Se procederá, en los dos primeros años de legislatura, a la negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia según el listado acordado por los Gobiernos Español y Vasco en la legislatura anterior y, en su caso, se procederá a remover los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno.
Con esta frase, Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar han firmado el epitafio de la Seguridad Social tal y como la conocemos. Sin nombrarla, porque es un tema políticamente sensible y han debido pensar que es mejor que no aparezca de forma explícita en el texto. Pero también sin dudas: el líder del PNV ha dejado claro ante los periodistas que este tema forma parte del acuerdo de investidura y que su partido exigirá que se cumpla en los plazos establecidos.
A pesar de que siempre se dijo que éste sería uno de los límites que ningún Gobierno se atrevería a romper (quizás el más importante de los límites económico), ya sabemos que no es así. Ni siquiera la conocida postura en contra el ministro del ramo, José Luis Escrivá, ha sido suficiente como para evitarlo. Se trata de una de las pocas competencias estatales que el Gobierno central mantenía en su poder. Para muchos ciudadanos vascos, la Seguridad Social, sus oficinas y sus comunicados eran casi la única relación que mantenían con el Estado. Pues bien, parece que en menos de 24 meses ni siquiera quedará eso. La gestión del organismo pasará, cuando se complete el pacto, a manos del Gobierno vasco. ¿Y la caja única? Pues está por ver si también ahí se produce una ruptura (sobre todo, está por ver si los nacionalistas quieren pagar o sólo figurar).
Como explicábamos este viernes, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social ha sido siempre uno de los grandes objetivos de los nacionalistas. Y repetimos "gestión", porque la clave parece que no es tanto pagar de verdad las prestaciones (estamos ante una partida presupuestaria deficitaria y políticamente sensible) como controlar las mismas. Es decir, lo que quiere el PNV es que el Gobierno vasco pueda determinar quién tiene derecho a qué prestación, vigilar si se cumplen los requisitos, abonar las prestaciones... Pero que el sistema se siga sosteniendo con las aportaciones-cotizaciones de los trabajadores de toda España. Esto es algo especialmente importante en el País Vasco, una de las regiones con las pensiones medias más elevadas y con un saldo demográfico menos favorable. Podría decirse que la clave del acuerdo consiste en que paguen entre todos los españoles, pero la medalla de la gestión se la ponga el Gobierno vasco.
En cualquier caso, habrá que esperar a que en estos dos años se concrete el contenido exacto del acuerdo y lo que se queda el Gobierno central y lo que transfiere. Pero sólo con la lectura del comunicado que han remitido esta mañana los inspectores de Trabajo podemos hacernos una idea de lo que supone en términos de ruptura del principio de unidad entre todos los españoles.
El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) ha publicado en sus redes sociales, este mismo viernes, un texto durísimo contra el acuerdo firmado entre el PSOE y el PNV. En el mismo, aseguran que la unidad del sistema de la Seguridad Social "exige que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de la Seguridad Social quede sometida a criterios de gestión únicos y unitarios". En este sentido, advierten de que "lo contrario", que las Comunidades Autónomas pueden disponer de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones "abocaría irremediablemente al comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema, de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional y del principio de unidad de caja. Y lo mismo ocurriría con los actos de encuadramiento, afiliación, altas y bajas, y su control".
En este sentido, los inspectores alertan de que esta negociación, que se ha llevado a cabo al margen del resto de los grupos políticos "que conforman el Pacto de Toledo" puede afectar a "la igualdad de todos los españoles y a la propia caja única" de la Seguridad Social".
En resumen, que la transferencia de la gestión no es sólo una cuestión simbólica (que también lo es y muy relevante) sino que afecta al fondo del asunto. Porque en el momento en que una comunidad autónoma tenga la potestad de establecer quién tiene derecho a qué y cuáles serán las condiciones en las que acceda a ese derecho, ya todo será posible. Eso sí, mientras tanto, la factura la sostiene el conjunto del sistema. Sobre esto, parece que no hay duda: incluso desde el nacionalismo vasco se insiste en que el sistema seguirá siendo uno (en el sentido de que las cotizaciones irán a una caja única) pero la organización (medios, oficinas, inspectores, trabajadores, notificaciones a los beneficiarios, aplicación de la normativa) estará en manos del Gobierno vasco. O, lo que es lo mismo: la factura la asumen todos los españoles, pero el rédito político se lo apunta el nacionalismo. Otra vez.