La semana pasada, el Gobierno aprobó el Real Decreto que incorpora el desarrollo reglamentario para activar ya en 2025 la llamada "cotización de solidaridad". Esta idea consiste en otro impuesto extra que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha previsto para los salarios más altos del país. Su creador es el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Escrivá aprobó en 2023 una polémica reforma de las pensiones basada en subir impuestos sin reducir el gasto del sistema. Uno de estos golpes fiscales será la "cuota de solidaridad", que supone gravar parte del sueldo no sujeta ahora mismo a cotizaciones (porque supera la base máxima). Como ya hemos explicado en Libre Mercado, esta "cuota" no es cotización, porque no genera derechos: es un impuesto.
Más de 20 años de golpes al trabajo
El Gobierno desplegará esta medida poco a poco, por lo que al principio no se notará en exceso. La cotización irá del 0,92% al 1,17% para tres tramos diferentes de salarios penalizando cada vez más a los más altos, y por ende, a los trabajadores más cualificados. No hay que olvidar que medidas como esta incentivan a este perfil de empleados a trasladarse a países con menor imposición que España y también repelen a los trabajadores extranjeros más preparados.
Como se observa en el siguiente cuadro, cada año que pase, esta cotización irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos durante los próximos 20 años. La cuota se repartirá entre empresarios y trabajadores.
Otra de las medidas que va dirigida a castigar a los salarios más altos es la sistemática subida de las bases máximas de cotización desde 2024 a 2050. Este año, esta barrera ha escalado hasta los 56.600 euros anuales, que no solo supone un aumento del sueldo sometido a cotizaciones, sino que sería el sueldo a partir del cual la Seguridad Social empezaría a cobrar la anterior "cuota de solidaridad" si hubiera entrado en vigor en 2024.
La tercera estocada al trabajo, y que afecta a los más de 20 millones de empresas, empleados y autónomos del país, es la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este sistema entró en vigor en 2023 e implica una subida cada vez mayor cada año de todas cotizaciones social.
La estocada al trabajo irá a más
A pesar de este ensañamiento con los impuestos al trabajo, como la fórmula de Escrivá implica seguir aumentando el gasto en pensiones (por ejemplo, con las revalorizaciones al IPC), el resultado no logrará equilibrar las cuentas del sistema, el requisito que le exigía Bruselas.
Precisamente, ayer lunes, Fedea publicaba un informe que desmontaba una serie de medidas comprometidas por el Ejecutivo de Sánchez en Europa a través del Plan de Recuperación entre las que estaba la reforma de pensiones del Gobierno.
Para sus expertos, la subida de las bases máximas y la cuota de solidaridad, "serán insuficientes para evitar problemas de sostenibilidad" y, además, "reducirán la carácter contributivo del sistema de pensiones" con la introducción de un "impuesto puro". No es la primera vez este centro de estudios analiza paso a paso y critica en estos términos el plan del Gobierno en materia de Seguridad Social. Tampoco es la primera vez que alerta sobre el "impuesto oculto" del sistema.
Fedea lamenta la "derogación del Factor de Sostenibilidad (FS) que habría reducido las pensiones iniciales para compensar para los efectos del aumento de la esperanza de vida, que será sustituido por el MEI" a lo que Escrivá ha añadido "un compromiso vago de hacer algo si esto no fuera suficiente en el futuro".
Y es que, la fórmula de Escrivá tiene letra pequeña porque si el déficit se desvía respecto de lo previsto, el Gobierno se compromete a volver a subir todavía más las cotizaciones sociales, a incrementar otro tipo de impuestos o a hacer recortes. Fedea cree que el Gobierno incumplirá "desde el principio", por lo que estará dispuesto a subir las cotizaciones todavía más, lo que tendrá "efectos adversos sobre el empleo".
"Aumenta la carga de los jóvenes"
Fedea insiste en que "la derogación del Factor de Sostenibilidad agravará los problemas de sostenibilidad del sistema". Además, considera que el MEI "no mejora la equidad intergeneracional porque continúa aumentando la carga fiscal sobre los jóvenes para para mantener la generosidad de los beneficios de las pensiones y será insuficiente para garantizar la sostenibilidad de el sistema".
Sobre el plan del Gobierno de otorgar mayores incentivos para retrasar la jubilación más allá de la edad legal y penalizar la jubilación anticipada, Fedea no pone objeciones, "pero es muy poco probable que estas medidas generen grandes ahorros en pensiones".
Sobre la reforma del sistema de cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos, donde los trabajadores por cuenta propia ya no podrán elegir el nivel de sus aportaciones y tendrán que cotizar por sus ingresos reales, Fedea tampoco pone objeciones, pero cree que "es muy poco probable que esta reforma genere un gran superávit durante varias décadas como espera el Gobierno".
Fedea también critica que el Gobierno haya decidido aumentar en mayor medida las pensiones no contributivas y mínimas "subestimando el coste de la medida" en términos de gasto. Además, también recuerdan el truco de "reducir el déficit oficial del sistema de pensiones aumentando considerablemente" las transferencias del Estado al mismo.
En resumen, Fedea considera al Gobierno "extremadamente optimista" y cree que su reforma "puede comprometer la sostenibilidad financiera del sistema y su equidad intergeneracional".