Yolanda Díaz es consciente de que, más pronto que tarde, alguien reclamará las prometidas e inexistentes nuevas viviendas sociales que aireó el Gobierno de Pedro Sánchez. Nada menos que 20.000 nuevos pisos. Y quiere acelerar la creación de viviendas públicas para evitar una fuerte crítica interna. Y externa. Su idea es que se acelere la cesión de suelo de Defensa, pero lo más llamativo es que lo ha hecho señalando que su destino podría ser el de crear vivienda social, pero también el de albergar "equipamientos, uso ambiental, centros de interpretación u observación, o fines culturales".
Sumar ha reclamado a su propio Gobierno que establezca ya "convenios de cesión de uso con ayuntamientos, entidades locales, supramunicipales y autonómicas de los terrenos y bienes inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa, o la transmisión de los mismos, dentro de las modalidades que prevé la normativa especial de ese Ministerio en materia de Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuyo destino sea de uso social, como vivienda pública o equipamientos, uso ambiental, como centros de interpretación u observación, o fines culturales". No sólo vivienda social.
Y eso significa que el interminable plan de desarrollar 20.000 pisos sociales contará a partir de ahora con competencia de los propios destinos de metros a "equipamientos, uso ambiental, centros de interpretación u observación, o fines culturales".
Sumar ha planteado varios ejemplos. El primero es el de la "base militar de Loran de Estartit (Bajo Ampurdán)". "Los terrenos en los que está asentada eran propiedad del Ministerio de Defensa desde 1961, y con anterioridad fueron municipales. En desuso desde 1995, la base fue una estación de emisión de radionavegación para el mar Mediterráneo, con gestión estadounidense y que entró en funcionamiento el mismo año en que el Ministerio tuvo la propiedad. Desde el año 2015, el Ministerio puso estos terrenos y la base en subasta hasta en cuatro ocasiones, la primera por un valor de casi 600.000 euros, bajando el precio en subastas posteriores", explica.
Finalmente, "un particular compró el pasado año el terreno y, a raíz de la presión y las voces de entidades del territorio y ecologistas, así como del Ayuntamiento", la Generalidad anunció su recompra, por 468.000 euros, a través del mecanismo del derecho al retracto. El objetivo, según anunció el Gobierno catalán, es que la finca sea parte de las instalaciones del parque natural, como almacenes o espacios para actividades.
Otro caso citado por Sumar es el de La Clota, "propiedad del Ministerio de Defensa. Se trata de una pineda, unos terrenos que delimitan el parque de las Islas Medas en primera línea de mar, que no han sido todavía explotados al contrario que su entorno, de manera que en su mayoría conserva su vegetación primitiva (bosque mediterráneo sobre todo pinares y matorral bajo, según el pliego de condiciones técnicas y legales elaborado por el Ministerio de Defensa, en el que se prevé la construcción de un complejo hotelero. El precio de licitación de su cuarta subasta supera el millón de euros".
Y el partido de Yolanda Díaz afirma que "más allá de los procedimientos establecidos para la obtención y gestión del patrimonio de las administraciones públicas en la legislación vigente […], así como todas aquellas normativas de desarrollo competencial autonómico, se hace necesario, en el contexto actual, que el Gobierno establezca nuevos criterios que ayuden a priorizar las cesiones de aquellas propiedades titularidad del Estado en desuso continuado, facilitando así la cesión interadministrativa para un uso social".