El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió este miércoles en el Congreso a reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria. La ley establece que agricultores y ganaderos no pueden vender a pérdidas y el precio cubre el coste efectivo de producción. Sin embargo, los profesionales del campo denuncian que esta ley es un "engaño", entre otras cosas, porque no se puede obligar a los compradores a elegir un producto más caro en lugar de otro con un coste inferior, normalmente procedente de importaciones de terceros países.
"La Ley de la Cadena Alimentaria no puede funcionar. ¿Qué van a hacer para mejorarla? ¿Marcar los precios de coste de los agricultores? ¿Marcar lo que debe ganar cada uno a lo largo de la cadena?", cuestiona Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Agricultores Valencianos.
"El problema no está en lo que ganan los otros. El problema está en que los productos que vienen desde terceros países son los que están marcando el precio y nuestros exportadores no van a comprar nuestros productos a un precio más alto", afirma Viciedo. La clave, una vez más, está en las restrictivas políticas verdes de la UE.
La excesiva burocracia, la prohibición de usar fitosanitarios que sí están permitidos en los productos importados de terceros países, la extensa lista de normas ecologistas que hay que cumplir para poder cobrar las ayudas de la PAC, la subida de impuestos, el alto precio de los abonos, la subida del SMI… Todo ello está encareciendo los costes de la producción agrícola en España y en el resto de Europa. Si además se suma la desigualdad de trato con terceros países, el resultado es que los agricultores nunca podrán ser competitivos a nivel global. En resumen, nuestros productos siempre serán más caros.
Sin embargo, el debate sobre el Pacto Verde europeo es una barrera para los políticos, que únicamente están dispuesto a hablar de la Ley de la Cadena Alimentaria porque "es un engaño", señala Viciedo. "Imaginemos que el Gobierno se mojase y dijese, por ejemplo, que la producción de cítricos cuesta 50 céntimos/kilo. Pero resulta que las naranjas de Egipto llegan a 30 céntimos/kilo. Nuestros exportadores dejarían nuestra fruta en el árbol y comprarían la de fuera. Esa ley no va a funcionar nunca. Lleva ya casi dos años en vigor y no ha servido absolutamente para nada".
"No reivindicamos precios justos. Eso ya vendrá"
La intención del Gobierno es "reforzar" la ley, lo que posiblemente se traducirá en más inspecciones y más sanciones. Según la información publicada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), durante 2023 se impusieron 195 sanciones "firmes", que oscilan entre 1.801 y 42.769 euros, con un montante total de 641.398 euros.
En concreto, solo siete de las multas alcanzan las cinco cifras y más de la mitad se reducen a 1.801 euros, y el motivo más frecuente es el incumplimiento de los plazos de pago, sancionado en 128 ocasiones, seguido de no formalizar por escrito los contratos alimentarios, causante de 41 de las multas.
"Las sanciones son por retrasos en el pago. Nunca son por vender a pérdidas. Esto es porque los contratos ya incluyen una cláusula que dice que el precio cubre los gastos. Ellos están protegidos cuando compran tu mercancía y ante eso no se puede hacer nada".
En este sentido, Viciedo insiste en que el campo debe seguir manifestándose, pero teniendo muy claras sus reivindicaciones: "Precios justos no es lo que reivindicamos. Eso vendrá cuando quiten el cuaderno digital, cuando retiren la ley europea de uso sostenible de fitosanitarios, la ley de suelos sostenibles que disminuye la fertilización, cuando retiren al lobo del listado de especies protegidas, cuando dejen de prohibir antibióticos o cuando eliminen la estrategia de restauración de ríos con la eliminación de presas y azudes y establezcan un plan hidrológico coherente y responsable".