"Ha sido una larga batalla, durante 10 años (...) Pero desde el principio tenía la convicción de que había hecho las cosas dentro de la ley (...) Había ganado tres veces, pero desde las autoridades fiscales, seguían apelando y apelando hasta que lo hicieron en el Tribunal Supremo (...) Tenía la presión de las autoridades fiscales, de los fiscales, que hicieron una petición de prisión, cuando no había ninguna razón para eso y lo que querían al final es que, bajo presión, nos sentáramos y llegáramos a un acuerdo (...) tuve la fe en la justicia, quise luchar hasta el final (...) Ya ha terminado y estoy muy feliz y es casi como conseguir un título".
Así describía en octubre del año pasado Xabi Alonso, el excentral del Real Madrid, su calvario frente a las autoridades de la Agencia Tributaria que han peleado con él con todo el peso de la Ley, intentando, como explicaba el futbolista, conseguir un acuerdo amenazando con penas de cárcel que, además, no procedían en el caso.
Es un caso similar, al que ha vivido Agapito García, el empresario manchego a quien Hacienda lleva persiguiendo más de 30 años, que ha sufrido el estigma público como el mayor moroso de Hacienda en España, y que ahora protagoniza el documental Hechos Probados (Alejo Moreno 2021), donde se describe el calvario al que ha sometido Hacienda a este empresario a quien ha destrozado la vida para que, ahora, haya sido exonerado por la Justicia, aunque no de toda la deuda, ya que Hacienda todavía hoy le sigue reclamando 15 millones de euros.
Los casos de Agapito o de Xabi Alonso, son sólo los más llamativos y mediáticos de cuantos protagoniza la Agencia Tributaria, quien aprieta con todo el peso del Estado, saltándose incluso sentencias del propio Supremo, contra los contribuyentes que, en la mayoría de los casos, no tienen el tiempo ni los recursos económicos para pelear contra el aparato del Estado durante décadas para demostrar su inocencia.
Libertad Digital repasó con profundidad en una serie de artículos hasta qué punto la Agencia Tributaria, que comanda como responsable última desde 2018 María Jesús Montero como ministra de Hacienda, se ha convertido en una bota inmisericorde del Estado que no se ve obligada a demostrar la culpabilidad del contribuyente al que señala con el dedo acusador por cualquier discrepancia en sus cada vez más complicadas declaraciones con la Hacienda Pública, sino que obliga al contribuyente a demostrar su inocencia, con el coste de tiempo, esfuerzo, estigma público y, sobre todo, económico que conlleva y que hace que en la inmensa mayoría de las ocasiones, el contribuyente termine optando por pagar la multa exigida con tal de no perder más tiempo y dinero, porque aunque la Justicia falle a favor del contribuyente, Hacienda apelará las veces que haga falta para doblar la voluntad del ciudadano.
Implacable contra el contribuyente, cariñosa con los golpistas
Es pertinente recordar esta realidad, sangrante, de la ferocidad de Hacienda contra todos los contribuyentes después de escuchar a María Jesús Montero mostrando su más cariñosa empatía con un delincuente de verdad, el diputado de ERC Rubén Wagensberg, quien ha huido a Suiza tras ser acusado de terrorismo por los actos subversivos de Tsunami Democratic en 2017, que le costaron la vida a un ciudadano francés y que terminaron con decenas de Policías heridos de gravedad: "Me da pánico volver", decía el republicano.
Ante estas declaraciones y la huida del diputado a Suiza, María Jesús Montero decidía cambiar su punto de vista sobre los golpistas del procés huidos de España a quienes consideraba prófugos de la justicia hace sólo unos meses. Este miércoles, entrevistada en RAC 1 sobre este asunto, Montero no dudaba en mostrar toda su empatía, cercanía, comprensión y cariño con Wagensberg:
"Lo entiendo perfectamente, claro que sí. Cualquiera de nosotros en cualquier situación de este tipo se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo, y somos conscientes de las vivencias personales que tienen cada uno de los que se ven incursos en un proceso judicial y es por ello que desde el primer día al presidente Sánchez le ha parecido fundamental y muy importante ser capaces de avanzar en relación con la convivencia de Cataluña, pasar página respecto a unos hechos que ojalá nunca se hubieran producido."
🔴 En 2022, María Jesús Montero llamó a Puigdemont "fugado de la Justicia": "Es voluntad del Gobierno que todos los vinculados al 'procés' respondan ante los tribunales".
Ahora, defiende que el diputado de ERC imputado por 'Tsunami' huya: "Imagino la angustia que deben tener". pic.twitter.com/bDxMTbAQMi
— Unai Cano (@unaicano10) January 31, 2024
Y de paso, ataca a la Justicia
Pero es que, además, la comprensión de Montero hacia los prófugos de la Justicia es, por otra parte, la demostración de que este Gobierno ha comprado sin fisuras el relato de Junts y ERC sobre el lawfare. Es el propio Gobierno el que socava una y otra vez, la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado de derecho, pues considera que es un calvario lo que tienen que pasar los que se ven "incursos en un proceso judicial" —que en España se realiza con todas las garantías para los imputados— y que el objetivo de Sánchez "es pasar página" sobre unos hechos "que ojalá nunca se hubieran producido". De las declaraciones de Montero, y de otras realizadas por otros miembros del Ejecutivo —como Teresa Ribera u Óscar Puente— se puede deducir que para este Gobierno lo deseable sería que los jueces también mirasen para otro lado, pasasen página y dejasen de ejercer sus atribuciones constitucionales, en el marco de las cuales mantienen abiertas investigaciones sobre delitos de terrorismo y de alta traición por la conocida como trama rusa en relación a varios imputados del procés que no podrían acogerse a la Ley de Amnistía.
También resulta curioso que la huida a Suiza haya sido la de un diputado de ERC, partido que votó sí a la Ley de Amnistía que tumbó Junts el pasado martes. Una situación que han aprovechado los de Puigdemont para decir que ni los de ERC se creen las bondades de esta ley.