Los bancos de alimentos alertan de que las nuevas tarjetas monedero que el Gobierno regalará a las familias con hijos vulnerables "dejarán desprotegidas a más de 350.000 familias que no cumplen con los criterios que determina la ley", según ha denunciado la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal).
El Gobierno ha anunciado este martes la puesta en marcha del programa de tarjetas monedero, lo que supone el fin de la colaboración del Ejecutivo con Fesbal y los bancos de alimentos, que "van a dejar de recibir este año unos 50,2 millones de euros" en comida. Esto afecta gravemente a "más de 7.000 entidades sociales" que recurren a los bancos de alimentos para ayudar a los más pobres.
Hasta ahora, el programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas era un programa nacional cofinanciado por el Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos (FEAD) en un 85% y en un 15% por el presupuesto de la Administración General del Estado.
Los alimentos se compraban a los proveedores a través de un procedimiento de licitación pública para determinar la oferta económica más ventajosa. Después, se enviaban a los Bancos de Alimentos asociados a FESBAL y a la Cruz Roja. Ellos se encargan de llevar los alimentos a las Organizaciones de Reparto Autorizadas que los distribuyen entre las personas más desfavorecidas.
Según la memoria económica del propio Gobierno, el año pasado se destinaron 97 millones de euros a este programa de ayuda del que se beneficiaron alrededor de 1.400.000 personas.
Menos beneficiados y alimentos más caros
La principal diferencia es que se pasa de un programa que entregaba alimentos de forma directa a otro que funciona mediante tarjetas monedero. Según el Gobierno, recibir dinero es menos "estigmatizante" que recibir un bote de garbanzos. En realidad, lo que estigmatiza a las personas es no tener dinero ni para comer. Por otra parte, el Gobierno ya no tendrá que enfrentarse a las incómodas y demoledoras imágenes de las colas del hambre.
El nuevo programa de ayuda deja de ser nacional. Según ha anunciado el ministro, Pablo Bustinduy, este año el Ejecutivo asumirá la gestión, pero a partir de 2025, serán las comunidades autónomas las que se harán cargo.
El coste total del nuevo programa de ayuda (95,5 millones) no cambia significativamente con respecto a años anteriores (97 millones en 2023). Sin embargo, es menos rentable. Mientras que hasta ahora los alimentos se compraban por licitación, ahora son los ciudadanos los que acudirán directamente a los supermercados.
También hay un problema con el número de beneficiados. El Gobierno ha señalado que con el nuevo programa prevé atender a 70.000 familias vulnerables, mientras que los programas anteriores, con el mismo coste, ayudaban a 1.400.000 personas. En este sentido, FESBAL alerta de que "el nuevo sistema dejará desprotegidas a más de 350.000 familias que no cumplen con los criterios que determina la ley".
La clave, señala FESBAL, es que deja de ser un programa dirigido a toda la población en situación de pobreza para atender exclusivamente a las familias vulnerables con hijos, "dejando desprotegidas a miles de personas que no encajan en ese segmento".