El Gobierno trata ahora de congraciarse con los agricultores a los que ha ignorado durante años. En España, el presidente Sánchez se compromete a fortalecer la ley de la cadena alimentaria, la ministra Elma Saiz se preocupa ahora por solucionar la falta de mano de obra y el ministro Luis Planas aplaude la retirada del proyecto para reducir a la mitad el uso de fitosanitarios. Sin embargo, lo cierto es que el PSOE sigue dando la batalla en la UE para que se implementen ese plan ecologista que agricultores y ganaderos rechazan porque supone un lastre no justificado para su productividad.
La hemeroteca, eterna maldición de este Gobierno, muestra la encendida defensa que hacía el eurodiputado socialista César Luena de los dos proyectos legislativos más polémicos para el campo: la ley de Restauración de la Naturaleza (fue ponente del proyecto) y el Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas (SUR), ese proyecto cuya retirada Planas ha calificado como "inteligente y oportuna".
En una de sus muchas intervenciones en el Europarlamento, Luena, que también es vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, pide "actuar" y recuerda: "Hay dos reglamentos en marcha en esta casa: el Reglamento de Restauración de la Naturaleza que recoge la obligación legal de los estados miembros para revertir su declive y el Reglamento sobre el Uso Sostenible de los Pesticidas, que aborda su reducción. Por tanto –señala Luena–, tenemos que afrontar estos dos debates con valentía. Sé que hay grupos políticos que están en contra, me parece bien, pero creo que tenemos que construir y negociar. Y para salvar a las abejas y a los agricultores es importante que nos pongamos de acuerdo en esos dos reglamentos."
El Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas (SUR) se presentó por primera vez en junio de 2022 y está muy ligado a la Ley de Restauración de la Naturaleza. El objetivo es reducir a la mitad el uso de plaguicidas para 2030, además de su completa prohibición en espacios verdes urbanos y las áreas de la Red Natura 2000.
Los agricultores se opusieron desde el primer momento al reglamento porque limita, sin motivo científico, su capacidad para luchar contra las plagas y no perder la producción. Esta medida supone además, una desventaja competitiva frente a terceros países, cuyos agricultores sí pueden hacer frente de una manera eficaz a las enfermedades de las plantas.
Los agricultores también recuerdan que los fitosanitarios ya están sumamente regulados, existen numerosos controles y, además, son productos caros, por lo que "nadie abusa de estos productos porque sí".
Y aunque ahora Planas celebre la retirada de este reglamento, lo cierto es que sólo es una pausa estratégica de cara a las próximas elecciones europeas. La intención de los eurodiputados del grupo socialista y ecologista es abordar nuevamente este punto de la agenda verde con un nuevo borrador que será tarea de la próxima Comisión.