Claudia Sheinbaum se ha convertido en la primera mujer presidenta de México. Nacida en la capital del país en 1962, en el seno de una familia de origen lituano y búlgaro, sus vínculos con la extrema izquierda vienen de lejos, puesto que sus padres estaban estrechamente vinculados con el Partido Comunista. En la misma línea, su primer marido, Carlos Imaz Gispert, fue uno de los miembros fundadores del PRD, que durante muchos años fue el partido de referencia de los socialistas mexicanos.
Ingeniera medioambiental y física de profesión, en el año 2000 entró en el gabinete del entonces gobernador de la Ciudad de México y hoy presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se convierte en su principal valedor. La propia Sheinbaum ha ocupado este cargo desde mediados de 2018 hasta junio de 2023, cuando abandonó dicho cargo para participar en las primarias de la coalición Juntos hacemos historia, que se alzó con una contundente victoria en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 2 de junio y asumirá el cargo en 2025, a la conclusión de la presente legislatura.
El proyecto presidencial de Sheinbaum gira en torno a numerosos compromisos de gasto social, así como a un fuerte anual del salario mínimo, que tiene previsto elevar a una tasa anual del 11%. Asimismo, Sheinbaum hereda un déficit público cercano al 6% del PIB, una gigantesca brecha fiscal que la futura dirigente pretende enfrentar "con austeridad republicana y aumentando la recaudación".
Los documentos programáticos de Sheinbaum hablan asimismo de otras medidas económicas entre las que se incluye una reforma de las pensiones, un mayor impulso a instituciones financieras de titularidad pública como el Banco del Bienestar o el Banco del Desarrollo y la "promoción de proyectos de infraestructuras como el Tren Maya, el Tren Interoceánico o la refinería Dos Bocas".
Cercana a los movimientos indigenistas y de los grupos ecologistas, Sheinbaum también pretende "acelerar la transición energética" y ha propuesto crear "cien nuevos parques industriales para impulsar la relocalización de empresas". No ve con buenos ojos la colaboración público-privada, de modo que pretende "revisar los costes" de dichos acuerdos". Asimismo, propone "un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible".
Parece evidente, pues, que la nueva presidenta electa no tiene una retórica socialista tan incendiaria como la de otros dirigentes latinoamericanos – pero sería un error dar por buena una campaña que se ha basado precisamente en mantener un perfil ideológico totalmente plano en el que se ha dejado casi a un lado la discusión económica. Sheinbaum ha cultivado, pues, una retórica buenista que recuerda incluso a la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con quien la propia Sheinbaum tenía buena sintonía.
El último Índice de Libertad Económica asigna a México una calificación de 62 puntos sobre 100, con una puntuación especialmente baja en lo referido a la integridad del gobierno (29 puntos), la eficacia judicial (39,4 puntos), los derechos de propiedad (46,5 puntos), la flexibilidad laboral (58 puntos), la libertad financiera (60 puntos), la política monetaria (68,3 puntos) o la estabilidad de las cuentas públicas (66,9 puntos).
La calificación de México en el ILE rozaba los 55 puntos en la segunda mitad de los años 90, pero subió hasta situarse cerca de los 70 puntos en 2010. Esta calificación se fue erosionando a lo largo de la década pasada y bajó con fuerza bajo la presidencia de AMLO, hasta llegar a los 62 puntos que ahora hereda Sheinbaum.