La formación de los ministros colocados por Sumar en el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de reaccionar a una realidad que su propio Ejecutivo no admite públicamente. Sumar ha presentado una reforma legal para actuar contra la fuga de empresas. Y es que, desde la llegada de Sánchez al poder hasta el año 2022 se han perdido 90.000 empresas en España. El plan supone un bloqueo de facto a la posibilidad de salir de España, lo que incrementará el miedo a invertir en nuestra economía.
El texto legal presentado por Sumar afirma que "el proceso de internacionalización económica y la presencia de las empresas en el mercado exterior se ha relacionado con factores de estabilidad y crecimiento económicos. Sin embargo, la creciente globalización propicia también otros fenómenos, como la deslocalización de empresas, que tienen consecuencias negativas sobre el tejido productivo y el mercado de trabajo".
Sumar no habla de las 69 subidas de impuestos acumuladas por el Gobierno del PSOE. Ni de las continuas subidas del SMI. Ni de la carga burocrática disparada en los últimos años. Ni de la inseguridad jurídica generada en el mundo de la empresa y de la misma propiedad. Ni de los más de 100.000 millones de incremento fiscal recaudatorio desde 2018, año de la llegada de Sánchez al poder.
"Estas deslocalizaciones persiguen una reducción de los costes empresariales mediante el traslado de ciertas actividades productivas, usualmente intensivas en mano de obra, hacia terceros países que cuentan con sistemas regulatorios débiles en materia fiscal, de seguridad industrial o laboral, o donde se produce una laxa supervisión de su cumplimiento efectivo", afirma Sumar.
La norma tiene sus particulares fobias, porque menciona a Sekurit, Zara o H&M. Y señala que "resulta necesario establecer medidas concretas que protejan empleos y condiciones de trabajo" porque "desde hace algunos años, estamos viviendo en España diversas situaciones que podrían calificarse de ingeniería mercantil-laboral, a través de las cuales empresas de mediano y gran tamaño pretenden eludir sus responsabilidades de toda índole".
Sumar detalla su norma y señala que "la venta de unidades productivas con la intención de deshacerse de la plantilla y evadir responsabilidades de todo tipo podría ser considerada una forma de elusión o evasión de las normativas laborales y de responsabilidad social corporativa preconizadas por Europa, resultando imperativa una normativa que permita asegurar la coherencia con los estándares europeos y evitar abusos por parte de las empresas". Y afirma que, "desde la perspectiva de una economía sostenible, saneada y justa socialmente, es necesario promover un entorno empresarial que fomente la creación de empleo, el respeto por los derechos laborales y la equidad en las relaciones laborales".
Así, "la norma incluye un artículo único con dos puntos, a través del cual se incorporan sendas disposiciones adicionales en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: […] Con la disposición adicional vigesimoctava se pretende impedir a las empresas que decidan el traslado de su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte del de los Estados miembros de la Unión Europea o del de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la adopción de despidos colectivos y extinciones de contratos por las causas objetivas, de modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo y de inaplicaciones de las condiciones de trabajo previstas en convenios colectivos vinculadas a estos traslados".
Es más, "si hubieran sido beneficiadas en los cuatro años previos de medidas ligadas a uno o varios expedientes de regulación temporal de empleo o a la aplicación del Mecanismo RED, se verán obligadas a reembolsar tales beneficios".
La disposición adicional decimonovena "pretende, por su parte, garantizar la transparencia en los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas, proporcionando información detallada a la plantilla y permitiendo su participación en las discusiones y acuerdos que se alcancen entre la compradora y la vendedora". De esta manera, según Sumar, "se fortalece el principio constitucional de democracia en la empresa, al tiempo que se salvaguardan los derechos y el bienestar de las personas trabajadoras en situaciones de crisis empresarial".
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