Yolanda Díaz cree que ha encontrado la fórmula para intentar que los ayuntamientos de izquierdas revienten la defensa de la propiedad privada y el alquiler de Isabel Díaz Ayuso. Sumar busca una reforma que dé poder a los alcaldes de izquierdas para aplicar los planteamientos comunistas de la ley del suelo impulsada por Pedro Sánchez pasando por encima del Gobierno regional y su defensa de los propietarios y la propiedad privada.
Sumar ha elaborado una propuesta para intentar provocar una revuelta de alcaldes de izquierdas contra la política de vivienda de Ayuso. No son muchos, pero algunos son. El PP ha logrado 114 alcaldías en la Comunidad de Madrid, el PSOE 32, las formaciones independientes o vecinales 28, los partidos de izquierda aún más radical 3, la formación Contigo uno y Vox la Alcaldía de Rascafría. Y Sumar quiere que todos ellos puedan adoptar la política comunista de desprotección a los propietarios de las viviendas en alquiler pasando por encima del Gobierno regional. Es más, ni sería exclusivo de Madrid. Yolanda Díaz quiere lo mismo en el resto de territorios del PP que se han negado, en uso de sus potestades, a incorporar las normas de viviendas en zonas "tensionadas", como le llama la izquierda.
Sumar quiere que el Gobierno del que forman parte presente "una reforma de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que establezca que los entes locales puedan instar subsidiariamente la declaración de una zona de mercado residencial tensionado cuando se cumplan los requisitos y la comunidad autónoma no lo haya declarado pasados seis meses de la petición". Su objetivo es que, "transcurrido el plazo de seis meses sin resolución autonómica expresa, el ente local solicitante quedará encargado de establecer en nombre de la comunidad autónoma correspondiente, la regulación del área tensionada propuesta". Traducido: pasar por encima de las competencias autonómicas en esta materia.
Sumar señala que "el 23 de mayo de 2023 el Consejo de Europa alertaba de una crisis estructural del acceso a la vivienda en el Estado español. La realidad en materia de vivienda es alarmante. Da igual que hablemos de vivienda pública, de precios del alquiler y de compra, de familias empobrecidas o de emancipación juvenil, que la evidencia muestra la enorme dificultad para acceder a una vivienda". Lo dicen después de que este resultado sea el provocado por sus políticas de vivienda.
El documento de Yolanda Díaz prosigue: "La vivienda pública está bajo mínimos, con un 2,5% de stock. Los precios de la vivienda siguen disparados, más de un 60% de subida en la última década. Las familias empobrecidas siguen a la deriva y la emancipación juvenil permanece hundida, superior a los 30 años de edad". Y, señala ya territorios de forma directa, "la Comunidad de Madrid, Cataluña, Euskadi, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana encabezan las comunidades autónomas con mayor número de zonas de mercado tensionado".
Sumar recuerda que "la reciente aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, dota a las comunidades autónomas de algunos mecanismos para poder contener el incremento de los precios de la vivienda, como es la declaración de zona de mercado tensionado, lo cual supondría una limitación al incremento de los precios de alquiler, así como la consideración como ‘gran tenedor’ de los propietarios con más de cinco inmuebles, entre otras medidas".
Lo cierto es que esa norma ha contribuido a disparar los precios y reducir la oferta de alquiler de forma drástica. Pero Sumar quiere insistir en su falsa receta: "Para la habilitación de este instrumento contemplado en la ley, es necesario que sean las Comunidades Autónomas quienes, en el ejercicio de sus competencias, establezcan la declaración de zona de mercado tensionado siempre que se cumpla al menos uno de estos dos requisitos: I) que el coste medio de la hipoteca o el alquiler superen el 30% de los ingresos medios de los hogares de esa zona, II) que el precio de compra o alquiler en los últimos cinco años haya subido al menos 3 puntos porcentuales por encima del crecimiento acumulado del IPC en la comunidad autónoma". Y la misma ley "deja manos libres a las Comunidades Autónomas para declarar las zonas de mercado tensionado, según su voluntad política, incluso teniendo municipios que cumplan los requisitos marcados por la ley para ser declarada zona de mercado tensionado".
Por todo ello, Sumar pretende reformar la "Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda para que la declaración de zona de mercado tensionado sea de obligado cumplimiento, otorgando la competencia subsidiaria a los entes locales para declarar zonas de mercado tensionado en caso de que la comunidad autónoma no lo haya hecho, asegurando así un común denominador normativo, a partir del cual pueda cada comunidad autónoma, en defensa de su propio interés, podrá introducir las peculiaridades que estime convenientes dentro de su marco competencial".