Sánchez no se esconde y en su pacto con Puigdemont ya muestra que es capaz de cualquier cosa, lo que sea, para hacer de su necesidad de seguir siendo presidente, no virtud, sino desgracia del régimen constitucional que todavía hoy nos ampara. A los ciudadanos, que deberíamos ser todos iguales ante la ley, y también a las empresas. Que lo que pretenden los golpistas catalanes todavía fuera de la ley, es una barbaridad, es tan evidente que ya supuso el éxodo de más de 7000 empresas en 2017 cuando los separatistas decidieron dar su golpe. Que sigue siendo una barbaridad lo demuestra que instituciones de la talla y el tamaño de Banco Sabadell o CaixaBank han advertido de que no piensan devolver su sede a Cataluña. Así se lo han hecho saber fuentes de las distintas compañías a algunos medios, como La Razón.
En el mismo sentido se han pronunciado distintas fuentes empresariales de algunas de las miles de compañías que se marcharon en su momento. Compañías como Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, Banco Mediolanum, la cooperativa Arquia Banca o Cementos Molins.
El infierno normativo y nacionalista en el que se ha convertido Cataluña ha expulsado a otras grandes compañías familiares catalanas que han tenido que cambiar su domicilio social a otras comunidades, entre ellas Codorniu, Idilia Foods, Hotusa, Indukern o un gigante del sector editorial como Planeta, y el movimiento también se extendió a empresas extranjeras como Zurich, Allianz o Bimbo.
Las mismas fuentes aseguran que no está sobre la mesa actualmente un hipotético retorno de esas sedes a Cataluña y han añadido que nada ha cambiado en los últimos tiempos. Recuerdan que cuando cambiaron la sede, la decisión se tomó con carácter permanente.
Las empresas están planteando su deslocalización de España
En el pacto firmado entre Pedro Sánchez y fugado Puigdemont, el socialista se compromete, entre otras muchas cosas a "facilitar" el regreso de esas 7.000 compañías que decidieron poner pies en polvorosa cuando los golpistas culminaron su desafío al Estado de Derecho en 2017 y que gracias a Sánchez van a ganar ahora, seis años después. Sin embargo, fuentes de algunas de estas compañías que prefieren no hacer comentarios, deslizan, sin embargo, que algunas empresas, lo que están planteándose ahora mismo es la deslocalización de sedes o proyectos concretos fuera de España, como han hecho las energéticas.
Declaraciones como la que hizo hace unas semanas el Consejero Delegado de repsol, Josu Jon Imaz, señalando que debido a la falta de seguridad jurídica en España quedaban en stand by algunas de las inversiones que estaban proyectadas en España y que afectarían a proyectos por valor de más de 1.500 millones de euros. Por parte de la banca ha sucedido algo parecido y la presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín, advertía en intervenciones públicas recientes que cuando falta seguridad jurídica y en plazas como España se te obliga a competir en desigualdad de condiciones que el resto de actores europeos, lo que provocas es que muchas compañías dejen de venir y las que están aquí terminen marchándose.