Inmersos en la famosa transición ecológica y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la famosa agenda 2030, el Gobierno de España ha acelerado las normas que impiden el tráfico rodado a los coches de combustión, tecnologías como el fracking o la moratoria nuclear. Un calendario de descarbonización tan ambiciosa que avanza sin tener en cuenta si los distintos estados o territorios de los países miembros de la UE pueden soportar semejante ritmo.
Alemania, por ejemplo, ya sufre en carne propia el encarecimiento de los hidrocarburos para evitar apagones. Pues bien en España estas ineficiencias ya amenaza a poblaciones enteras. Canarias es un buen ejemplo.
Desde 2016 Endesa ha advertido del déficit de potencia en las islas en no menos de 45 ocasiones. Y es que desde 2013 se bloqueó la instalación de nuevos grupos o centrales en el archipiélago.
Esta realidad sale ahora a la luz después de que el pasado 29 de julio, de madrugada, se produjera un apagón total, un cero energético, en la isla de la Gomera. Una situación que tardó días en recuperar la normalidad. Endesa fue la compañía encargada de elaborar el informe al que ha tenido acceso El Mundo y del que ha dado cuenta.
En el mencionado estudio, Endesa recoge las 46 ocasiones en las que se ha dirigido al Gobierno al regulador (CNMC) y al operador (REE) para recordar la parálisis en la instalación de nuevas centrales o grupos no renovables y que pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico de Canarias.
La ley que origina estos problemas en Canarias es la de 2013, pero fundamentalmente el desarrollo legislativo que se le dio en 2015 mediante un Real Decreto y que hacía que cualquier actuación requiera una resolución de compatibilidad previa para ser reconocida y remunerada por el regulador.
Básicamente el problema radica en que el Ministerio debe dar el visto bueno a las instalaciones con el objetivo de evitar un exceso de capacidad y favorecer que haya competencia entre las distintas islas. El problema es que esto obliga a que las instalaciones lleguen mediante procedimientos de concurrencia en los que compitan distintas opciones para hacerse con la instalación de las infraestructuras energéticas necesarias. El problema es que no se ha llegado a celebrar ninguno en todo este tiempo. Además, como ya han pasado prácticamente 10 años, los procedimientos corren el riesgo de quedar desiertos si no se actualizan algunas de sus condiciones.
La situación administrativa y burocrática es tan enrevesada que el caso es que existen grupos disponibles y desplazados a las islas que hasta contaban con autorizaciones administrativas anteriores a la ley, pero que hoy están caducados y que, por cuestiones burocráticas no pueden ponerse en funcionamiento para tratar de solucionar problemas de tensión en las islas.
Por lo demás, tal y como reza el informe de Endesa "la realidad es que, tras diez años de imposibilidad de realizar inversiones, muchos grupos se encuentran en una situación de envejecimiento y obsolescencia técnica, sin repuestos disponible, lo que dificulta su operación y disponibilidad".
Desde 2016, las comunicaciones con las instituciones no han parado a lo largo de los meses y los años para advertir del peligro al que se enfrentaba el sistema canario. El último escrito se envió el 28 de julio, un mes antes del apagón en La Gomera.