De momento, sólo los sindicatos, serviles al Gobierno, han manfiestado su deseo de secundar el pacto firmado este jueves por Sánchez y Puigdemont. Sin embargo, no han faltado colectivos como jueces, abogados del Estado o fiscales que han emitido comunicados expresando su más profunda preocupación por el daño que el acuerdo supone para el Estado de Derecho. También los fiscales y los jueces afectos a la causa "progresista", como Jueces Para la Democracia.
En cuanto a las empresas, de momento fuentes de muchas de las que se marcharon en 2017 han advertido que no tienen ninguna intención de regresar, por mucho que Sánchez y Puigdemont se hayan comprometido a "impulsar" el regreso de éstas a Cataluña.
Además, la patronal, Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha informado de que ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario y de urgencia para el próximo lunes, ante lo que califica como "grave preocupación existente en el mundo empresarial" tras el acuerdo entre PSOE y Junts.
En esta reunión de urgencia, la patronal de los empresarios ha comunicado que abordará "la situación de España", tras el citado acuerdo político para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El máximo representante de la CEOE, Antonio Garamendi, reclamó el pasado martes estabilidad, moderación y cumplimento de la ley ante la situación política que se vive en España y afirmó que a los empresarios les gustaría que los dos grandes partidos, PSOE y PP, se pongan de acuerdo.
Garamendi recordó, antes de participar en un foro con empresarios en el marco de la visita de Estado de los reyes a Dinamarca, que los dos principales partidos en España tienen el 73 % de los diputados del Congreso y aseguró que los mejores 45 años de la historia del país "son los últimos, con la democracia, con la Constitución del 78".