Para un gobierno que está gestionando con absoluta falta de transparencia los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia resulta coherente publicar la lista de los 100 principales beneficiarios un viernes por la tarde, más cuando la información que contiene viene a confirmar que el gobierno siempre ha considerado el Plan de Recuperación como una herramienta diseñada desde lo público para lo público, relegando al sector empresarial a un segundo plano.
No es casualidad que esta publicación se produzca justo cuando se ha confirmado la viabilidad de la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones y tras múltiples requerimientos desde la Comisión Europea para desvelar lo que es una realidad incómoda para el gobierno: una gran parte de los fondos se han concentrado en entidades públicas.
Este listado se ha elaborado con la información recogida en el sistema CoFFEE a fecha 20 de octubre. Estos 100 principales beneficiarios han recibido más de 5.112 millones de euros, el 14% del total de fondos recibidos hasta la fecha y el 6,4% de los fondos presupuestados en los tres años que llevamos de ejecución del Plan de Recuperación.
La lista publicada por el Ministerio de Asuntos Económicos desvela que más del 60% de los beneficiarios son entidades públicas, incluyendo empresas estatales, ministerios y ayuntamientos, evidenciando una clara inclinación hacia la financiación de proyectos gestionados por el sector público, especialmente relacionado con las infraestructuras de transporte.
Conocida la lista se confirma el porqué se dilata la ejecución, si todas las Administraciones Públicas y Organismos Públicos, aun considerándolas beneficiarias finales, tienen que sacar múltiples convocatorias y licitaciones retrasando que los fondos lleguen al tejido productivo. Esta cuestión ya se evidenció en la visita de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y se confirmó con las evasivas de las ministras del área económica del gobierno.
Es notable que la empresa pública ADIF-Alta Velocidad encabece la lista, con una asignación de 1.602 millones de euros, seguida por su empresa matriz con 953 millones. En los presupuestos generales de 2021, 2022 y 2023 llegaban a recoger partidas presupuestarias por un total de más de 5.500 millones. Esto refleja un enfoque gubernamental que por un lado financia inversión ferroviaria y al mismo tiempo resuelve los problemas de tesorería de Adif.
Que menos de 40% de los 100 mayores beneficiarios sea el sector privado confirma la preocupación y el desaliento que la distribución de los fondos ha generado en el sector empresarial, aquellos que debían ser los principales actores de la gran transformación económica del país.
La primera convocatoria del PERTE VEC, aquella que adjudicó 793 millones de 2.975 millones disponibles, tiene su reflejo en el listado difundido, donde las empresas del sector aglutinan más de 260 millones de euros entre Seat, Stellantis, Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, Power Holdco Spain S.A. o Gestamp.
La realidad es que sólo entre los 10 mayores beneficiarios de la lista acaparan 3.685 millones de euros, el 72% de los fondos.
El incremento de nuestro potencial de crecimiento y hacerlo sostenible en el largo plazo y la generación de empleo son los objetivos más elevados del plan de recuperación europeo y la actual concentración de fondos en entidades públicas no parece ser la estrategia más efectiva para alcanzar estos objetivos.
Finalmente, la publicación de la lista reafirma la ausencia de transparencia y la responsabilidad del gobierno en la selección de los PERTE, el sistema de gestión de estos fondos y la ausencia de cogobernanza con el resto de Administraciones Públicas y el sector empresarial. La unilateralidad y protagonismo que se reservó para sí Sánchez y la centralización de decisiones en Moncloa, se encuentran en la raíz de los problemas que la ejecución sigue manifestando.
La eficiencia en la asignación de recursos y la selección de proyectos es clave para garantizar que los fondos europeos tengan el máximo impacto posible en la recuperación económica y en la transformación hacia una economía más verde y digital.
La inversión en infraestructuras públicas y en proyectos de gran escala es sin duda importante, pero el equilibrio y la diversificación o la permeabilidad hacia el conjunto del tejido productivo son cruciales para asegurar el éxito de un instrumento financiero europeo que podría significar la primera piedra de un mecanismo de impulso a la inversión de carácter estructural.
La actual predominancia de entidades públicas en la recepción de estos fondos es una cuestión que merece una revisión y un debate profundo para garantizar que los recursos de la UE se utilicen de la manera más eficaz y eficiente, una cuestión que no podemos dilatar.