En plena ola de protestas de los agricultores, ERC ha registrado una proposición de ley para que el Ministerio de Agricultura elabore indicadores sobre los costes de producción de los alimentos. Camino de la Venezuela chavista de Maduro, la ocurrencia de ERC pretende parchear la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe a los agricultores vender a pérdidas dejando al Gobierno que marque el precio mínimo que supuestamente cuesta producir cada alimento.
La portavoz adjunta de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Teresa Jordà, ha anunciado este miércoles que su grupo ha llevado a la Cámara Baja una propuesta para que se amplíe y se refuerce la normativa relativa a la cadena alimentaria, porque a su juicio en la actualidad "queda extremadamente corta".
ERC considera que la legislación de la cadena alimentaria que se aplica desde 2013 "no está siendo eficaz" y los agricultores siguen vendiendo a pérdidas debido a una falta claridad en los objetivos y una "enorme dificultad" para llevar la normativa a la práctica.
Por ese motivo, ERC propone redefinir el precio del contrato alimentario y que siempre sea superior al total de costes asumidos, lo que se aplicará a cada eslabón de la cadena para evitar la destrucción de valor. A esto se suma que el operador que compre a productores primarios inscriba cada contrato alimentario que realice en un plazo de tres meses, flexibilizando los plazos.
Sin embargo, los profesionales del campo denuncian que la Ley de la Cadena Alimentaria directamente es un "engaño". Teniendo en cuenta que el valor de un producto está determinado por su disponibilidad y su demanda, resultaría prácticamente imposible que el gobierno marque el precio de producción de un sector que depende de factores impredecibles como las lluvias, el sol o el precio del pienso.
En segundo lugar, marcar el precio mínimo de los productos españoles supondría el tiro de gracia para la competitividad del sector agrario con respecto a terceros países. Si un agricultor tiene un buen año y consigue una gran cosecha a bajo coste, no podría venderla por debajo del margen que marque el Gobierno, por lo que su producto no podrá competir en precio con los que proceden de importaciones de terceros países.
Del mismo modo, aunque el gobierno diga que producir tomates españoles cuesta 0,40 euros, no puede obligar a los compradores a elegir los productos españoles antes que otros con un coste de producción inferior procedente de importaciones, por ejemplo, de Marruecos o Egipto. Así que muchos agricultores acabarán destruyendo sus propias cosechas porque el Gobierno les obligará a venderlas a un precio preestablecido y no al que marca el mercado.
La clave para acabar con el problema no es conseguir "un precio justo" para los agricultores. Eso llegará por sí solo cuando las administraciones trabajen para reducir los costes de producción, que son especialmente elevados en Europa debido a la extensa normativa y la infernal burocracia que implican las políticas verdes adoptadas con criterios políticos y no científicos.