipo de consulta sobre la independencia de Cataluña, Junts también reclama una elevada suma de dinero para la Generalidad.
Bajo la excusa de que el Estado mantiene una "deuda histórica" con Cataluña de 450.000 millones de euros, el partido que lidera Carles Puigdemont exige, entre otras cosas, la condonación de los préstamos que el Gobierno ha facilitado a la Generalidad a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), por un importe próximo a los 72.000 millones de euros, y el "traspaso de las competencias íntegras de la Agencia Tributaria para que Cataluña pueda recaudar todos los impuestos", junto con una "cuota de solidaridad entre Cataluña, como nación, y el estado español".
Este último punto hace referencia, una vez más, al famoso "Pacto Fiscal" que el expresidente catalán Artur Mas reclamó en 2012 al también expresidente del Ejecutivo Mariano Rajoy, y cuya negativa desembocó posteriormente en el proceso soberanista que culminó con el referéndum independentista de 2017.
Qué es el fuero
El "Pacto Fiscal" que reclama de nuevo Junts consiste, básicamente, en que Cataluña se convierta en el tercer fuero de España, tras País Vasco y Navarra. En España conviven dos sistemas de financiación muy diferentes:
- El foral, donde las regiones recaudan todos los impuestos y luego, previa negociación a través del denominado "concierto", pagan al Estado los servicios que éste presta en sus respectivos territorios en forma de "cupo".
- Y el régimen común, por el que se rigen la mayoría de CCAA, donde el Gobierno recauda casi todos los impuestos y luego reparte los recursos a través del sistema de financiación, aplicando una serie de ajustes para que las regiones más ricas, como Cataluña -junto a Madrid y Baleares-, aporten dinero extra a las más pobres a fin de cubrir sus servicios públicos básicos.
Si Cataluña se convierte en el tercer fuero de España tendrá, sin duda, consecuencias sobre la financiación del resto de autonomías de régimen común y sobre los recursos que maneja el Estado.
Cómo funciona
El País Vasco y Navarra disfrutan de un sistema de financiación muy diferente al del resto de España. Sus haciendas forales recaudan la práctica totalidad de los tributos que conforman el sistema fiscal español y regulan los tributos directos, sujetas únicamente a ciertas restricciones de carácter general, tales como la obligación de mantener una presión fiscal similar a la registrada en el resto del país. Una parte de estos recursos se entregan después a la Administración Central mediante una transferencia que recibe el nombre de "cupo" en el caso vasco y de "aportación" en el navarro.
Tal y como explica el economista Ángel de la Fuente en un informe elaborado en su día para el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde analiza, precisamente, la posible extensión del concierto económico vasco a Cataluña, el sistema foral, conforme se aplica en la actualidad, otorga tres grandes ventajas.
En primer lugar, que País Vasco y Navarra gestionan y recaudan los impuestos, a imagen y semejanza de lo que hace la Agencia Tributaria en el resto del país, y gozan, además, de amplias competencias normativas sobre los impuestos directos, a diferencia del resto de regiones. Esto les permite, por ejemplo, dictar una normativa propia distinta de la estatal no sólo para el IRPF, sino también para el Impuesto de Sociedades o Patrimonio.
La segunda gran ventaja es que las regiones forales no contribuyen a la llamada "solidaridad interterritorial", que es el sistema de nivelación por el cual el Estado reparte recursos extra a las regiones de menor renta con el fin de que éstas puedan prestar servicios similares a los que ofrecen territorios más ricos. Es decir, vascos y navarros, pese a ser dos regiones ricas, no aportan dinero a las autonomías más pobres para contribuir a la financiación de sus servicios públicos básicos.
Y la tercera gran ventajas es que el "cupo", que es los que pagan País Vasco y Navarra al Estado por los servicios que presta en sus territorio, no está bien calculado. La valoración de las competencias estatales está "enormemente sesgada a la baja", tal y como advierte De la Fuente. Y, como no pagan lo que deberían, vascos y navarros tienen más financiación. El dinero que se quedan de más sería equivalente al 7% de su PIB regional, según las estimaciones realizadas por este economista con datos de 2007.
"Esta enorme rebaja en la aportación de los territorios forales a la caja común del Estado explica por qué éstos disfrutan de una financiación por habitante (medida a competencias homogéneas) superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común, a pesar de contar con una normativa fiscal que tradicionalmente ha sido algo más laxa". Esto significa que "ambas comunidades están siendo subvencionadas por territorios que en promedio son más pobres", añade De la Fuente.
Menos financiación para otras CCAA
La extensión de este modelo a Cataluña tendría un fuerte impacto sobre el sistema de financiación del resto de regiones de régimen común. La Generalidad se encargaría de recaudar todos los tributos que se generen en Cataluña, no sólo los impuestos propios o cedidos a las CCAA, y, posteriormente, negociaría con el Gobierno central una especie de cupo, a través de un concierto económico, para sufragar los servicios públicos que presta el Estado en esa región, así como una cuantía destinada a la "solidaridad" interterritorial -en esto difiere respecto a País Vasco y Navarra-.
Así pues, Cataluña recaudaría y después acordaría ceder al Estado parte de ese dinero. El cupo, lo que Cataluña tendría que pagar al Estado anualmente por los servicios prestados en su comunidad y la solidaridad interterritorial, se revisaría de forma periódica (cada cinco años, siguiendo el modelo foral vigente) y se negociaría de forma bilateral entre la Generalidad y el Ejecutivo. Así pues, Cataluña se convertiría, en la práctica, en el tercer territorio foral de España, junto a País Vasco y Navarra.
Si el fuero sólo se extendiese a Cataluña, obligaría a cambiar el actual modelo de financiación, ya que la Generalidad acabaría aportando mucho menos dinero al resto de CCAA de régimen común. Como resultado, o bien la regiones más pobres reciben menos a través del mecanismo de "solidaridad interterritorial" o bien el resto de autonomías ricas, y especialmente Madrid, deberían aportar mucho más para cubrir la diferencia y compensar la salida de Cataluña.
Según las estimaciones de De la Fuente (siempre con datos de 2007), la equiparación de Cataluña con el País Vasco en términos de financiación por habitante exigiría unos recursos adicionales que habría que detraer del resto de la comunidades de régimen común, lo que supondría reducir la financiación de éstas entre un 8% y algo más de un 12% (equivalente a 16.000 millones de euros). O bien que otras regiones ricas como Madrid, que resultaría de lejos la más perjudicada, aportasen la diferencia.