Menú

Así son los polémicos informes de vulnerabilidad que legalizan de facto la okupación en España

Para retrasar su desahucio, los okupas recurren a los Servicios Sociales para tratar de demostrar una vulnerabilidad que muchas veces no se contrasta.

Para retrasar su desahucio, los okupas recurren a los Servicios Sociales para tratar de demostrar una vulnerabilidad que muchas veces no se contrasta.
LD

Tras la aprobación de la polémica Ley de Vivienda, los propietarios que sean considerados grandes tenedores -aquellos que tengan más de 10 inmuebles o 5 si se encuentran en zonas tensionadas- tendrán mucho más difícil echar a los okupas, ya que la norma ordena tener en cuenta la posible vulnerabilidad de los mismos para retrasar su desalojo.

Sin embargo, la realidad es que, a día de hoy, esa baza ya la juegan miles de okupas de toda España, gracias al decreto antidesahucios aprobado por Pedro Sánchez en época Covid y que, a pesar de haber dejado atrás la pandemia, todavía sigue en vigor. De hecho, los informes de vulnerabilidad son en estos momentos la peor pesadilla de quienes ansían recuperar su casa. "Hasta que consigues una sentencia de desahucio pasa muchísimo tiempo, pero es que, justo cuando ésta se va a ejecutar, los okupas recurren a Servicios Sociales para tratar de demostrar que son vulnerables e impedir que les echen", explica Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Y, efectivamente, muchos de ellos lo consiguen.

"Nadie tiene en cuenta que la mayor parte de estos okupas trabajan en b, pero es que, incluso aunque de verdad no tuvieran ingresos, no somos nosotros los que tenemos que responsabilizarnos de su situación", denuncia Bravo, que lamenta que, a pesar de que en ese caso las administraciones tienen la obligación de buscarles una alternativa habitacional, ésta no llega nunca: "Los recursos habitacionales son mínimos, pero existen, por lo tanto, el juez deja de intervenir". Mientras tanto, el proceso se alarga y quienes asumen todos los gastos son los propietarios.

Criterios económicos

La Ley de Vivienda establece los criterios socioeconómicos por los que, a partir de ahora, un okupa será considerado vulnerable. Tener hijos menores de edad, estar en situación de dependencia o ser víctima de violencia de género es suficiente para retrasar el desahucio. En el caso de la inquiokupación -inquilinos que dejan de pagar-, también se considerará vulnerable a todo aquel que cobre menos de 1.800 euros al mes -cifra que varía en función de las personas que se tengan a cargo- y destine al importe del alquiler más el de los suministros más del 30% de sus ingresos.

Actualmente, uno de los principales capítulos de los informes que elaboran los Servicios Sociales de los Ayuntamientos de toda España ya está dedicado precisamente a la "valoración de la vulnerabilidad económica". En él, tal y como Libre Mercado ha podido comprobar de primera mano, los funcionarios han de dejar constancia de las nóminas y de cualquier tipo de pensión o subsidio. El problema es que, tal y como también subraya Isabel Gambín, abogada y socia fundadora del despacho Gambín&Jiménez, los okupas "pueden estar trabajando y cobrando en b, por ejemplo, y los Servicios Sociales desconocerlo, algo que sucede a menudo". Miguel Peralta, socio fundador de Peraltalaw, también apunta en la misma dirección: "En algunos casos efectivamente están rayando la vulnerabilidad, pero en otros casos el inquilino se pone en situación de vulnerabilidad precisamente para evitar el desalojo".

Vulnerabilidad social

Sea como fuere, esta parte del informe no es la única que juega a favor de los okupas. En el apartado destinado a la "valoración de la vulnerabilidad social" los trabajadores han de dejar constancia de la situación de todos y cada uno de los miembros que dicen vivir en el inmueble. El primer punto que los trabajadores sociales deben rellenar es si alguna de las okupas es víctima de violencia de género. Sin embargo, llama la atención la forma de acreditación establecida: orden de alejamiento, denuncia policial o informe social. Es decir, no solo no se exige una condena, sino que basta con acudir a una comisaría y denunciar una supuesta agresión o aportar el informe de alguna asociación de mujeres maltratadas.

El resto de casuísticas que también se contemplan para frenar un desahucio inminente pasan por alegar que en la vivienda vive un menor de edad, un mayor de 65 años, que se trata de una familia monoparental o que alguno de los okupas posee una discapacidad. Además, el informe refleja posibles enfermedades o si se tiene la posibilidad de ser acogido por algún familiar, aunque, según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, "apenas se comprueba nada", ya que "los Servicios Sociales no tienen recursos para hacer un buen estudio". De hecho, la prueba es que "ni siquiera visitan la casa okupada, con lo que tampoco pueden ver si es un narcopiso o cómo se están comportando esas personas en la comunidad".

¿Y la alternativa habitacional?

En caso de que el juez estime finalmente que los okupas son vulnerables, el desahucio se retrasa a la espera de que las administraciones busquen una alternativa habitacional, algo que no siempre ocurre. "Los ayuntamientos, que son los que tienen competencia en esta materia, deberían ponerse de inmediato a buscar una vivienda donde reubicar a estas personas, pero al final todo esto muere en esa maraña administrativa -denuncia Miguel Peralta-; unas veces porque no hay viviendas, otras porque algunas personas son conflictivas… Pero el caso es que al final el ayuntamiento se desentiende y el que paga el pato es el propietario".

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación subraya, además, que "a aquellos que tienen gatos, por ejemplo, no se les reubica", puesto que, en caso de haber viviendas, no suelen admitir animales. En otras ocasiones son los propios okupas los que rechazan la alternativa propuesta, "porque la casa es pequeña o con cualquier otra excusa y el problema es que, en esos casos, esas personas pasan al final de lista". Mientras tanto, según denuncia Ricardo Bravo, "lo que hace la administración es derivar la carencia de vivienda social y su responsabilidad a los pequeños propietarios, sin plantearse si quiera que a lo mejor éstos también son vulnerables".

Con todo, las víctimas y los abogados tienen clara la única solución posible para acabar con esta lacra. "En mi opinión, la regulación es muy sencilla: no tienes título de propiedad, pues a la calle, y que el Gobierno habilite más casas en régimen de alquiler social u adopte otras tantas medidas, pero no puede ser que el único perjudicado sea el propietario, porque el hecho de que el okupa esté tan protegido solo fomenta la okupación de forma masiva", resume la letrada Isabel Gambín.

Temas

En Libre Mercado

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Biblia Ilustrada
    • Libro