La intervención de precios en el mercado del alquiler afronta en 2024 su tercer año en vigor y el Gobierno ha anunciado que redoblará su apuesta por este modelo que, lejos de garantizar precios asequibles para las familias que optan por esta modalidad en su elección de vivienda, lo que hace es disparar los precios de modo y manera que ha conseguido expulsar del mercado precisamente a aquellos sectores, como jóvenes o familias sin ahorros previos, a los que se pretendía ayudar.
En 2022 el Gobierno de Sánchez limitó las actualizaciones de las rentas de los alquileres al 2% para evitar que los propietarios de las viviendas en alquiler actualizaran sus rentas al IPC, que en aquel año alcanzó tasas superiores al 10%.
En 2023 decidió prorrogar su medida, y en 2024 lo ha prolongado pero subiéndolo al 3% hasta que ahora en marzo el Gobierno active su plan de control de precios.
¿En qué va a consistir?
Básicamente en que el Gobierno tiene la intención de decidir el precio de alquiler para cada zona dentro de cada localidad y de cada provincia. Así lo ha adelantado la ministra de la vivienda Isabel Rodríguez en un reciente desayuno informativo en Madrid.
Rodríguez avanzaba que antes de que termine febrero va a estar listo el Índice de Precios de Referencia del Alquiler para la declaración de zonas tensionadas, y comenzará a estar operativo a principios del mes que viene como herramienta para controlar los precios.
Este índice se aplicará a grandes tenedores y a propietarios que se inicien por primera vez en un contrato de alquiler, dentro de las zonas tensionadas que hayan solicitado las comunidades autónomas.
"Se da la paradoja de que algunas comunidades no quiere aplicar zonas tensionadas, pero hay alcaldes y alcaldesas que están pidiendo aplicarlas", ha señalado.
Rodríguez ha subrayado que Cataluña es la primera comunidad que está queriendo aplicar con "inmediatez" la declaración de zona tensionada y la ha solicitado para 140 municipios, y ha subrayado que los técnicos de ambas administraciones han compartido metodología para dar una respuesta "acertada" al mercado.
El principal objetivo de Rodríguez es, dice, lograr que cualquier ciudadano pueda acceder a una vivienda destinando menos del 30 % de sus rentas y ha llamado la atención sobre la situación en ciudades como Madrid, donde "ni siquiera destinando el 100 % de un salario se puede pagar una renta".
El círculo vicioso del control de precios del alquiler
El problema es que el precio de los alquileres se ha disparado, no por la voracidad de los propietarios, sino por la propia intención del Gobierno de controlar los precios, amén de la sobreprotección al inquilino, inquiocupas y definitivamente, a los okupas.
No en vano desde que Sánchez gobierna, la oferta de vivienda en alquiler ha disminuido más de un 30%. Esto es un enorme desplome, que ha venido acompañado por una demanda creciente de esta modalidad inmobiliaria.
La falta de seguridad jurídica ha sido una de las claves. También la intervención de precios. Sólo entre 2022 y 2023 durante la vigencia de la incapacidad de los propietarios de subir los precios a sus inquilinos por encima del 2% ha hecho que se retire el 23% de la oferta mientras los precios subían cerca de un 15% y siguen subiendo.