La dramática ola de violencia que sufre Ecuador ha hecho que el presidente del país andino, Daniel Noboa, se vea obligado a declarar formalmente la existencia de un "conflicto armado interno" que requerirá la actuación de las fuerzas armadas.
La muerte del periodista de investigación Fernando Villavicencio, que concurría como aspirante a la presidencia en las elecciones celebradas el pasado año, recibió cobertura internacional y conmocionó al país, pero no fue suficiente para poner freno a una escalada de homicidios y asaltos que alcanzó un nuevo punto álgido el pasado 9 de enero, con una negra jornada de violencia abierta, secuestros y asesinatos en la que se llegó a atacar "en vivo" de un programa de televisión y sus trabajadores.
Sin embargo, aunque el repunte de la tasa de homicidios ha sido reciente, sería un error pensar que esta circunstancia es un desarrollo reciente, puesto que la infiltración de grupos narcoterroristas en el país viene de lejos. De hecho, es importante entender cómo el socialismo bolivariano del ex presidente Rafael Correa contribuyó a generar la situación de impunidad en la que hoy se mueven los grupos violentos.
La evolución de la violencia
De entrada, es importante señalar que, en términos históricos, Ecuador ha tendido a ser un país relativamente seguro si se compara con la mayoría de sus vecinos. Entre los años 1994 y 2006, la tasa de homicidios se situó año tras año entre los 10 y los 20 casos por cada 100.000 habitantes. Tras la llegada al poder del socialista bolivariano Rafael Correa, esta tasa se mantuvo en la misma horquilla durante siete años y pasó a moverse en cotas algo más reducidas, de entre 5 y 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, durante sus tres últimos ejercicios al frente del gobierno.
Su sucesor en el cargo, Lenin Moreno, rompió relaciones con Rafael Correa y giró la dirección política del país hacia el centro. Durante su gobierno, la tasa de homicidios se redujo de 12,8 a 6,6 casos por cada 100.000 habitantes, de modo que los niveles alcanzados bajo mandato de Moreno fueron un 50% menores que bajo gestión de Correa. En cambio, el periplo de Guillermo Lasso al frente del país se ha saldado con un rápido e intenso crecimiento de las muertes violentas, que prácticamente se han quintuplicado hasta situarse en el entorno de los 40-45 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el pasado año 2023.
Si revisamos estos datos, podría parecer que los problemas de violencia en Ecuador son cosa reciente y no tienen nada que ver con Correa. Sin embargo, son muchos los periodistas de investigación que ligan lo sucedido en los últimos años a las decisiones que adoptó el ex mandatario socialista. ¿Cómo se explica esa conexión? A continuación se recogen algunos ejemplos de las actuaciones del gobierno bolivariano que facilitaron el estallido de violencia que finalmente ha sufrido el país.
Los pecados del correísmo
De entrada, hay que recordar que Rafael Correa desmanteló en 2009 la base estadounidense ubicada en la localidad de Manta. Desde 1998, un convenio permitía que el país norteamericano emplease estas instalaciones para completar misiones antidroga de alcance internacional. Las actuaciones desempeñadas desde esta infraestructura se centraban en realizar acciones de detección, empleando aviones, avionetas o barcos para supervisar las rutas del narcotráfico.
La base estadounidense tenía una importancia crítica en clave de seguridad, puesto que esta infraestructura impedía la infiltración de las FARC en suelo ecuatoriano y contribuía a arrinconar a los narcoterroristas en una Colombia que entonces estaba gobernada por Álvaro Uribe, quien logró avances históricos contra estos grupos violentos. Rompiendo el acuerdo con Estados Unidos, Correa favoreció la progresiva entrada del narcotráfico en el país.
No hay que olvidar, de hecho, que Rafael Correa está siendo investigado por la fiscalía ecuatoriana por la presunta financiación que habría recibido de las FARC en su primera campaña presidencial. Esta información persigue al ex mandatario desde el año 2008, cuando Colombia dio de baja a Raúl Reyes, uno de los reyes del grupo narcoterrorista, en una operación fronteriza que terminó en territorio ecuatoriano. Desde entonces, Correa se dedicó a confrontar con Uribe en vez de a colaborar con este tipo de intervenciones para evitar la propagación de narcotráfico en la frontera de Ecuador con Colombia.
Después de aquella actuación, la inteligencia colombiana tuvo acceso a documentos que luego fueron confirmados por destacados periodistas de la región como Herbin Hoyos, quien ha publicado el testimonio de distintos guerrilleros que afirman que Correa habría recibido supuestamente un total de 500.000 dólares de las FARC, desembolsados a través de dos pagos.
