Las reacciones, tanto desde la izquierda como desde la derecha, a la OPA hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell se han sucedido durante los últimos días. el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón... todos se han mostrado en contra de la OPA.
Sin embargo, la que ha destacado sobre el resto, por lo irrisorio de sus propuestas, ha sido la reacción de Ione Belarra. La ministra de Derechos Sociales no ha defraudado y ha defendido la creación de una banca pública y ha cargado contra la entidades financieras aseverando que "juntos o separados, el BBVA y el Banco Sabadell van a seguir esquilmando a la población española a través de las hipotecas a tipo variable".
Esta mañana hemos conocido que el BBVA ha lanzado una OPA hostil contra el Banco Sabadell. Pero juntos o separados van a seguir esquilmando a las familias con las hipotecas a tipo variable. Es más necesaria que nunca una banca pública para la gente. pic.twitter.com/nDPkMH6hye
— Ione Belarra (@ionebelarra) May 9, 2024
En este sentido, Belarra ha defendido que "si queremos realmente que haya justicia social necesitamos una banca pública en España que introduzca en el sector competencia, y que ofrezca a las familias de este país hipotecas a un precio justo y que invierta en economía productiva", incidiendo en que "si el gobierno no interviene, si el gobierno no es valiente e introduce medidas como una banca pública, va a ser imposible que los españoles y las españolas tengan acceso a un servicio bancario suficientemente justo".
¿Crear una banca pública?
En realidad, que Ione Belarra proponga la creación de una banca pública no es nada sorprendente. No es la primera vez que la ministra ha tratado de resolver los problemas sociales y económicos con más intervención gubernamental mediante la creación de una entidad estatal que opere en un sector económico determinado. Recordemos que fue Belarra también la que propuso la creación de un supermercado público para hacer frente al "despiadado capitalista" Juan Roig.
Lo que no deja de sorprender, no obstante, son los principales argumentos que la ministra empleó: a saber, (1) la banca pública introduciría competencia en el sector, (2) el Estado tiene la capacidad para invertir en economía productiva, de lo cual se entiende que, según Belarra, la inversión estatal sería más eficiente, y (3) el clásico mantra de la justicia social.
En primer lugar, está claro que, pese a lo que crea la ministra Belarra, una banca pública no introduciría más competencia en el sector. Al contrario, en la medida en que el Estado constituye el monopolio de la violencia legítima (que no el legítimo monopolio de la violencia), el resto de entidades financieras operarían en desigualdad de condiciones respecto a él en la medida en que éste tiene a su disposición muchos más medios (y de diferente carácter) que las empresas, por lo que no se ve sujeto a competencia.
Segundo, el Estado no tiene una mejor capacidad para invertir en economía productiva que las empresas, pues no conoce cuáles son y dónde se encuentran los proyectos de inversión más lucrativos en tanto que la información de mercado se encuentra dispersa en el mercado, se manifiesta en el sistema de precios y se descubre a lo largo del tiempo. En este contexto, el mercado se encarga de premiar o penalizar las decisiones de los agentes económicos, pero el Estado, como no se ve vinculado a las normas del mercado, y puesto que tiene una gran capacidad de financiación gracias a la extracción de recursos de la población vía impuestos, podría mantener una inversión incluso a pesar de que ésta no sea rentable.
Y tercero, la justicia social ni es justa, ni tampoco es social. Por un lado, no es social porque en lo económico el orden de mercado lograr coordinar y asignar mejor los recursos disponibles, posibilitando un mayor bienestar material que el que puede garantizar a la larga la planificación central. Por otra parte, no es justa porque, frente a la justicia clásica, que se caracterizaba por ser ciega y "dar a cada uno lo suyo", la justicia social implica la discriminación de unos sobre los otros de acuerdo a la voluntad del gobernante.
Por lo tanto, la creación de una banca pública, en realidad, no ayudaría a aumentar la competencia en el sector bancario, ni tampoco a que se emprendiesen mejores proyectos de inversión, y mucho menos garantizaría una distribución más justa y moral de los recursos.