El think tank Fedea ha publicado una nota de análisis en la que revisa la situación financiera del componente contributivo de las pensiones públicas con datos para el año 2023. De acuerdo con las estimaciones de Miguel Ángel García Díaz, autor del estudio, el déficit contributivo de la Seguridad Social ya roza los 56.000 millones.
El documento recuerda que las pensiones "absorben el 13,1% del PIB y casi 30% del gasto público total, de modo que son objeto de continuo debate en la sociedad. El análisis de sus cuentas es cada vez más complicado, especialmente a raíz de las reformas realizadas en los últimos años que, entre otras cuestiones, han incrementado significativamente las transferencias del Estado para el pago de sus obligaciones. Esta práctica reduce el contenido informativo del déficit contable oficial de la Seguridad Social, que ya no sólo refleja la salud financiera del sistema contributivo per se, sino también la cuantía de tales transferencias complementarias, que detraen recursos de otros posibles usos". Dicho de otro modo, Fedea advierte del efecto distorsionador que tiene financiar parte de las pensiones con transferencias presupuestarias que no beben de las cotizaciones, sino de los impuestos ordinarios.
Sobre el papel, "el sistema de Seguridad Social, donde están incluidas las pensiones gestionadas por esta institución, finalizó 2023 con un déficit muy similar al del año precedente, un 0,6% del PIB. Este porcentaje aumenta en dos décimas, hasta el 0,8% del PIB, si excluimos de los ingresos corrientes las cotizaciones destinadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, por tratarse de un ingreso no disponible para pagar las pensiones actuales puesto que se ingresa en un fondo de reserva que sólo estará disponible a partir de 2032".
Sin embargo, "la Seguridad Social ha dispuesto de dos transferencias específicas del Estado por valor de 27.231 millones de euros (un 1,9% de PIB), una para el pago de los complementos por mínimos de pensiones (7.345 millones de euros), y la segunda, muy superior en cuantía, destinada al pago de los (mal) denominados "gastos impropios" (19.886 millones de euros). Excluyendo estas transferencias para centrarnos en lo que cabría denominar el saldo contributivo del sistema de la Seguridad Social, este se situaría en torno al 2,7% del PIB. A esto habría que añadir, finalmente, 1,2 puntos de PIB en transferencias del Estado dedicadas al pago de las pensiones de Clases Pasivas".
Haciendo estos ajustes para clarificar la verdadera situación del sistema, Fedea concluye que el déficit contributivo es de 3,8 puntos de PIB, un agujero que ha de financiarse con deuda y con impuestos generales. Por tanto, "el componente contributivo del sistema de pensiones públicas, definido como la suma de las de Seguridad Social y Clases Pasivas, habría tenido en 2023 un déficit equivalente a 3,8 puntos de PIB (55.919 millones de euros) si solo dispusiera de los ingresos netos ordinarios por cotizaciones sociales".
Para maquillar esa enorme diferencia entre ingresos y gastos, "el sistema público de pensiones dispuso en 2023 de transferencias del Estado por valor de 3,1 puntos de PIB (44.148,12 millones de euros), con un aumento de 1,8 puntos de PIB desde 2018, y de un préstamo del Estado por valor de 0,7 puntos de PIB (10.003 millones de euros). Estas transferencias redujeron los recursos disponibles para cubrir otras importantes necesidades públicas".
Lo vemos en la siguiente tabla:
Si comparamos los ingresos obtenidos por la Seguridad Social para las pensiones contributivas (más de 189.000 millones) con los ingresos de cuotas sociales y otras fuentes menores (más de 133.000 millones), nos topamos con el déficit contributivo del sistema (casi 56.000 millones), que solamente se cubre con más deuda y nuevas transferencias de los Presupuestos Generales del Estado financiadas. Dicho de otro modo y de forma simplificada: el 70% de las pensiones se pagan con cotizaciones, mientras que el 30% se paga con impuestos y más deuda.
Estos hallazgos coinciden con los del informe sobre el Día de la Deuda que publicó el Instituto Juan de Mariana en noviembre de 2023 y que situó el déficit real de la Seguridad Social como el más grande de toda la Unión Europea.