Menú

El Congreso aprueba el último golpe a la vivienda: suspende los desahucios de hipotecados "vulnerables" hasta 2028

A pesar de las críticas de Vox y PP, que exige una ley antiokupación, la medida ha sido aprobada por unanimidad.

A pesar de las críticas de Vox y PP, que exige una ley antiokupación, la medida ha sido aprobada por unanimidad.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto a Ione Belarra | EFE

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves por unanimidad el decreto ley que prorroga hasta 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios de vivienda habitual. La medida servirá para proteger a aquellas familias en situación de "especial vulneranibilidad", pero también hará que los bancos sigan manteniendo sus elevadas exigencias a la hora de conceder una hipoteca ante el temor a un impago que les impida ejecutar su deuda.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que se trata de una medida necesaria en un escenario de incertidumbre sobre unos tipos de interés que pueden encarecer el precio de la hipoteca. Sin embargo, y a pesar de contar con el voto a favor de todos los partidos, PP y Vox han alertado de las consecuencias de una medida que,según auguran, no pondrá fin a los graves problemas de vivienda que existen en España.

"Pura procastinación política y un parche que además puede volverse muy doloroso para las clases populares", ha advrtido el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, quien ha recordado que lo que realmente tiene que hacer el Gobierno es crear las condiciones para que la gente pueda tener una vivienda y que así pueda aumentar el número de propietarios que hay en nuestro país. Igualmente crítico se ha mostrado el portavoz del PP, Joan Mesquida, que ha aprovechado la ocasión para cargar contra la Ley de Vivienda y exigir una ley antiokupación que permita desalojar a los okupas en un plazo de 24 horas.

El peligro de la inquiokupación

Aunque la suspensión de los desahucios hoy prorrogada se refiere únicamente a los hipotecarios, el Gobierno también ha prohibido los relativos al mercado del alquiler hasta el próximo mes de diciembre, una medida que ha contribuido a la proliferación de la llamada inquiokupación, aquella protagonizada por inquilinos que dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda. Ambas medidas forman parte del llamado "escudo social" aprobado en 2020 para tratar de paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus. Sin embargo, a pesar de que hace tiempo que la pandemia se dio por concluida, el Ejecutivo las ha ido prorrogando una y otra vez para la desesperación de las víctimas de la okupación.

El Gobierno se escuda en que la suspensión de los desahucios únicamente afecta a personas en situación de "especial vulnerabilidad", pero lo cierto es se trata de un requisito muy fácil de burlar. No en vano, cada vez son más los propietarios que denuncian que el Estado les obliga a mantener a okupas que, sin embargo, trabajan en b y que, en muchos casos, incluso viven mejor que ellos.

La razón es que "apenas se comprueba nada", ya que "los Servicios Sociales no tienen recursos para hacer un buen estudio", explica Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, quien insiste en que incluso aunque de verdad esas personas no tuvieran ingresos, no son los particulares los que tienen que hacerse cargo de su situación. En esta línea, cada vez son más los propietarios que alzan la voz para denunciar la injusticia que supone que el Estado les utilice como "escudo social", cuando son las administraciones las que deben buscar una alternativa habitacional a todos aquellos a los que consideren vulnerables.

Temas

En Libre Mercado

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Biblia Ilustrada
    • Libro
    • Curso