Mientras el Gobierno sigue a vueltas con la ley de amnistía y trata de sobrevivir al caso Koldo, el número de víctimas de la okupación -y más concretamente de la inquiokupación- sigue creciendo, sin que el Ejecutivo haga nada para ayudar a quienes se sienten atrapados en este callejón sin salida. Ese es precisamente el caso de Anabel, una propietaria de Navarra que decidió invertir en una segunda vivienda para poder garantizarse unos ingresos que le permitieran prejubilarse. El objetivo no era otro que poder disfrutar de la última etapa de su vida junto a su marido, mayor que ella. Sin embargo, a sus 62 años, no solo no ha podido retirarse anticipadamente por culpa de sus okupas, sino que tiene que trabajar en dos sitios a la vez para llegar a fin de mes.
"Nos hemos dedicado a trabajar toda la vida, hemos contribuido a que este país salga adelante, y no hay derecho a que nuestros últimos años los pasemos así", dice Anabel, una de las múltiples propietarias desesperadas que día tras día contactan con la Plataforma de Afectados por la Ocupación en busca de ayuda. Además de los múltiples problemas económicos en los que se están viendo inmersos, esta situación les está costando la salud: "Estamos en tratamiento psiquiátrico y de verdad que ya no podemos más".
Atrincherados con su informe de vulnerabilidad, sus okupas se resisten a abandonar la vivienda después de cuatro años sin pagar. Y eso a pesar de que Anabel y su marido les han dado todo tipo de facilidades: desde perdonarles la deuda, hasta buscarles otra vivienda más barata y ofrecerse a pagar de su bolsillo la fianza y el primer mes. "Es más fácil engancharse a la rueda de las ayudas y vivir de las rentas, y esto que cortarlo como sea", insiste.
El origen de los problemas
Su historia se remonta a finales de 2018. Por aquel entonces, Anabel y su marido decidieron alquilar el piso que habían comprado en Pamplona a una pareja de inmigrantes. "Nadie les alquilaba y decidimos hacerlo nosotros", recuerda lamentando lo que vendría después. Él les presentó un contrato de trabajo y confiaron en que todo iría bien. Al principio, pagaban puntualmente, pero, con la llegada de la pandemia, empezaron los problemas: "Lógicamente, era un momento muy difícil para todos, así que les dimos cierta flexibilidad para que fueran pagando como buenamente pudieran". Sin embargo, pronto dejaron de pagar.
"Él insistía en que le lleváramos a juicio, pero nosotros intentamos arreglarlo por las buenas, porque, además, queríamos vender el piso", asegura. Finalmente, no tuvieron más remedio que denunciarle. En enero de 2023 se celebró el juicio y en mayo tendría que haberse producido el desahucio, pero al tener dos niños pequeños y, al menos oficialmente, no tener trabajo, alegaron vulnerabilidad y lograron frenar el desalojo. Lo mismo sucedió en octubre y también en diciembre.
"Como el Gobierno ha ido alargando el decreto antidesahucios, es imposible echarles y, mientras tanto, somos nosotros los que les mantenemos desde hace casi cuatro años", denuncia Anabel, a la que, sin visos de que el Ejecutivo derogue una norma que debía haber decaído con el fin de la pandemia, solo le queda tratar de investigar por su cuenta si sus inquiokupas son realmente vulnerables o si, como tantos otros, trabajan en b o reciben ingresos por otras vías.
Cero interés en buscar alternativas
"Tenemos sospechas de que ganan dinero empadronando a gente en mi piso, pero todavía estamos intentando demostrarlo -explica la propietaria-. Lo que está claro es que si no trabajan es porque no quieren, porque aquí en Navarra es imposible que no encuentren algo. Es que no me lo creo, porque, al margen de otros trabajos más cualificados, aquí hay mucho temporero, se puede trabajar en conserveras… Hay trabajo. Y si no, siempre se puede cuidar a gente mayor o trabajar limpiando casas, pero claro, es mucho más fácil vivir así".
La falta de interés por buscar otro piso más barato también es evidente. "Cuando llegamos a juicio nos debían 15.000 euros, porque no pagaban el alquiler, pero tampoco la luz ni la calefacción, y, aún así, les hicimos una quita de la deuda para que se fuesen: sólo tenían que pagarnos 6.000 euros y en cuotas de 50 euros al mes", explica Anabel. Más fácil, imposible. Sin embargo, no la aceptaron.
La siguiente oferta que les hicieron era mejor si cabe: "Les llegué a ofrecer 4.000 euros para que pudieran pagar la fianza de otro piso y el primer mes, pero tampoco quisieron. Es más, yo misma me dediqué a buscarles una vivienda, pero nada. Una no la quisieron porque era un tercero sin ascensor. Otra, porque solo tenía dos habitaciones y decían que era muy pequeña". Teóricamente, si una familia es declarada vulnerable, los Servicios Sociales tienen que encargarse de buscarle una alternativa habitacional. Sin embargo, no hay noticias al respecto.
Sin dinero y sin salud
Atrapada en este callejón sin salida, Anabel reconoce estar desesperada. "Alquilamos el piso para poder jubilarme antes y ahora mismo tengo que trabajar en dos sitios para poder llegar a fin de mes -resume entre el dolor y la rabia-. Tengo que hacer frente a dos hipotecas, y ya no es que no pueda retirarme y estar con mi marido, es que no podemos ni pensar en vacaciones ni ayudar a nuestras hijas ni nada". La mayor vive en Madrid y, después de dos años viviendo de alquiler, le gustaría comprarse un piso. "Si lo vendiéramos de una vez, podríamos echarle una mano, pero así, ya le hemos dicho que imposible", explica sin ocultar la frustración que le produce.
Lo peor es que, como a tantas otras víctimas de la okupación, todo esto también les está pasando factura a la salud. "Sobre todo a mi marido -subraya a Anabel-. Él tiene 80 años y está desquiciado con este tema, de hecho, es algo de lo no se puede hablar porque se pone malo. Si hablamos de ello, ya no duerme, y eso a pesar de que ya estamos en tratamiento psiquiátrico. Pero es que es un desgaste continuo: vivimos crisis de ansiedad, apatía, desidia… Y lo peor es que no vemos un fututo de resolución, y eso es lo que más angustia nos genera".
La culpa es de sus okupas, sí, pero también de aquel que permite que esta situación se perpetúe en el tiempo, insiste. "Esta situación la ha generado el Gobierno. Han hecho una ley social para ayudar a ciertas personas, pero, en realidad el peso de la ayuda recae sobre los particulares que tenemos un piso", resume esta propietaria, que exige al Ejecutivo que acabe de una vez por todas con el decreto antidesahucios: "Es necesario cambiar esta ley que solo perjudica a quienes contribuimos para sacar adelante este país. Mi marido ha cotizado 48 años, tiene 80, y no hay derecho a que el final de su vida sea este".