Tal y como ya advertía el pasado mes de diciembre en Libre Mercado el presidente de Renta Garantizada, Lorenzo Colino, la polémica política de Vivienda del Gobierno está llevando a muchos propietarios a ser cada vez más exigentes a la hora de buscar inquilinos a los que confiar su vivienda. A ello contribuye especialmente el aumento de la llamada inquiokupación, alentada por el controvertido decreto antidesahucios de Pedro Sánchez, que hace que cada vez se produzca un mayor rechazo a candidatos que, llegado el caso, sean susceptibles de declararse vulnerables.
Sin embargo, si algo demuestran la gran cantidad de casos que llegan día tras día a la Plataforma de Afectados por la Ocupación es que ningún propietario está exento de convertirse en víctima de esta lacra. Y para muestra, un botón: en enero de 2022, Jaime alquiló su vivienda a funcionario, agente de la Policía Científica en Tenerife para más señas, pensando que se trataba del "perfil perfecto". Con lo que no contaba era con que su boda y posterior divorcio a quien le acabarían arruinado la vida sería a él.
El titular del contrató abandonó el piso, pero en él se quedó su ya exmujer, una señora rusa con dos hijos de una pareja anterior, que ni paga ni accede a irse por las buenas. A la espera de que la Justicia ordene su desahucio, este tinerfeño lleva ya año y medio totalmente atrapado. "No solo no recibo ni un euro por ese piso, sino que además tengo que hacer frente a los suministros, porque cometí el error de no cambiar la titularidad de la luz, pagar el préstamo que pedí para comprar esa casa y el alquiler de la vivienda en la que resido actualmente. Tengo una mujer y una hija, mi empresa está a punto de aprobar un ERE y yo estoy tomando medicación porque esto me supera", resume desesperado.
Una inquiokupa inesperada
El piso en cuestión era su primera y única vivienda en propiedad. Sin embargo, al tener que cambiar de municipio por cuestiones laborales, decidió ponerla en alquiler para poder pagar el préstamo que pidió a un familiar para comprarla y hacer frente, a su vez, a la renta que él mismo tendría que pagar en su nuevo destino. Ante el temor de un posible impago, Jaime no dudó en contratar un seguro que, además, se encargaría de comprobar la solvencia económica de su inquilino. "Estábamos hablando de un funcionario que trabajaba en la Policía Científica y tenía una nómina de casi 4.000 euros… ¿Qué más garantía que esa? Era el perfil perfecto".
Los primeros meses cobró su renta religiosamente. Sin embargo, su inquilino contrajo matrimonio y "a la semana se separó". Lo que no esperaba el propietario es que él sería el que acabaría pagando los platos rotos: "Al separarse, abandonó la vivienda y la dejó a ella allí. Los dos primeros meses, él se hizo cargo del alquiler, pero luego se hartó y ella ya no pagó nada". Tras consultar con sus abogados, le recomendaron que eludiera cualquier contacto con la mujer y denunciara al que oficialmente seguía siendo su inquilino. Así lo hizo. Sin embargo, todavía no ha conseguido recuperar su vivienda.
"Al tener un seguro de impagos, me cubre 12 mensualidades, pero, aunque me han dado un pequeño adelanto de 1.800 euros, el resto no me lo dan hasta que se termine todo, y como la Justicia es tan lenta, ya llevo año y medio en esta situación más lo que me queda, porque cuando ordenen el desahucio doy por descontado que, cuando la vean con dos niños, se va a declarar vulnerable".
¿Quién es más vulnerable?
Mientras tanto, a todos sus gastos, él tiene que seguir sumando los 500 euros anuales que le cuesta el seguro. Y todo en medio de una situación laboral particularmente delicada. "Mi empresa me acaba de comunicar que va a hacer un ERE", explica Jaime, que si ahora ya tenía que hacer horas extra o buscar otros trabajos ocasionales para llegar a fin de mes, a partir del próximo 30 de abril tendrá que ingeniárselas de otra manera.
"Yo también podría atrincherarme en el piso de otra persona, pero eso no va conmigo. Yo soy un trabajador y siempre he salido adelante, así que buscaré lo que sea y de esta también saldré, pero esto no es normal, y es evidente que esta ley está mal hecha y se tiene que cambiar -subraya indignado-. Lo que han hecho es provocar una guerra entre inquilinos y propietarios, y yo entiendo que hay gente que realmente es vulnerable y a la que se tiene que ayudar, pero no a mi costa. Yo no soy un escudo social. Yo soy un chico de 42 años, trabajador, que tiene una familia y que, además, solo tengo esa vivienda en propiedad". Y como él, insiste, la mayor parte de las víctimas de la llamada inquiokupación: "Somos pequeños propietarios, gente humilde y que no tenemos liquidez para mantener a dos familias".
¿Volver a alquilar?: "Ni de coña"
Con todo, Jaime hace un llamamiento al Gobierno y a la clase política en general para cambiar unas leyes que lo único que están consiguiendo, denuncia, es desincentivar el alquiler. No hay más que escuchar su respuesta cuando le preguntamos si volverá a buscar inquilino cuando recupere su vivienda. "No, no, ni de coña -responde de inmediato-. No sé si la venderé o se la dejaré a mi hermano y a mi cuñada y que al menos ellos vayan pagando los gastos, pero yo ya me olvido de este tema, porque hasta que no haya una ley justa, esto no puede ser".
Es más, el mensaje que envía a cualquiera que pueda estar pensando en alquilar su vivienda es claro: "Por mucho que el perfil del inquilino sea bueno, pueden ocurrir muchas cosas en la vida de las personas por lo que siempre existe un riesgo. Con esta desprotección y según mi experiencia, no recomendaría alquilar hasta que la ley proteja por igual a ambos lados, tanto al inquilino como al arrendador". A los que desgraciadamente ya lo hayan hecho y se hayan visto atrapados en un caso de inquiokupación como él, lo que les recomienda es acudir a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, plataforma a la que Jaime agradece toda su ayuda.