La falta de transparencia es una de las señas de identidad del Gobierno de Pedro Sánchez, y se evidencia más si cabe tras formalizarse ciertos compromisos con Bruselas. El nuevo titular de Función Pública, José Luis Escrivá, ha hecho pública la cifra real de empleados públicos a finales de julio del año pasado. Y el dato abruma. Superamos los tres millones, alcanzando así un máximo histórico. Este resultado se debe al descubrimiento de la existencia de casi 300.000 funcionarios más de lo estimado previamente.
Así se refleja en el último boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas. La actualización del mismo se destaca por incluir, por primera vez, a los trabajadores con contratos de menos de seis meses y al personal en formación. Concretamente, el aumento de 224.000 empleados en el ámbito estatal y autonómico se atribuye principalmente a la incorporación del personal laboral temporal con contratos de duración inferior a seis meses, mientras que otros 70.000 corresponden al personal en formación o en prácticas. Este cambio metodológico forma parte de la reforma administrativa comprometida por el Gobierno con Bruselas dentro del Plan de Recuperación. Y se comenzó a fraguar cuando a María Jesús Montero le corrrespondía la responsabilidad de este departamento. Ahora, con José Luis Escrivá al frente, se hace visible finalmente la opacidad con la que el Gobierno ha trabajado, cocinando los datos al más puro estilo Tezanos para su propio interés.
Una carga económica para el sector privado
Con los nuevos datos conocidos, se reafirma una realidad preocupante para los empresarios. En la actualidad, la dependencia directa de los recursos del Estado, gobiernos autonómicos y ayuntamientos abarca a 19,3 millones de ciudadanos, entre funcionarios, pensionistas, desempleados y beneficiarios de ayudas, prestaciones y subsidios. Este impresionante número contrasta con los apenas 14,3 millones de personas que se sustentan mediante el sector privado.
Por tanto, y haciendo una simple resta, el desfase es de 5 millones de ciudadanos. O para que se hagan una idea más precisa: cada trabajador del sector privado debe sostener a 1,5 personas amparadas por el sector público. En términos anuales, cada empleado privado asume la responsabilidad de pagos sociales que superan los 19.000 euros.
Insuficiente para los sindicatos
La ganancia de peso público es reflejo de la Oferta de Empleo Públicos (OEP), que los sindicatos consideran todavía insuficiente. Advierten que la pérdida de 39.000 empleos en la Administración estatal desde 2013 y la elevada edad de las plantillas pueden generar problemas a corto y medio plazo. A pesar de los incrementos, sostienen que España aún se encuentra por debajo de los estándares europeos en términos de empleo público. Lo cierto es que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa se ha producido un aumento cercano a los 400.000 funcionarios, por lo que unos 100.000 nuevos puestos responderían a las sucesivas OEP.