Los socialistas no sólo pretenden acabar con la autonomía fiscal de Madrid, también proponen limitar su autonomía presupuestaria en materia de gasto, lo cual acabaría convirtiendo a la región en una especie de Delegación del Gobierno, es decir, un apéndice de Moncloa.
Esto, al menos, es lo que trasluce el mensaje que lanzó ayer el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato. "Yo creo que es importante elevar el nivel de corresponsabilidad política. Es decir, que el Gobierno de España esté apoyando a las comunidades autónomas, pero exigiendo que las propias comunidades autónomas respondan a sus competencias. Lo que no tiene mucho sentido es que se hagan transferencias de dinero a comunidades autónomas que utilizan ese dinero para bajar los impuestos y gastar aún menos de lo que gastaban hasta ahora en esos servicios públicos concretos", advirtió en alusión a la Comunidad de Madrid.
"Yo creo que esa línea que se ha empezado a desarrollar de colaboración del Estado con comunidades autónomas, como en las propuestas de la reducción del precio del transporte público – en el que el Gobierno de España pagaba una parte, pero exigía a la comunidad autónoma que quisiera participar en esa reducción de precios que aportara también dinero propio – es muy interesante. Y quizá en Sanidad, como en otros campos, se vaya por esa línea", afirmó.
Lo que pide Lobato, por tanto, es condicionar la política presupuestaria de las CCAA mediante financiación finalista, determinada previamente por el Gobierno central, de modo que las regiones tan sólo puedan destinarla a determinadas partidas decididas de antemano desde Moncloa. Aunque, a priori, Lobato tan sólo hace referencia a la transferencia extraordinaria de recursos por parte del Estado, esta propuesta abre otra preocupante vía de recentralización de competencias, puesto que lo que subyace es limitar e incluso reducir la autonomía presupuestaria de las regiones o, lo que es lo mismo, sus políticas de gasto.
Y es que la medida que avanza Lobato consistiría en restar recursos a aquellas comunidades autónomas que rechacen seguir los postulados del Gobierno central, solo que ahora también en materia de gasto. Aquellas que se nieguen a aumentar el gasto siguiendo los dictados de Sánchez en competencias transferidas como Educación, Sanidad, Justicia o Servicios Sociales, entre otras, serán castigadas, ya que no recibirían esos recursos adicionales.
Ahora quieren armonizar gastos
Es una estrategia similar a la "armonización fiscal" seguida con el Impuesto de Patrimonio, consistente en sancionar mediante nuevos tributos estatales, como el Impuesto a las Grandes Fortunas, a las regiones que, dentro de sus competencias, rebajan impuestos. En este caso, lo que buscaba el Gobierno era obligar a restablecer Patrimonio a las autonomías que lo habían eliminado, ya que, si no lo hacían ellas, el Estado, a través de este nuevo impuesto, ingresaría el dinero de sus contribuyentes. Da igual, por tanto, que las regiones eliminen Patrimonio, dado que sus ciudadanos lo pagarán igual.
Lo que planeta ahora el PSOE es lo mismo, pero aplicado a políticas de gasto que también corresponden por ley a las comunidades autónomas, condicionando así sus presupuestos mediante la amenaza directa de cortar la llegada de recursos.
Lobato puso como ejemplo las recientes rebajas de precio aplicadas al transporte público, de modo que el Gobierno central sólo aporta dinero vía subvenciones si también lo hace el autonómico. Extender este modelo a otros servicios como Sanidad o Educación forzaría a las regiones a gastar más en estas partidas, sí o sí, quieran o no, lo necesiten o no, para poder recibir fondos adicionales.
Según explicó el propio Lobato, "si usted está gastando menos que nadie en Educación y yo le doy un dinero extraordinario para Educación, le exijo que gaste usted más en Educación". Y añadió que "si la gente vota a un presidente autonómico que defiende que no se invierta en Educación, pues el Gobierno de España por qué le va a dar dinero en Educación a un gobierno que ha dicho que no quiere gastar".
Esto supone cruzar una nueva línea roja, puesto que el PSOE pretende ahora condicionar no sólo las competencias fiscales de las autonomías, castigando a las que bajen impuestos, sino sus competencias de gasto y, por tanto, la forma en que gestionan sus servicios públicos, castigando también a las que no aumenten el gasto, según la voluntad de Moncloa.
Nuevo ataque a la autonomía financiera
Además, el reparto de fondos finalistas para cubrir servicios básicos implica pervertir tanto el espíritu como el funcionamiento del sistema de financiación autonómico. En el régimen común, exceptuando los fueros, el Estado recauda casi todos los impuestos y luego los redistribuye entre las autonomías en base a una serie de criterios homogéneos, como la población, entre otros, para que cada gobierno regional pueda cubrir los servicios básicos que son de su competencia. Y lo hacen con cierto margen, ya que, más allá de una serie de condiciones mínimas fijadas a nivel nacional, las comunidades son las que deciden cómo y en qué priorizar el gasto que manejan a través de sus presupuestos.
A nivel autonómico, existen dos tipos de financiación mediante transferencias del Estado: la condicional y la incondicional. La primera se aplica a políticas sectoriales concretas que, normalmente, son de competencia autonómica. En este caso, el Estado aporta fondos y condiciona la finalidad, pero la gestión es autonómica. No forma parte del sistema de financiación.
Pero la mayoría de la financiación autonómica, que sirve para cubrir servicios como Sanidad o Educación, entre otros, es incondicional. Es decir, el Gobierno central transfiere fondos que no tienen finalidad específica, de modo que las comunidades autónomas deciden su destino, sin necesidad de justificación alguna. Extender el modelo sectorial y condicional de las rebajas del transporte al grueso de la financiación autonómica supondría restringir y limitar las competencias de las regiones en materia de gasto. En la práctica, supondría controlar y dirigir de forma indirecta los presupuestos de las autonomías desde Moncloa. Ya no sólo castigarían a las CCAA que bajen impuestos, también a las que no alcancen el nivel de gasto que marque el Estado.
Incluso ante una hipotética compensación concedida a Madrid por los 15.000 millones de deuda condonados a Cataluña, el Gobierno no podría condicionar el destino de ese dinero, tal y como plantea Lobato. Esos fondos también formarían parte del sistema de financiación y, por tanto, son incondicionales, según la ley. Moncloa no puede, en ningún caso, establecer requisitos ni condiciones para su ejecución.
Por ello, tras la propuesta del líder socialista de Madrid, el portavoz parlamentario del PP regional, Carlos Díaz-Pache, señaló que le parece "extremadamente grave" que Lobato defienda la independencia fiscal de Cataluña mientras pretende "restringir la autonomía fiscal de Madrid. Parecen declaraciones más propias del líder del Partido Socialista de Cataluña".