Estas alegaciones están ahora bajo el punto de mira de la justicia. Cabe recordar que Correa ha sido condenado a ocho años de prisión por delitos de corrupción, pero se ha fugado del país y se ha instalado en Bélgica, donde vive prófugo de la justicia ecuatoriana y sigue sin atender los 34 casos penales por los que se requiere su presencia ante la magistratura. Eso sí: pese a la distancia, su influencia en la actividad política ecuatoriana es constante, actuando como un agente desestabilizador que cuenta con la cobertura de tiranos como Vladimir Putin, quien durante años financió un programa de televisión de Correa pagado a precio de oro, con una tarifa de 16.000 dólares por entrega.
De igual modo, en los años de Correa se produjeron distintos acercamientos entre el gobierno y las pandillas violentas que ahora operan de la mano del narcotráfico. Organizaciones dedicadas a la delincuencia como los Latin Kings o Los Ñetas fueron invitadas por Correa a participar en un "proceso de pacificación" que tuteló el propio gobierno ecuatoriano y condujo a su legitimación. El mandatario se refirió a estas pandillas en 2009 como "organizaciones sociales legítimas" y las comparó con los Boy Scouts, ensalzando públicamente sus códigos de "honor, principios, leyes y hermandad". Una década después, Correa tuiteaba que "eran jóvenes, eran nobles y solamente necesitaban oportunidades. Nuestra revolución se las dio".Correa, cuyo padre cumplió tres años y medio de condena en una cárcel estadounidense por delitos de narcotráfico, aprobó asimismo un decreto presidencial que recogía el indulto generalizado para todo tipo de criminales condenados por tráfico de drogas.
Algunas estimaciones señalan que esto permitió 3.000 excarcelaciones de personas condenadas por narcotráfico, mientras que otras sitúan las salidas inmediatas provocadas por el perdón en el entorno de las 1.200, aunque es importante señalar que el decreto 1440 no tuvo solamente un efecto inmediato, con la súbita liberación de miles de delincuentes, sino que también ha tenido un notable impacto con el paso del tiempo, a raíz de reducciones de pena que también fueron decretadas entonces por Correa y que ayudaron a que más reclusos vieran reducido su tiempo "entre rejas" y saliesen a la calle a lo largo de los últimos años.
Otro aspecto problemático fue la decisión que tomó Correa cuando apostó por eliminar la necesidad de solicitar un visado para entrar en el país. Puesto que Ecuador no tiene un control efectivo de la población inmigrante, esto ha facilitado enormemente el ingreso y la permanencia irregular de personas que han terminado participando en la violencia narcoterrorista. En 2024, el gobierno de Daniel Noboa anunció que se veía obligado a deportar a 1.500 presos extranjeros, la mayoría de ellos colombianos y, en menor medida, Perú y Venezuela. Estos tres países suman el 90% de las expulsiones comunicadas, pero el problema de la falta de visado sigue ahí y viene de los años de Correa.
Cocaína… y lavado de dinero
El paso del tiempo ha puesto de manifiesto la progresiva infiltración del narcotráfico en Ecuador durante los años de Correa. Si comparamos los datos de 2006 con los de 2017 encontramos que la incautación de droga subió de 35 a 119 toneladas bajo gestión del socialista bolivariano. Tras cuadruplicarse en los años de Correa, la cifra ha seguido creciendo desde entonces, hasta alcanzar las 200 toneladas en 2023. De hecho, aunque Ecuador fue conocido durante muchos años como un "país de tránsito" en el que el narcotráfico apenas dejaba huella, en la actualidad se considera que el país hispanoamericano es uno de los mayores productores y distribuidores internacionales de cocaína y otras sustancias. El epicentro de esta actividad está precisamente en la zona costera donde estaba ubicada la base de Manta que Correa desmanteló; además, también preocupa la situación en la frontera con Colombia, donde Correa también se rehusó a colaborar con el país vecino y se centró en polemizar abiertamente con Uribe, dejando así claras sus prioridades.
Pero el narcotráfico no solamente opera de forma violenta en Ecuador, sino que también actúa con el paraguas de una sofisticada red de lavado de dinero que se aprovecha de la dolarización para blanquear las rentas de la droga. El Observatorio de Crimen Organizado ha constatado que el país andino se ha convertido en un centro de blanqueo de capitales. Esta actividad se canaliza principalmente a través de la construcción y del sector inmobiliario, aunque también se desarrolla a través de franquicias farmacéuticas, concesionarios de venta de automóviles, restaurantes, centros comerciales o gasolineras. El caso del ladrillo es especialmente visible en ciudades como Quito, donde la población residente ironiza desde hace años sobre la evidente falta de legitimidad de muchos de los edificios residenciales que se levantan en la capital.
