No hay pensiones en el acuerdo de investidura... por ahora; porque todavía tienen que hablar el resto de los componentes de la "coalición Frankenstein".
También es verdad, que cualquiera sabe lo que han querido decir los negociadores de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Porque no está nada claro hasta dónde se llegará en el desarrollo de todos los puntos del acuerdo publicado este jueves por el PSOE y Junts. En muchos párrafos, por ejemplo en los económicos, parece que el objetivo es que cada uno pueda decir que el texto se puede interpretar de una manera u otra (en la amnistía no, ahí es categórico).
Dicho esto, salvo sorpresa, la pretensión de ERC y Junts de crear una "Agencia de la Seguridad Social catalana" no ha entrado en el mismo. Y eso que esta misma semana sí formaba parte del texto que los partidos independentistas llevaban al Parlamento catalán. Como explicaba Pablo Planas en Libertad Digital el pasado lunes, las formaciones que lideraron el golpe del 1-O (o que suceden a las que entonces existían) presentaban las conclusiones de la "Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado español con Cataluña". Según sus cálculos, el Estado acumuló entre 1982 y 2022 una deuda de casi medio billón de euros con su región: 50.900 millones de déficit en materia de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones. A partir de ahí, llegaban las exigencias de un nuevo sistema de financiación (básicamente, el cupo catalán) y la petición, incluso, de una Seguridad Social propia.
Este jueves, a primera hora, parecía que ese punto quedaba para más adelante, pero entonces entró el PNV en la ecuación. Apenas unas horas después de firmado el pacto Sánchez-Puigdemont, los de Andoni Ortuzar volvían a filtrar que ésta será una de sus exigencias para votar a favor del presidente socialista: la Seguridad Social vasca. En parte es lógico, porque estamos ante una petición clásica del PNV que ha cogido fuerza de nuevo en las últimas semanas. Y porque los nacionalistas vascos también necesitan sacar algo para contentar a su parroquia. No puede ser que todos los focos se los lleve el fugado en Bruselas.
¿Pensiones o gestión?
Eso sí, lo primero que habría que decir es que no está nada claro si los independentistas quieren o no el traspaso de las pensiones. Lo que sí quieren, y en esto coinciden vascos y catalanes, es "la gestión". Es decir, la carta: lo que quieren realmente es que la notificación que cada mes les llega a los cientos de miles de pensionistas de su región la envíe el Gobierno vasco y el catalán, con su sello, su escudo y su texto. No sólo la carta en la que se notifica que alguien tiene derecho a una pensión, también las demás notificaciones (por ejemplo, cuando suben la prestación al comienzo de cada año) y la transferencia bancaria. En esto, los nacionalistas lo tienen claro: no es lo mismo que el ingreso te lo haga cada mes la Tesorería Nacional de la Seguridad Social a que te llegue de parte del Departamento Vasco-Catalán de la Seguridad Social.
Porque la trampa es muy clara. Transferir las pensiones es un regalo envenenado. Hablamos de una partida deficitaria y que desde hace años requiere de enormes transferencias y préstamos por parte del Estado (y eso sólo para aparentar que el déficit no es tan elevado como es realmente). Si alguien se queda con la Seguridad Social, lo normal es que se quede también con sus números rojos y que asuma el coste de (1) hacer esa transferencia y recortar otras partidas; (2) no hacer la transferencia y engordar el déficit del organismo; o (3) no hacer la transferencia y tocar las prestaciones de los jubilados. Ninguna de las alternativas parece especialmente atractiva desde un punto de vista político.
Por eso, lo que quieren los nacionalistas es más complejo: es que siga habiendo caja única, para que el marrón de cuadrar las cuentas lo asuma el Gobierno central y para que las decisiones complicadas sigan llegando desde Madrid... pero que el pensionistas empiece a tener la sensación de que le debe su paga mensual a su Gobierno regional. Sería la cuadratura del círculo nacionalista: todo lo bueno para mí, todos los problemas para ti. Viendo lo ocurrido en España en las últimas dos décadas, no suena tan raro.
Las cuentas
Con todos los datos que se publican en España sobre todo tipo de ingresos y gastos público, resulta curioso que las cifras regionales de la Seguridad Social sean tan esquivas. Quizás el mejor acercamiento a esta materia es el que hace José Antonio Herce para la Fundación BBVA y que publicaba el pasado mes de junio: Las pensiones de Seguridad Social en las Comunidades Autónomas españolas.
Según sus cuentas, ahora mismo sólo hay dos regiones en España con un saldo positivo pensiones/cotizaciones: Baleares y Madrid. El resto tienen todas números rojos, lo que quiere decir que abonan en prestaciones contributivas más de lo que recaudan por cotizaciones (podríamos entrar en un debate eterno sobre qué partidas hay que incluir, pero parece sensato utilizar la suma resta prestaciones contributivas/cotizaciones). En el caso de Cataluña y País Vasco, esa cifra negativa es bastante elevada, algo lógico, porque sus pensionistas están entre los que más cobran de nuestro país. Además, hablamos, sobre todo en el caso vasco, de autonomías bastante envejecidas. De esta manera, el resumen sería:
- País Vasco: Ingresos de 6.787 millones y Gastos de 10.789 millones; déficit de 4.002 millones de euros
- Cataluña: Ingresos de 22.099 millones y Gastos de 27.970 millones; déficit de 5.871 millones de euros
Esto es lo que tendrían que afrontar, como mínimo, los gobiernos regionales. En realidad, la cifra sería más elevada, porque hay otras transferencias no contributivas que no están aquí reflejadas y que ningún Ejecutivo se atrevería a eliminar.
También es cierto que hay otra clave y es cómo se calcularían los ingresos a los que tienen derecho los gobiernos vasco y catalán. Como apuntábamos anteriormente, la entrega total de las pensiones (gestión y financiación) puede convertirse en un regalo envenenado, porque son una partida muy deficitaria y cuyo déficit podría agravarse en los próximos años. Pero todo depende de lo que uno consiga a cambio y estamos acostumbrados a que los nacionalistas logran lo que pretenden. Si el Estado se compromete a financiar no sólo las contributivas sino a incrementar la actual partida de financiación autonómica para cubrir las no contributivas (en el caso vasco, la idea sería incrementar el cupo; en el catalán, la parte que le corresponde del montante que va a las comunidades de régimen común), entonces la cosa cambia. O si se incluye una cláusula para recalcular el montante cada cierto número de años si a la región de turno ya no le cuadran los números. La experiencia del cupo vasco es, en este sentido, muy ilustrativa: más allá de lo que no piense del modelo, el problema ha venido por el cálculo político en cada renovación, que ha beneficiado al Gobierno vasco con una financiación extra no justificada en detrimento del resto de los españoles.