La mina de Penouta, en Orense, que se convirtió hace pocos años en la única mina de Europa en extraer el estratégico coltán, está parada desde el pasado 16 de octubre. Ecologistas en Acción llevaron la explotación ante los tribunales alegando que la mina estaba provocando un "grave impacto" en un espacio protegido próximo, Peña Trevinca. En un auto, la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia decidió suspender cautelarmente la decisión de la Xunta de Galicia de permitir el proyecto de explotación de la mina a cielo abierto. Una situación que ha dejado a 129 empleados en el paro, que ha provocado estupor en la empresa y que ha llevado a los vecinos de los pequeños pueblos próximos a la mina a salir a la calle.
El proyecto para extraer en Galicia compuestos de niobio y tantalio (coltán) de una mina de estaño de Rumasa abandonada en 1982 nació en 2012, con los primeros permisos de investigación y trabajos de exploración para certificar las reservas de mineral. Los estudios, explican desde la empresa, certificaron su existencia y la viabilidad comercial de obtener coltán de la escoria del mineral extraído en los ochenta y del que aún quedaba en la mina, en colaboración con científicos del CSIC.
En paralelo a los primeros trabajos en la explotada sección B de la mina, la compañía detrás del proyecto, la canadiense Strategic Minerals, solicitó la concesión de la explotación a cielo abierto de la sección C. La Xunta concedió los permisos en primavera de 2022 por 30 años: año y medio después, no obstante, la actividad se ha visto suspendida por una decisión judicial que ha provocado indignación en los pueblos próximos y también en la empresa, que viene defendiendo desde la reapertura que el proyecto está reduciendo al mínimo los residuos y que también estaría sirviendo para la restauración ambiental de la zona abandonada por Rumasa.
Desde la empresa, señalan a LD cómo Ecologistas en Acción ya presentó alegaciones en la tramitación pública de la Declaración de Impacto Ambiental y denuncian que ahora, en su recurso, no habrían presentado informes ni pruebas de los supuestos vertidos, que la empresa sostiene que no existen. "La injusticia de todo esto es que los ecologistas no plantean prueba de nada; alegan que la resolución se ha concedido sin valorar suficientemente el riesgo que tiene la explotación de la mina por estar cerca de zona protegida", lamentan. Denuncian que están en un "momento de indefensión" que "se está llevando por delante a 129 familias" y afirman que confían en que su recurso de reposición sea atendido ante el "perjuicio y daño efectivo" que se está provocando.
Al contrario de lo que ocurre en otros proyectos mineros, el respaldo vecinal a la mina de coltán es prácticamente total. En los días inmediatos a la paralización, los vecinos de los pueblos próximos, los más golpeados por la decisión, han salido a la calle bajo el lema Penouta non se pecha. El pueblo de Viana do Bolo y su comarca recordó en una nota que "el 82 por ciento de los trabajadores de la mina son de la provincia de Orense y de ellos, el 75 por ciento son del entorno más inmediato de la explotación minera". Con ellos están los sindicatos: la sección de industria de CCOO ha lamentado el cierre de la mina, que "deja en la calle y sin solución de futuro" a esos 129 trabajadores "y algunos cientos de indirectos", en una comarca "económicamente muy deprimida".
"Todo parte de una denuncia, una vez más, de una organización ecologista", lamentan, recordando que en la mina se extrae el coltán indispensable en los móviles y el hecho de que se trate de la única mina de este tipo de Europa. En esa idea inciden en la compañía, que señala que los largos años de tramitación de los permisos para la mina han estado llenos de inspecciones e informes de distintas administraciones. "No ha habido ni una sola objeción" ni "ningún tipo de queja por parte del entorno", señala el CEO de la compañía que explota la mina, Jaime Pérez Branger, a LD, que indica cómo en estos años la plantilla se ha incrementado de 30 a 130 personas y cómo la preocupación cunde también entre los contratistas y las empresas, "desde ferreterías a hosteleros", que dependen de la mina. También recuerda a los "inversores pequeños" que apostaron por una empresa que cotiza desde 2021 en la bolsa de Toronto.
El empresario expresa también su sorpresa por el hecho de que después de haber "cumplido todos" los trámites para la apertura, autonómicos y nacionales, "te pueden paralizar una mina que estaba funcionando perfectamente bien". La decisión, insiste, ha sido "apresurada y no estudiada" y destaca cómo en los pueblos cercanos todos los partidos han "apoyado por unanimidad" a la empresa, así como los sindicatos, la Xunta, "diferentes asociaciones mineras, empresarios del área, así como concejales y diputados de Orense y de toda Galicia". "Tenemos el apoyo unánime de la sociedad civil", defiende.
Recurso de la Xunta
Desde la Xunta, su presidente, Alfonso Rueda avanzó hace unos días que también recurrirán la decisión, recordando que "hay que acatar" los fallos judiciales "aunque no se esté de acuerdo", subrayando en cualquier caso que la sentencia está poniendo "en duda" informes de funcionarios de la Xunta de Galicia, de técnicos que toman decisiones "después de un examen muy concienzudo".
"Cuando es un pronunciamiento que se basa en que frente a un informe particular se decide que los pronunciamientos de la Xunta no son válidos, pues la Xunta lógicamente se tiene que defender y va a hacerlo", defendió recordando la importancia de la mina para la zona. Sostendrán, indicó, "la viabilidad de una empresa que es el sustento y el futuro de muchas familias". En opinión de su gobierno, insistió, el proyecto de explotación de la mina era viable porque "preservaba todos los valores ambientales": "Creemos que nuestros pronunciamientos eran correctos y lo siguen siendo".