Aumentar el salario mínimo, y especialmente con la intensidad que lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018, tiene múltiples consecuencias y la mayoría son negativas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, elevará otro 5% el salario mínimo interprofesional (SMI) desde los 1.080 euros al mes hasta los 1.134 euros.
Esto supondría un incremento acumulado del 52,6% desde 2018 y del 30% en términos reales, descontada la inflación, la segunda mayor subida de la OCDE. Además, el SMI pasaría a representar el 61% del salario promedio neto de jornada completa y España se situaría con el segundo salario mínimo más costoso de toda Europa en comparación con la productividad, tras Francia.
Semejante evolución no sólo se ha traducido en la destrucción de más de 160.000 empleos, sino que dificulta cada vez más la contratación de jóvenes, parados y personal poco cualificado, al tiempo que lastra la actividad de las pymes.
Y no es de extrañar si se tiene en cuenta el coste real de contratar un trabajador en España. Si al sueldo bruto que percibe el trabajador, donde se incluye el IRPF y las cotizaciones a cargo del asalariado, se suman las cotizaciones que tiene que pagar la empresa y las vacaciones, el coste laboral total es muy superior. En concreto, con la subida del SMI a 1.134 euros al mes, contratar un trabajador en España pasaría a costar entre un 67% y un 75% más, según la patronal Cepyme.
Sumando el impacto de las dos pagas extraordinarias, las cotizaciones sociales a cargo del empleador y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (que subirá cada año hasta 2029), el coste salarial mínimo mensual de un trabajador a tiempo completo oscila entre 1.740 y 1.824 euros, según cual sea el tipo de cotización de accidentes de trabajo.
Y el coste salarial efectivo por mes de trabajo, teniendo en cuenta las vacaciones, se sitúa entre 1.898 y 1.990 euros al mes. Es decir, contratar en España cuesta, como mínimo, entre un 67% y un 75% más que el SMI.
Dicho de otro modo, el trabajador tiene que aportar un valor añadido superior a 1.900 euros al mes para que su contratación salga a cuenta. Esta es la razón por la que el nivel salarial no puede determinarse por ley, sino que depende de la productividad.
A mayor productividad, sueldos más altos. En España, sin embargo, ha sucedido justo lo contrario en los últimos años: el sueldo mínimo sube por ley, mientras que la productividad cae. El resultado es más paro, más economía sumergida y empresas menos competitivas.