Hace tres años, la Comisión Europea propuso su reforma de la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía, con el fin de ayudar, a base de impuestos, a reducir en un 55% las emisiones en 2030. En el ambicioso proyecto se incluyen medidas como la eliminación de exenciones e incentivos vinculados a combustibles fósiles en la creencia de que medidas de este tipo han quedado "claramente obsoletas". "El nuevo sistema", señala, la UE, "garantizará que los combustibles más contaminantes sean los más gravados". Y eso golpeará a algunos sectores, entre ellos el de la aviación: si los cambios salieran finalmente adelante, se suprimirían las exenciones de impuestos al queroseno y se incorporaría gradualmente un tipo impositivo mínimo a este combustible (de 10,75 euros el gigajulio, aunque el importe final sería determinado por cada estado miembro) para evitar "favorecer de facto el uso de combustibles fósiles en la UE".
Las aerolíneas llevan desde que la reforma se puso sobre la mesa alertando de las consecuencias que esta y otras medidas planteadas por Bruselas, como el ya aprobado nuevo reglamento de Comercio de Derechos de Emisión, pueden suponer para el sector y para el precio de los billetes. Mientras la UE señala los Estados deberán adoptar "herramientas" para evitar que "consumidores y hogares vulnerables acaben pagando" las subidas, las compañías sostienen que sí habrá un impacto, para la economía en su conjunto y para el pasajero. En un foro con los ingenieros aeronáuticos el pasado otoño, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, aludió a las medidas en marcha de la UE avisando de que a su juicio subir este impuesto no servirá para "descarbonizar", que puede ser "contraproducente" en especial para países como España, "receptores netos de turismo", y que reducirán la demanda, alertando de que existe el riesgo de acabar con "el gran logro de la democratización de que volar esté al alcance de casi todos los bolsillos" y vuelva a ser, "como hace un tiempo", algo "solo para los muy ricos".
Mientras continúa la tramitación, las asociaciones europeas Airlines for Europe y la Asociación Europea de Líneas Aéreas Regionales (ERA) publicaron este mes un informe insistiendo en el impacto negativo de un hipotético impuesto al queroseno y el posible desvío de turistas a destinos no europeos como Turquía, Jordania o Egipto.
El estudio, de la consultora Steer, valora las consecuencias de la imposición gradual de un impuesto entre los años 2028 y 2033 y se fija en tres países y tres regiones turísticas de la UE: España y Cataluña, Italia y el Lazio, y Portugal y su capital, Lisboa.
Según la consultora, en toda la UE el impuesto reduciría el gasto turístico y la demanda de pasajeros y tendría un fuerte impacto en la economía. Según el informe, en el caso de España, en 2033 habría bajado un 8,7 por ciento la demanda de pasajeros y disminuiría 6.100 millones el gasto turístico, lo que supondría unos 35.000 empleos menos en el sector turístico y 50.000 menos globalmente. Sólo en Cataluña, la demanda de pasajeros descendería un 6 por ciento y bajaría 1.000 millones el gasto turístico.
La situación sería análoga en otras potencias turísticas europeas, con una caída de la demanda estimada del 9,5 por ciento en Portugal y el 6,1 por ciento en Italia. El informe avisa de que el impuesto también podría tener consecuencias en otros ámbitos, como en la inversión extranjera en estos países, y recuerda cómo España suma "el 25 por ciento del total de los pasajeros de la UE", Italia el 16 por ciento y Portugal el 6 por ciento: "El descenso total en la demanda de vuelos en toda la UE podría ser significativamente mayor".
Aunque la aprobación de estos cambios estaba prevista como una de las prioridades de la legislatura, por el momento la reforma de la directiva propuesta por la Comisión está aún debatiéndose en comisión en el Parlamento Europeo. Fuentes comunitarias señalan a LD que la normativa está aún "bloqueada" en la Eurocámara y el Consejo Europeo, y "es probable que no se toque hasta la próxima legislatura". Mientras, fuentes de la Comisión Europea instan a los estados miembro a "continuar trabajando para la adopción de la propuesta tan pronto como sea posible".