Sorpresa entre los ayuntamientos del PP de la Comunidad de Madrid por las inesperadas cartas que vienen recibiendo desde hace algunos días. La emisora es la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, y en la misiva les invita a crear un frente común para intervenir los precios de los alquileres en cada uno de sus municipios.
"Las dificultades de acceso a una vivienda digna" en Madrid "es una realidad constatada y acrecentada en los últimos años" señala la socialista, que ha enviado la misma carta a los 178 municipios que conforman la región. La Ley de la Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, "dota a las Comunidades Autónomas de mecanismos que posibilitan poder intervenir el mercado inmobiliario, conteniendo el incremento de los precios de la vivienda. Uno de estos mecanismos es la declaración de zona de mercado residencial tensionado, lo que permitiría limitar el incremento de los precios" recuerda.
La pelota, en el tejado de las CCAA del PP
Como la vivienda es un área de competencia autonómica, deben ser las CCAA las que decidan si declaran parte de sus territorios como "zonas tensionadas" o no. Las autonomías del PP ya han asegurado que no piensan llevar a cabo este atentado contra la propiedad privada, lo que convertiría en papel mojado a la Ley de Vivienda en estos territorios.
Y es que, solo cuando se produzca esta declaración de "zona tensionada" autonómica, los territorios podrán aplicar el Índice de Precios de Referencia del alquiler creado por el Gobierno arrebatándole el derecho a los propietarios de cobrar por sus viviendas lo que consideren oportuno.
Fuenlabrada y Getafe también quieren intervenir
La socialista cuenta que "dado que el Alcorcón como en otros municipios de la Comunidad de Madrid se cumplen los requisitos para ser declarado zonas de mercado residencial tensionado (...), el Pleno de esta corporación solicitó a la Comunidad de Madrid la elaboración del proyecto" para intervenir los precios.
Fuentes de la Comunidad de Madrid señalan que, además de Alcorcón, Getafe y Fuenlabrada (ambos del PSOE), también han solicitado autorización para declarar a sus municipios "zona tensionada", ya sea a través de "carta o bien remitiendo a la Consejería las mociones en sus respectivos Ayuntamientos".
Torrelodones y Boadilla, contra Alcorcón
Sin embargo, ante la negativa del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de poner en práctica la norma del Ejecutivo de Sánchez, la alcaldesa de Alcorcón tiene otro plan: liderar una Comisión "compuesta por los alcaldes de otros municipios para presentar una Proposición de Ley reguladora del procedimiento de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/1986, de 25 de junio de iniciativa legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid". Para ello, la socialista insta a todos los alcaldes madrileños a que se unan a su iniciativa.
Sin embargo, la alcaldesa de Alcorcón ya se ha encontrado con dos fervientes opositores. Una es la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, que le ha enviado a Testa una contundente respuesta rechazando sumarse al plan.
Declarar Torrelodones "zona tensionada" supondría "aplicar aún más de lo que ha causado el mal", señala la regidora. "Te recuerdo que la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido recurrida por la Comunidad de Madrid por ser una ley contraria a la libertad de mercado y la propiedad privada, base de las sociedades libres. Su entrada en vigor, pese a las nefastas experiencias previas de Berlín o París, ha supuesto una reducción del 25% de la oferta de alquiler, que ha subido sus precios. Jamás hubo menos oferta de viviendas en alquiler en el portal Idealista que desde que entró en vigor el disparate de la Ley de Vivienda de Sánchez" añade Negro.
Tengo por costumbre contestar las cartas que recibo. Por eso he contestado a la carta de la alcaldesa de Alcorcón. pic.twitter.com/sXf0oC8lwx
— Almudena Negro 🇪🇸 🇩🇪 (@almudenanegro) May 10, 2024
"Es lo habitual del socialismo: prometer recetas milagrosas que acaban en desastre y consiguen el resultado contrario al perseguido. El 95% de la vivienda en alquiler española pertenece a pequeños propietarios. Este perfil de casero es el que más garantías necesita para decidir poner su inmueble en el mercado. Y al que dejáis atrás. Ir contra la propiedad privada siempre supone empobrecer a la clase media y baja. La vivienda es la hucha de las familias. Y tu propuesta supone imponer, desde la fatal arrogancia propia del socialismo, a esas familias qué tienen que hacer con la propiedad que con el fruto de su trabajo han adquirido. El control socialista de precios no solo no es la solución, sino que es inaceptable e inmoral. Con respecto al índice de precios de referencia y a la declaración de zonas tensionadas, otro ataque a la propiedad privada, debo de mostrarte mi frontal oposición" responde la regidora de Torrelodones.
Otro alcalde que ha dado la espalda a la idea de Candelaria Testa es Javier Úbeda, de Boadilla del Monte. Úbeda explica que Boadilla no se unirá a una normativa que "maltrata al propietario, desincentiva la inversión, protege al okupa, castiga el ahorro y dificulta el acceso a un hogar a todos aquellos que carecen de él".
Para el alcalde, el Índice de Precios Estatal se ha decidido "sin un mínimo estudio y análisis del impacto sobre la oferta de vivienda y el precio de los alquileres". Es más, desde que está en vigor la nueva ley, la oferta de alquiler se ha reducido y se ha encarecido, consiguiendo todo lo contrario de lo que pretendía", recuerda también. En este sentido, Javier Úbeda propone a su homóloga varias alternativas para facilitar el acceso a la vivienda en Alcorcón, como el desarrollo de todo el suelo residencial de la ciudad, como Alcorcón Norte o Retamar de la Huerta.
🔴 La alcaldesa de Alcorcón, que está al servicio de Pedro Sánchez, me ha solicitado por carta que intervenga el mercado inmobiliario de Boadilla.
Mi respuesta ha sido clara: NO ❌
En este escrito os dejo los motivos 📝
📰 https://t.co/kYsY7hqibG pic.twitter.com/zpEue6fKFJ
— Javier Ubeda Liébana (@jubedal) May 10, 2024
Fuentes autonómicas van en la misma línea que sus alcaldes e insisten en que "en la Comunidad de Madrid no creemos en la declaración de zonas tensionadas ni ninguna medida con intencionalidad intervencionista, porque ataca el derecho a la propiedad privada, invade las competencias que le son propias a las CCAA y en definitiva, son iniciativas que hacen subir los precios y que se reduzca la oferta" añaden. Cabe recordar que la Comunidad de Madrid tiene recurrida la Ley de Vivienda de Sánchez, "precisamente, por invasión de competencias" destacan.