Desesperados ante el goteo de casos que siguen atendiendo día tras día, los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Ocupación acuden este martes a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo para denunciar el alarmante aumento de la inquiokupación en España -aquella protagonizada por inquilinos que dejan de pagar el alquiler- y pedir a las instituciones comunitarias que analicen si el decreto antidesahucios del Gobierno vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad.
La petición se produce tras constatar el nulo interés del Ejecutivo por escuchar a las víctimas de esta lacra, familias que, como ellas mismas defienden, no son "bancos", sino personas trabajadoras a las que el Gobierno "obliga" a mantener a los okupas mientras elude su responsabilidad, al no construir más vivienda social. "Asumimos sus suministros y, además, tenemos que hacer frente a las costas de abogados y procuradores, con demoras judiciales superiores a 2 años, sin poder percibir el alquiler, que en muchos casos, supone el sustento para nuestras economías", lamentan los portavoces de la plataforma, Ricardo Bravo y Pilar Martínez.
A pesar de la dramática situación que atraviesan, "el Gobierno del diálogo y la negociación" ha hecho "caso omiso a las 25 peticiones de reunión cursadas en los 3 últimos años". Ni un solo ministro ha aceptado reunirse con ellos. Es más, lejos de escucharles, el Ejecutivo ha aprobado nada menos que "10 prórrogas" de un decreto que, a priori, surgió para dar respuesta a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus y que hoy por hoy "está arruinando a miles de familias españolas". No en vano, la propia medida podría ser la causante del aumento de casos de inquiokupación que, según denuncian, "ya supone en la actualidad la principal forma de okupación en nuestro país".
En este sentido, las víctimas advierten de que, a pesar de que el Real Decreto se aprobó para evitar el desahucio de familias vulnerables, "la realidad es que miles de familias okupas, inquiokupas o falsas vulnerables pueden acogerse también al decreto y paralizar por meses, a veces años, una sentencia de desahucio (no hipotecario) mientras que evitan el pago de la renta, creando gravísimas consecuencias sobre los pequeños arrendadores". La gran cantidad de testimonios recogidos por Libre Mercado en los últimos años da buena cuenta de ello.
Para la Plataforma, es evidente que si un Gobierno apuesta por una medida de este tipo, tiene que acompañarla de más viviendas social, puesto que si no, "se deriva esta responsabilidad a pequeños propietarios" que, según explican, son los que sostienen "el 90% del mercado del alquiler". Y eso es precisamente lo que estaría haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El Gobierno incumple el "mandato constitucional"
En esta línea, el escrito dirigido al Parlamento Europeo recuerda que el artículo 47 de la Constitución española establece que los poderes públicos tienen "la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes" para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna. "El Gobierno español ha incumplido el mandato constitucional, pues la carencia en la inversión de vivienda pública ha constituido el denominador común de las políticas de vivienda", concluye la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
"A estos efectos, las distintas administraciones han permitido que el parque de vivienda social sea el más ínfimo de Europa, trasladando la responsabilidad de falta de vivienda social directamente a las víctimas de la inquiocupación", se quejan. Precisamente por eso, subrayan la importancia de "conjugar el acceso a una vivienda digna con el derecho a la propiedad privada".
Por último, la petición de amparo dirigida a las instituciones comunitarias advierte de las consecuencias que la prórroga del decreto antidesahucios ha tenido para el mercado del alquiler, entre ellas, "una considerable disminución de inmuebles en el mercado privado, retirados por sus propietarios ante la dificultad de recuperar sus inmuebles" en caso de que sus inquilinos se terminen convirtiendo en inquiokupas, así como el coste de ello derivado.
Tras escuchar los argumentos de las víctimas, la comisión de peticiones del Parlamento Europeo deberá decidir este martes si da continuidad o no a la planteada por la Plataforma de Afectados por la Ocupación. En caso de votar a favor, los eurodiputados procederán a "realizar un análisis de la medida de suspensión de los desahucios y desalojos aprobada
por el Estado español, y valorar si se incumple o vulnera los derechos fundamentales, como el de tutela judicial efectiva, y otros como el de propiedad".