La política de control de los precios del alquiler ha provocado escasez en el mercado inmobiliario sueco, hasta el punto de que el 93% de los municipios del país escandinavo presentan una oferta insuficiente para cubrir la demanda de pisos y casas. La situación es especialmente grave en la capital, Estocolmo, donde el tiempo de espera medio supera los once años y algunos de los distritos más codiciados presentan colas burocráticas de casi treinta años.
Un informe del think tank Timbro, impulsado por la patronal del país nórdico, apunta que la "regulación de precios ha hecho que la mayoría de los pisos disponibles para alquiler hayan salido al mercado de compra-venta". De hecho, el informe encuentra que el volumen de viviendas que se pueden arrendar en Estocolmo ha bajado un 30% en las últimas décadas.
Mercado negro
Timbro lamenta que "la falta de acceso a vivienda de alquiler asequible y abundante ha hecho que los hogares pierdan poder adquisitivo, a raíz de unos precios más altos, y sufran también un mayor endeudamiento, al verse obligados a hipotecarse para encontrar un lugar donde vivir". Asimismo, el centro de estudios denuncia "un amplio mercado secundario, en el que los precios están muy por encima de los oficiales y se paga hasta dos veces más".
El "mercado negro" existente en la capital del Reino hace que se produzcan transacciones "en B" por valor de 1.100 millones de coronas cada año, lo que supone 95 millones de euros solamente en el caso de Estocolmo. La quinta parte de los jóvenes que arriendan un piso en la ciudad reconocen que se ven obligados a financiar de esta forma su solución habitacional. Esto también trae consigo otros problemas, como la inseguridad y la violencia que se desató en 2014 como consecuencia de diversas disputas en las que estaban involucradas algunas de las mafias que operan en este mercado irregular.
La lista de efectos adversos también abarca "el uso ineficiente de la vivienda existente y la creación de barreras para la contratación de talento extranjero, pasando por la segregación social o la distorsión de la política de distribución de ingresos con el beneficio desproporcionado que traen consigo los controles para los insiders del mercado".
Un sistema desastroso
Ante este panorama, la lección que extrae Timbro es clara: "la regulación del alquiler, lejos de ser una solución, se ha convertido en parte esencial del problema. La experiencia sueca nos enseña que las intervenciones del Estado en el mercado de la vivienda, por bienintencionadas que sean, a menudo han traído consigo consecuencias negativas para aquellos colectivos a los que se pretendía ayudar".
El camino hacia una mayor justicia social en el acceso a la vivienda "no pasa por la regulación de precios, sino por la creación de un entorno que fomente la oferta, facilite la movilidad y promueva la equidad. Es hora de repensar ese tipo de políticas y apostar por soluciones que respeten las dinámicas del mercado y, por ende, la libertad económica y la prosperidad para todos".