Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, no amenazó al Gobierno, sino que trasladó una decisión empresarial lógica ante el callejón sin salida al que el Ejecutivo de Sánchez ha colocado a las grandes empresas españolas. Repsol comunicó que estudia paralizar proyectos e inversiones previstas en España y valorar la posibilidad de deslocalizarlas debido a la falta de certidumbre y seguridad jurídica y fiscal en España.
Y es que las decisiones regulatorias sobre las obligaciones fiscales de empresas energéticas como Repsol, obligan a esta compañía a tributar por más de la mitad de sus beneficios (el 52% en sus resultados hasta septiembre), y el pacto entre Sánchez y Díaz de cara a la nueva legislatura amenazan con mantener el impuesto especial (y supuestamente temporal) que pusieron sobre las empresas energéticas por el hecho de serlo, y que, además, añaden la posibilidad de imponer nuevos gravámenes que, además, detraigan capital de los negocios que las grandes empresas tienen fuera de nuestras fronteras y por los que ya tributan en los países donde prestan sus servicios.
Este lunes conocíamos qué proyectos tiene aprobados Repsol y que, de momento, decide dejar en suspenso: Se trata de inversiones relacionadas con el hidrógeno verde en Bilbao, Cartagena y Tarragona, además de la ecoplanta que está proyectada también en Tarragona. Unas inversiones que si atendemos a los presupuestos asignados a cada una de ellas completan una inversión conjunta estimada en alrededor de 1.500 millones.
La ecoplanta de Tarragona
Sólo en Tarragona Repsol tenía proyectadas dos grandes instalaciones que supondrían una inversión superior a los 1.000 millones de euros. La primera de estas instalaciones es una ecoplanta que estaría situada en El Morell y que estaría capacitada para tratar más de 400.000 toneladas de residuos sólidos urbanos no reciclables al año para producir 240.000 toneladas de metanol circulante, una materia prima indispensable para la producción de biocombustibles avanzados.
Se trata del único proyecto español preseleccionado entre más de 300 proyectos a gran escala en los European Innovation Fund 2021. Su entrada en producción estaba prevista para 2026. La valoración estimada de esta inversión es de 750 millones de euros.
Electrolizadores en Tarragona, País Vasco y Cartagena
Otro de los proyectos cargados de innovación y que constituyen en sí mismos una apuesta por la reducción de emisiones de carbono en la producción de energía, son las plantas de electrolización que Repsol tiene proyectados en distintas localizaciones de País Vasco, Tarragona y Cartagena.
Junto a Petronor (filial del grupo Repsol que este lunes puso nombre al primer proyecto "en stand by" de la compañía por la falta de seguridad jurídica en España) Repsol ha puesto en marcha proyectos para impulsar el hidrógeno renovable (hidrógeno verde) en la Península Ibérica.
Dentro de esta estrategia está en marcha el primer electrolizador del País Vasco en el complejo industrial de Petronor de San Julián de Musques con una capacidad de 2,5 MW y supondrá una inversión de 8,9 millones de euros. Esta instalación, que está ya en marcha, no está en riesgo, pero la instalación es una cata, una prueba, una demostración con la que la compañía quiere comprobar el funcionamiento de la tecnología, corregir errores para, posteriormente poner en marcha una gran instalación que sea capaz de procesar 100 megavatios y que se integre dentro del Corredor Vasco del Hidrógeno (BH2C) para recuperar económicamente el País Vasco y que ayude a progresar en la descarbonización del sector energético.
En Cartagena, también estaba previsto instalar un electrolizador con una potencia de 100 MW, como parte de la Iniciativa del Hidrógeno Verde de la Región de Murcia, centrada en el área del valle de Escombreras.
Finalmente, también en Tarragona Repsol quería instalar otro electrolizador con una capacidad de 150 MW en 2026 y de 1000 a partir de 2027. Una planta que estaba previsto, contara con la mejor tecnología, además, para minimizar el consumo de agua destinado a la producción de hidrógeno verde.
La inversión prevista, según expertos consultados por Libertad Digital, estaría entre los 750 y los 800 millones de euros. Fuentes de Repsol consultadas han corroborado que estos son los proyectos que quedarán en suspenso o congelados y que podrían ser susceptibles de deslocalización en el caso de que España no ofrezca la seguridad jurídica necesaria para poner en marcha estas inversiones.
Así, el monto total de las distintas inversiones en cuestión por parte de Repsol estaría en el entorno de los 1.500 millones de euros.
Hablamos de inversión directa. La cantidad de empleo y volumen de negocio indirecto e inducido podría más que doblar esa cantidad.