En las últimas semanas, y a raíz de las huelgas de los agricultores y transportistas, se ha vuelto a poner de moda la cuestión del proteccionismo económico entre distintos sectores de la población, que verían a los productos importados desde terceros países (Marruecos, Túnez o países de Hispanoamérica) como una seria amenaza para sus intereses.
Este es un debate, el del proteccionismo económico, que genera tanto opiniones en contra como opiniones a favor dentro de la población. En cualquier caso, la Unión Europea ya establece aranceles a la importación de productos de países ajenos a la UE desde hace mucho tiempo, y esto es justamente de lo que vamos a hablar en este artículo: de las consecuencias que tuvo el proteccionismo económico durante la década de los 90 del siglo XX en la UE.
El trabajo al que vamos a hacer referencia es el de "Measuring the Costs of Protection in Europe" de Patrick A. Messerlin, donde se analizan los efectos de las políticas proteccionistas (tanto aranceles como cuotas a la importación) en la Unión Europea en la década de los 90 en 22 sectores (carne, plátanos, cemento, fertilizantes, textiles, acero, cereales, lácteos, azúcar, etc.). Messerlin observó que el número total de aranceles ascendía a 8.516 entre todos los productos y sectores. Llegados a este punto, podemos plantearnos tres cuestiones: 1) ¿Qué coste tuvo este gran plan?, 2) ¿Cuánto empleo logró salvar? y 3) ¿Qué coste tuvo salvar cada empleo?
La respuesta a la primera pregunta es muy impactante, y es que, Messerlin estimó que el coste de la política proteccionista supuso (en su momento) alrededor del 6-7% de todo el PIB de la Unión Europea en aquellos años (si sumáramos el PIB de cada país perteneciente a la UE e hiciéramos una especie de PIB comunal) o el equivalente a todo el PIB de la economía española, es decir, más de 550.000 millones de euros de aquel entonces. Esto quiere decir que la protección al comercio lastró la economía europea en más de 550.000 millones de euros durante toda la década, y que en caso de que no se hubieran aplicado estas medidas (aranceles, cuotas a las importaciones, subvenciones, etc.) la economía europea habría sido 550.000 millones de euros más rica.
En cuanto a la segunda pregunta, tenemos que las medidas proteccionistas implantadas durante la última década del siglo pasado sólo fueron capaces de proteger al 3% de todo el empleo que se veía afectado por la competencia extracomunitaria, es decir, alrededor de 245.000 puestos de trabajo. De todo el empleo agrícola existente en la Unión Europea, sólo protegió al 5% de todo este empleo, unos 121.192 puestos de trabajo, mientras que para la industria sólo consiguió salvar 95.195 puestos de trabajo (el 2% del total de empleos para ese sector) y para el sector servicios logró salvar 27.263 trabajos (el 2,7% del total de empleos para ese sector).
En tercer lugar, nos encontramos con que cada puesto de trabajo salvado en aquellos años costó al bolsillo de los ciudadanos (de forma directa o indirecta) alrededor de 220.000 euros anuales o, dicho de otra forma, proteger esos empleos con el dinero de los contribuyentes fue de 10 veces el salario medio en los sectores en cuestión. Esto no quiere decir que la Unión Europea dedicara una cantidad de dinero específica a proteger estos empleos, sino que el conjunto de medidas proteccionistas logró salvar dichos empleos que se habrían perdido en caso de que no se hubieran aplicado esos 8.516 aranceles. Para que veamos lo dañinas que fueron todas estas medidas, se les podría haber dado a los trabajadores afectados 50.000 euros durante 10 años (más del doble del salario medio de dichos sectores) por no hacer absolutamente nada, y aún así esto habría tenido un coste mucho menor que lo que realmente se llevó a cabo, ya que habría costado 12.250 millones de euros, por los 54.000 millones de euros que costó de forma anual este plan.
En cualquier caso, cuando hablamos de medidas proteccionistas no sólo debemos tener en cuenta el coste que tiene salvar cada puesto de trabajo, ya que esa es una de las razones fundamentales por las que se establecen estas medidas, sino también entender que impedir la entrada de competencia extracomunitaria supone un mayor coste para el bolsillo de los consumidores a la hora de comprar aquellos productos que podrían haber adquirido a un menor coste si la entrada de productos de terceros países no estuviera vetada o restringida. Al restringir o impedir la entrada de productos extracomunitarios con un precio más bajo, lo que ocurre inevitablemente es que el consumidor acabe pagando más, ya sea porque prefiera pagar ese sobrecoste artificial de los productos extracomunitarios, o porque se pase al producto comunitario, aunque sea más caro.
En definitiva, hemos podido comprobar a lo largo de este artículo el gran error que fueron las medidas proteccionistas aplicadas durante la última década del siglo pasado, unas medidas que muchos parecen que quieren repetir a tenor de lo que está pasando actualmente con la situación del campo español y europeo. No obstante, la solución no está en "salvar al soldado Ryan" a toda costa, sino en facilitarles la vida a todos aquellos empresarios y trabajadores para que puedan competir en las mejores condiciones posibles, para que así tanto ellos como también los consumidores salgan ganando. Lo que no es de recibo es que el precio de que se salven unos cuantos puestos de trabajo lo acabe pagando el consumidor