Corrupción e impunidad
La corrupción rampante que dejó la época socialista ha contribuido a hacer de Ecuador un mercado perfecto para la operativa de estas organizaciones. Una estimación del dinero malversado y despilfarrado a lo largo del gobierno de Correa sitúa dicha rúbrica en los 70.000 millones de dólares, lo que da cuenta del descontrol absoluto imperante en el país.
Así pues, no sorprende que, en el último año de mandato del líder izquierdista, Ecuador figurase en el puesto 117 en el ranking de corrupción que elabora Transparencia Internacional o el número 91 en el Índice del Imperio de la Ley que publica la organización World Justice Project. A esto hay que sumarle las 477 sanciones a medios y periodistas ocurridas durante su mandato, en línea con una campaña abierta de represión y persecución de la libre expresión y la información independiente que buscaba silenciar todos estos escándalos.
Por otra parte, una reciente investigación desarrollada en el marco de la Operación Metástasis ha puesto de manifiesto los vínculos que el narcotráfico ha establecido con magistrados, policías y políticos. La fiscal general, Diana Salazar, ha señalado al respecto que "el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado y opera en instancias judiciales y políticas para lograr la impunidad".
Tales circunstancias han favorecido un contexto de impunidad que facilita la operativa del narcotráfico. En 2023, el país andino sufrió 7.878 crímenes, pero solamente 584 han sido resueltos; de hecho, si nos centramos solamente en los asesinatos, encontramos que apenas el 10% del total han sido esclarecidos por la justicia.
Vale la pena señalar, además, que estas circunstancias han favorecido también distintas situaciones de violencia política como las que han protagonizado distintos colectivos indígenas a lo largo de los últimos años. Aunque estas protestas son un problema diferente y más puntual, lo cierto es que resulta desmoralizante comprobar que estos activistas también han podido provocar gravísimas situaciones con impunidad, provocando destrozos e interrumpiendo la vida social y económica de la capital sin apenas consecuencias legales por ello.
¿Y ahora, qué?
La falta de control en las cárceles del país se ha convertido en un problema mayúsculo. El país tiene a más de 30.000 personas recluidas, pero muchos de estos centros están controlados de facto por los "capos" de los grupos violentos. Estos reclusos viven privados de libertad, pero habitan sus celdas con todo tipo de privilegios y facilidades. Asimismo, se ha constatado que siguen dando órdenes, a pesar de estar "entre rejas". A esto hay que sumarle la fuga recurrente de algunos de estos narcotraficantes, como sucedió hace escasos días en Chimborazo, donde el jefe de la banda denominada Los Lobos logró escapar del presidio tras provocar un tumulto entre los reclusos y los agentes encargados de custodiar el centro.
Cabe recordar que la Carta Magna impulsada por Rafael Correa, que sigue en vigor, limitó la autoridad de la policía y del ejército, de modo que la pretensión del ex mandatario Guillermo Lasso de reforzar el control de las cárceles fue rechazada por la Corte Constitucional, un órgano donde el socialista bolivariano seguía teniendo mayoría hasta el pasado mes de octubre. Ahora, Daniel Noboa tiene la posibilidad de explorar vías alternativas y, de momento, ha comunicado su plan de trasladar a los delincuentes más peligrosos del país a barcos-prisión ubicados en altamar.
De igual modo, el nuevo presidente se plantea la posibilidad de emular las "mega prisiones" que Nayib Bukele ha levantado en El Salvador. En la calle y en las redes sociales, los llamados a actuar con "mano dura" son casi unánimes, de modo que esta propuesta tiene el beneplácito del grueso de los ecuatorianos. De hecho, incluso si no se adoptase el modelo salvadoreño, sería imperativo hacer algo a este respecto, porque las cárceles del país tienen una capacidad de 30.000 personas pero la población penitenciaria ronda los 39.000 reclusos, 15.000 de ellos extranjeros. Como se señaló anteriormente, Correa retiró los visados de entrada al país, facilitando enormemente la inmigración ilegal. Además, el líder bolivariano desmanteló varias prisiones, caso de La Roca o El Litoral, contribuyendo al actual déficit de capacidad del sistema.
La actuación de Noboa pretende apoyarse en las fuerzas armadas y en la declaración del estado de excepción, que permite habilitar el toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. El presidente, que celebró su triunfo electoral con un chaleco antibalas, carece de mayorías legislativas suficientes para sacar adelante sus propuestas, pero el amplio rechazo social que genera la dantesca situación de violencia que atraviesa el país abre una posible vía de colaboración con los distintos grupos parlamentarios.