Por mucho que el Ejecutivo quiera presumir de que la economía española va como una moto, sigue sin poder hacerlo, y comunicados como el emitido este jueves por Repsol así lo demuestran. El gigante petrolífero español ha presentado resultados. Y muy buenos resultados, pero ha tenido que destacar, en un apartado especial el trato fiscal que ha recibido, convirtiéndose en la empresa que más impuestos ha pagado en nuestro país. Repsol ha ingresado a las arcas del Estado 10.700 millones de euros sólo por la actividad desarrollada durante los 9 primeros meses del año. Estamos hablando de que sólo una compañía ha ingresado en impuestos el equivalente a un tercio del extra de recaudación que logró el Ejecutivo en 2022 gracias a la inflación (32.300 millones).
De esos 10.700 millones, los tributos propios ascendieron a 3.206 millones de euros, lo que representa el 52% del beneficio de la compañía. Sólo en sociedades Repsol ha pagado un 37%, un tipo muy por encima del nominal que se aplica en España y que asciende al 25%. Mucho más de la media que se paga en los países de la OCDE. Es la empresa del Ibex 35 que más impuestos ha pagado en España.
Entre otras razones, esta elevadísima presión fiscal que, al representar más de la mitad del beneficio, podría considerarse confiscatoria, tiene mucho que ver con los ya de por sí exigentes estándares tributarios asociados a la actividad de extracción y refino de hidrocarburos, así como a la actividad energética. Pero no sólo a esto, sino también al GTE, gravamen temporal energético, el impuesto extra que el Gobierno de PSOE y Podemos puso sobre las empresas energéticas y que los mismos partidos se han comprometido a mantener durante la próxima legislatura.
Una situación que empeora la ya de por si maltrecha seguridad jurídica de nuestro país. Recordemos que merced a los laudos que mantenemos con inversores internacionales por el cambio retroactivo en las subvenciones a las renovables, somos el país con peor seguridad jurídica de la UE. Una realidad que los empresarios reconocen abiertamente .
A esta terrible realidad, se suma la arbitrariedad que demuestra el Gobierno a la hora de condicionar la actividad de distintos sectores, incluido, en este caso, la actividad de una compañía como Repsol que da la casualidad, contribuye a nivel impositivo como nadie a las arcas del Estado, ofrece un servicio fundamental para la economía española, ofrece fuertes rebajas en combustible a los clientes sin que nadie le obligue, y, además, continúa generando valor para los accionistas.
Ante todo esto, el Gobierno arremete con nuevos gravámenes que obligan a esta compañía, así como a otras del sector o del sector financiero a competir en desigualdad de condiciones con sus homólogos europeos que no tienen que soportar estos gravámenes diseñados ad hoc.
En el caso de las energéticas, el impuesto vigente se aplica durante 2023 y 2024, gravando el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.
Así, Repsol, que ha presentado este jueves sus resultados de los nueve primeros meses del año (2.782 millones), también ha manifestado su sincero malestar por esta inseguridad jurídica en la que tienen que desarrollar su actividad.
Su consejero delegado Josu Jon Imaz ha sido meridianamente claro: "La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar sus futuros proyectos industriales en España", ha advertido en un comunicado. Es decir, que futuras inversiones de proyectos industriales que podrían beneficiar a España, buscarán otras localizaciones que aporten mayor seguridad jurídica a la actividad que desarrolla Repsol, intensivo en capital y cuyos proyectos no se arrancan precisamente en dos días.
Además, Josu Jon Imaz ha añadido que el impuesto extraordinario que ahora quieren mantener Yolanda Díaz y Pedro Sánchez "se ideó como temporal y extraordinario y castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país", con un efecto colateral perverso: "que al mismo tiempo favorecen a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España"