El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado su informe "La libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica 2024", elaborado en colaboración con la Fundación Heritage. Según el citado estudio, nuestro país ocupa el puesto 55 de 184 en el ranking global de libertad económica, una posición relativamente baja en comparación con otras economías desarrolladas.
La pésima calificación recibida se atribuye prinicpalmente al gran tamaño del Estado y al desequilibrio de las finanzas públicas, dos epígrafes en los que nuestro país sale especialmente mal parado. En el ámbito de la libertad de empresa, España se sitúa en el puesto 24 de 43 países desarrollados.
El ILE 2024 otorga a España una puntuación de 63,3 puntos sobre 100, colocándola en el puesto 31 de 38 del ranking de países de la OCDE. Esta puntuación es un 9,7% inferior a la media de los países desarrollados y un 23,7% inferior a la de Suiza, que encabeza la citada clasificación. En comparación con el resto de la Unión Europea, España ocupa el puesto 23 de 27, habiendo descendido en una posición respecto al año anterior.
Así pues, el estudio destaca que "nuestra puntuación evoluciona a peor en comparación con 2023, retrocede significativamente en relación con 2019 y no experimenta mejoras relevantes durante los treinta últimos años. De hecho, el de 2024 es el peor resultado de nuestro país en el Índice desde el año 1998 y el quinto peor registro de toda la serie histórica".
Ineficiencia pública
Las principales debilidades identificadas en el informe son la elevada deuda, la ineficiencia del gasto público, la falta de efectividad judicial, las carencias en materia de buen gobierno y la fuerte carga impositiva. Estas variables, la mayoría relacionadas con el tamaño del Estado, son los principales puntos débiles de la economía española. En contraste, la Vieja Piel de Toro supera la nota media de la OCDE en otros campos como la estabilidad monetaria, la apertura comercial o la facilidad inversora, tres aspectos muy ligados a la BCE.
El informe también analiza la intervención del sector público en la economía, concluyendo que la mayor presencia del componente público en la actividad empresarial obstaculiza la eficiencia y la asignación de recursos en el mercado. Los datos de la Central de Balances del Banco de España para 2022 muestran que las empresas privadas presentan mejores resultados en eficiencia que las públicas. De hecho, la brecha de eficiencia en la utilización de capital es del 62%, y en productividad laboral es del 32%.
Asimismo, el informe destaca la falta de equidad en la redistribución de transferencias públicas en España, que favorecen más a los tramos de rentas más elevadas, en comparación con otros países avanzados. Reajustar estas políticas podría mejorar la equidad y eficiencia del gasto público, reduciendo la pobreza y fomentando la inversión empresarial y la creación de empleo.
El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han subrayado la importancia de mejorar el marco regulatorio para fomentar la inversión y la innovación empresarial y, de esa forma, asegurar un crecimiento económico sostenido y una mayor libertad económica en España.