Mientras el Gobierno pone el foco en los pequeños propietarios para tratar de solventar la escasez de oferta y la subida de precios de la vivienda de alquiler, los expertos advierten de que el culpable de esta situación de "emergencia" -como la calificó hace unos días la ministra Isabel Rodríguez- es precisamente el Ejecutivo. Lejos de la imagen que la izquierda mediática y política pretende proyectar, la realidad es que "la Ley de Vivienda es la que ha hecho que muchos propietarios se estén planteando sacar a la venta sus inmuebles o decantarse por otro tipo de contrato como el arrendamiento de temporada", asegura Lorenzo Colino, presidente de Renta Garantizada.
De ahí que lo que se esté consiguiendo sea "contraer la oferta y provocar un aumento artificial del precio", explica en la misma línea Antonio Carroza, de Alquiler Seguro. "Estamos indignados con el Gobierno porque, por una parte, legisla en contra del mercado y, por otra, dice que la responsabilidad es de los propietarios. Esto no puede ser", insiste. Su enfado es compartido por el director de la Agencia Negociadora del Alquiler, que subraya que la palabra clave y donde reside el origen de todos los males es la "inseguridad jurídica" que ha provocado el Ejecutivo, amén de algunos gobiernos autonómicos, como el de Cataluña.
"Si les atacan por todos los sitios, les quieren limitar el precio que ponen a sus casas, les quieren limitar las actualizaciones, aumentar el plazo de los contratos y sus prórrogas, y al mismo tiempo no se toman medidas contra la okupación y, a la hora de echar a los inquilinos, los procedimientos se alargan y llegan hasta los dos años o más… Es evidente que eso crea un clima de incertidumbre e inseguridad que hace que el que ya no ha puesto su casa en alquiler probablemente ni alquile y el que lo ha hecho, en muchos casos, lo que se plantee sea desplazar esta inversión a otras figuras arrendaticias menos intervenidas, como los alquileres de temporada o por habitaciones -advierte José Ramón Zurdo-. Eso, lógicamente, hace que la oferta de alquiler de larga duración se reduzca y, por tanto, que el precio suba".
Las medidas más polémicas
Los tres expertos coinciden en señalar que los dos principales motivos por los que se ha llegado a esta situación son la limitación de precios en zonas consideradas "tensionadas" y la impunidad okupa. Respecto al primer punto, los datos hablan por sí solos. "Ahí tenemos el ejemplo de Cataluña, donde la oferta ha caído más de un 15% desde la aplicación del índice de precios, y eso que solo hace un mes que se aplica", apunta Carroza, quien lamenta que, mientras esto ocurre, el Gobierno elude la que debería ser su principal responsabilidad en esta materia. "En los últimos 20 años, se ha descuidado la vivienda social. No se ha construido vivienda social, todo lo contrario: se está destruyendo", asegura.
Y lo peor es que esta "evidente dejación de funciones" también afecta a la okupación, ya que, ante la falta de alternativa habitacional, la Administración termina condenando a los propietarios a mantener a sus inquiokupas durante años. "La ley les perjudica en tanto en cuanto los inquilinos pueden declararse vulnerables y con ello directamente los procedimientos judiciales para echarles se retrasan de tal forma que, si antes estábamos en plazos de 7 u 8 meses, ahora estamos en veintantos o más -advierte Colino-. Entonces, lo que se ha conseguido es que los particulares tengan miedo".
A todo ello, José Ramón Zurdo suma otra variable más: la inseguridad que provocan medidas que se anuncian, pero que no se terminan de concretar. "El Gobierno se comprometió para el 2024 a sacar un índice de actualización de rentas para suplir al IPC y todavía no lo ha hecho. ¿Qué ocurre? Pues que todos los contratos que estamos firmando desde el 1 de enero no se sabe con qué índices se van a actualizar y, cuando se decida, será con carácter retroactivo, con lo que se genera una situación de indefensión -denuncia el director de la Agencia Negociadora del Alquiler-. Y, al final, es una cosa tras otra".
Las consecuencias
Con todo, los expertos insisten en que lo que está consiguiendo el Gobierno es el efecto contrario al que se propone, que teóricamente no es otra cosa que fomentar el alquiler a un precio asequible para que puedan acceder a él las clases más vulnerables, es decir, aquellas que no se podrían permitir comprar una vivienda aunque quisieran. "Lo que están provocando todas estas medidas es que los propietarios no alquilen o que, si lo hacen, busquen a los inquilinos más solventes", advierte el presidente de Renta Garantizada.
La otra opción que está ganando enteros es decantarse por el alquiler de temporada, a caballo entre el alquiler turístico y el de larga duración, puesto que ha de ser inferior a un año y no se ve afectando por la sobreprotección de los ya bautizados como inquiokupas. "De esta forma, consiguen burlar de alguna manera la Ley de Vivienda y es verdad que, a costa de esto, el propietario tiene una penalización fiscal, porque no puede beneficiarse de la bonificación del IRPF de la que sí se beneficia si alquila una vivienda de larga duración, pero prefiere eso antes que asumir los otros riesgos,", explica Lorenzo Colino.
Capítulo aparte merece la huida de inversores que las políticas del Gobierno están provocando: "Los fondos de inversión que venían a invertir en vivienda de calidad para todos, y hablo de miles y miles de viviendas de calidad en cualquiera de nuestras ciudades de España, y especialmente en las zonas más demandadas como Madrid, Valencia, Málaga o Barcelona, lo que han hecho es dar un paso atrás al ver que lo único que se hace es perseguirles, y esto es muy preocupante".
Lo que se debería hacer realmente
De esta forma, los expertos insisten en que si el Gobierno quiere que aumente la oferta y bajen los precios, la solución está en sus manos. "Lo único que tienen que hacer es ofrecer a los propietarios incentivos fiscales y, sobre todo, garantizarles esa seguridad jurídica que tanto anhelan. Te aseguro que de un plumazo saldrían los más de 2 millones de viviendas vacías que se estima que en estos momentos hay en España. La oferta florecería y los precios bajarían", defiende el director de la Agencia Negociadora del Alquiler, que insiste en que "está demostrado que las políticas intervencionistas no funcionan". Y para comprobarlo, tan solo hay que mirar, dice, a ciudades como París o Berlín o a países como Noruega o Dinamarca.
"Limitar los alquileres lo único que hace es crear guetos. Toda la demanda se concentra en una zona y resulta que tienes periodos de hasta de 2 o 3 años para que te adjudiquen una vivienda. Eso y crear una economía sumergida de alquileres, porque está claro que cuando se limitan las cosas, siempre se buscan válvulas de escape", explica José Ramón Zurdo.