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Imaz hunde el dedo en la llaga: "¿Es social un gravamen que discrimina a quien invierte en España?"

El Consejero Delegado de Repsol blande un cable de alta tensión y recuerda que fabricarlo en España tiene un impuesto que no se paga fuera.

El Consejero Delegado de Repsol blande un cable de alta tensión y recuerda que fabricarlo en España tiene un impuesto que no se paga fuera.
EFE

Repsol mantiene el pulso. Su Consejero Delegado, Josu Jon Imaz, ha avanzado en la presentación de resultados de la compañía que ha tenido lugar este jueves, que el nuevo plan estratégico invertirá una cifra récord de entre 16.000 y 19.000 millones de euros en los próximos cuatro años (hasta 2027). El objetivo, acelerar la agenda prevista por la compañía para acercarse cuanto antes a las cero emisiones netas y ser protagonista de la transición energética.

Pues bien, ha vuelto a dejar en el aire cuáles de esas inversiones se va a quedar en España. Las inversiones "se pueden hacer o no hacer", y todo dependerá de que se cuenten con ese marco regulatorio y fiscal adecuado, ya que "no estamos en un mercado regulado". "Nos da el precio el barco que entra por Bilbao o Cartagena, y cuando una refinería india compra crudo ruso y tiene unas condiciones fiscales y regulatorias distintas, pues no podemos competir y las inversiones se pueden hacer o no hacer", subrayó.

Precisamente, para apuntalar su queja frente a la ausencia de seguridad jurídica en España, de marco regulatorio estable, y de arbitrariedad fiscal (que mantiene a su sector castigado frente a los competidores extranjeros con un gravamen extraordinario), Josu Jon Imaz, mostró un pedazo de cable de alta tensión: "Para fabricar este cable en España tienes que pagar un gravamen extraordinario, si lo fabricas fuera, no. ¿Alguien puede defender que es social un gravamen que discrimina a quien invierte en España?", se preguntaba.

Con el cable en la mano Imaz defendió que "no tiene ningún sentido" primar al que lo produce fuera y luego lo introduce por un puerto en España, frente al que "invierte y crea empleo industrial en España". "No se puede sostener con la mirada alta que esto es social. Un gravamen que está discriminando al que apuesta e invierte en España y favorece al que no y crea la riqueza en otro país", dijo.

En una presentación ante analistas del nuevo plan estratégico de la compañía, Imaz, no obstante, señaló que es algo más optimista que hace algunas semanas. Espera que de "algún modo las cosas podrían cambiar a corto plazo" teniendo en cuenta el discurso del Gobierno de la necesidad de invertir en el sector energético en el país. "Tengo un poco más de perspectiva positiva de la que tenía algunas semanas atrás sobre eso. Pero vamos a esperar, vamos a ver", dijo.

El directivo se refería así a la opción del Gobierno de prorrogar este gravamen especial, instaurado inicialmente por dos años -2023 y 2024- para hacer frente al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania-, aunque suavizándolo al incluir en los Presupuestos incentivos a la reinversión.

Así, ha tendido la mano a un "diálogo abierto" con el Gobierno, y con una batería de proyectos de inversión presentada en su actualización estratégica para realizar, para que haya un marco regulatorio y fiscal "adecuado" que le permita a la compañía "llevar toda esta inversión industrial adelante". "Sería muy bueno para el país y los ciudadanos", añadió al respecto.

Repsol cuenta con cinco de sus siete complejos industriales en España y estima que su transformación para ser punteros y desarrollar productos de bajas emisiones, como los combustibles renovables, el hidrógeno renovable y el biometano, requerirán inversiones netas en un rango de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, condicionadas así a esa regulación y la fiscalidad en el país.

Así, aseguró que transición energética debe sostenerse sobre tres pilares: la descarbonización, pero también garantizando la seguridad de suministro y un precio de energía competitivo. Además, mostró su preocupación ya que se "están aumentando las emisiones de CO2 en el mundo".

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