Josu Jon Imaz, consejero delegado de la petrolera española Repsol, asegura que no puede soportar que se refieran a las ganancias de la compañía como "beneficios extraordinarios". Al respecto, este ejecutivo que se destaca por decir siempre lo que piensa y criticar a quien crea oportuno hacerlo, presentando su punto de vista sin ambages y defendiendo la imagen y los intereses de su compañía ante quienes tratan de denostarla y expoliarla (como es el caso el caso del Gobierno con el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas), ha señalado que le "llevan los diablos" cuando escucha hablar a alguien en estos términos, pues de acuerdo a lo que ha explicado recientemente en una conferencia organizada por Alumni Esade, la empresa no logró recuperar las pérdidas que sufrió entre 2019 y 2020 (que ascendían a 7.200 millones de euros) durante los ejercicios de los años 2021 y 2022. "Esas sí que fueron pérdidas extraordinarias", quiso destacar en su intervención.
Asimismo, ha querido dejar claro que si finalmente han recuperado parte de lo perdido en aquellos años ha sido gracias a un gran esfuerzo que también tuvo que hacer otras muchas empresas, y, del mismo modo, ha aprovechado la ocasión para subrayar el comportamiento solidario que mantuvo la empresa en ese período, dado que siguió con su actividad con el fin de que continuara el suministro de combustible en una situación tan complicada incluso en detrimento de sus cuentas.
Por otra parte, el CEO de Repsol ha alabado las virtudes del sector industrial y su positivo impacto en la realidad socioeconómica del país, pues, como explica, la industria siempre ha sido un "gran motor y ascensor social del país", gracias a la cual los jóvenes han podido acceder a trabajos estables y bien remunerados.
"Siempre he creído en la industria", sentención. Por eso mismo, defendió públicamente este modelo porque "nos estamos jugando el futuro" y explicó que se debe garantizar el llamado "trilema" energético que combina la seguridad de suministro, la accesibilidad y la descarbonización. En este sentido, Imaz se congratuló de cómo EEUU está llevando a cabo la transición energética, donde, a diferencia del Viejo Continente, se está apostando en mayor medida por los incentivos a las empresas.
Impuesto extraordinario
Como señalábamos anteriormente, Imaz no tiene reparo a la hora de defender los intereses de su empresa ni de expresar cómo las políticas gubernamentales afectan a la buena marcha de su compañía. Así, desde Repsol ya se han pronunciado acerca de la posibilidad de que el impuesto extraordinario a las energéticas y a la banca se convierta en un tributo permanente, anunciando que están estudiando sacar inversiones fuera del país. "Se ideó como temporal y extraordinario y castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país", criticaba Imaz hace unas semanas.
De hecho, la petrolera es la compañía más impactada por el impuesto, con unos 450 millones de euros este año (seguida de Cepsa, con 323 millones de euros; Naturgy y Endesa, con unos 300 millones de euros cada una; e Iberdrola, con 200 millones de euros). Así, en total, Repsol ha pagado ya casi 11.000 millones de euros al Estado español durante los tres primeros trimestres del año.