El Gobierno creará una nueva empresa pública para, entre otros objetivos, entrar en el capital de Telefónica, tal y como anunció meses atrás. En concreto, el ministro de Transición Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, aprovechó su intervención el pasado lunes en la jornada inaugural del Mobile World Capital (MWC) para avanzar la aprobación de la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT) en el próximo Consejo de Ministros.
Este nuevo ente público empresarial, a imagen y semejanza de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), se encargará de administrar las participaciones del Estado en el sector de las telecomunicaciones, de ahí que haya sido bautizado informalmente como la SEPI tecnológica o digital.
Contará inicialmente con 20.000 millones de euros procedentes del PERTE Chip (unos 12.000 millones para semiconductores y microelectrónica), el fondo NextTech (4.000 millones para invertir en empresas con alto componente de innovación tecnológica) y el fondo del Hub Audiovisual (1.700 millones para empresas de este sector).
Y, además de incorporar el 10% de Telefónica, por un importe próximo a los 2.000 millones de euros, coordinará y gestionará tanto las inversiones como las subvenciones públicas destinadas al sector tecnológico, especialmente en proyectos a medio y largo que, hoy por hoy, tienen dificultades para captar financiación. En concreto, una de las principales funciones del SETT será financiar o invertir en empresas relacionadas con el ámbito tecnológico y digital, ya sea mediante la concesión de créditos, la toma de acciones u otras participaciones o la concesión de subvenciones.
Lo que no dice el Gobierno es que, muy posiblemente, será un negocio ruinoso para el conjunto de los contribuyentes por tres razones básicas. En primer lugar, porque los proyectos susceptibles de recibir apoyo público son los que no han logrado previamente financiación por sí solos en el sector privado, y la razón no es otra que su menor viabilidad y, por tanto, mayor riesgo.
El segundo motivo es el sector en que operan, ya que el mundo tecnológico se caracteriza por su elevada competitividad y la constante aparición de nuevas técnicas e innovaciones disruptivas, de modo que son muchas las compañías que acaban desapareciendo. Las diferentes estimaciones existentes señalan que apenas un 5% de las empresas emergentes en este sector logran superar los 5 años de actividad. Así pues, el riesgo de inversión, si cabe, es mayor que en otros sectores tradicionales.
Y, por último, porque la propia naturaleza de la gestión pública no siempre prima los resultados y la obtención de beneficios a medio y largo plazo, dado que entran en juego otros intereses de carácter político que poco o nada tienen que ver con la sostenibilidad económica del negocio. Por esta razón, la mayoría de empresas públicas arrojan pérdidas.
Prueba de ello es que los números rojos suelen ser norma y no excepción en la propia SEPI. Esta sociedad estatal participa de forma directa y mayoritaria en 14 grandes empresas (Efe, Correos Navantia, Tragsa, Mercasa, Ensa, Enusa, Cetarsa, Hunosa, Mayasa, Sepides, Saeca, Cofivacasa e Hipódromo de la Zarzuela), es accionista de RTVE, tiene participaciones minoritarias directas en 10 sociedades (Airbus, Ebro Foods, Enagás, IAG, Indra, Red Eléctrica, Alestis, Enresa, Hispasat y Epicom) e indirectas en más de 100. Y en 2022 arrojó una pérdidas conjuntas de 65 millones, con Correos perdiendo más de 200 y Navantia otros 100. Todo apunta a que la nueva SEPI tecnológica de Escrivá correrá similar destino.