La contraposición del título no es nueva. Tampoco es nueva su disyuntiva, que muchos plantean como si de una opción neutra se tratara: "¿Regulación o mercado?", cuando, los avances en regulación implican retrocesos en el mercado.
Lo hago, además, con absoluta convicción, por diversas razones, pero esencialmente por dos de ellas: una, porque, Dios creó al hombre libre, tanto, que hasta permitió que pudiera ofenderle desobedeciendo sus mandatos –recuerden el árbol de la fruta prohibida que no debían comer–.
La libertad está inserta en nuestra dignidad inalienable, titular de todos los derechos humanos, que ningún mortal puede negar, ni tampoco conceder. Renunciar a la libertad, más aún, renunciar a la dignidad es tanto como renunciar al carácter de persona. ¡Cómo rechazamos la esclavitud!
La otra razón deviene de la experimentación político-social. En ningún momento, pero menos aún en el siglo XXI, confiar que la regulación pública –no regulación del Estado, porque el Estado ni habla ni publica decretos, son personas las que lo hacen– puede resolver los problemas económicos de una comunidad, mejor que el mercado, es confiar en lo inexistente.
Implicaría suponer que los reguladores están dotados de inteligencia excepcional, intuición para analizar los problemas, y sagacidad para resolverlos, además de ser ángeles desprovistos de intereses espurios. Condiciones que no se hallan en el pueblo soberano, y tampoco en los reguladores.
Nunca he visto una regulación tan virtuosa; al contrario, suele plantear problemas adicionales. Bien es verdad que, alguien –singular o plural–, puede o pueden ser beneficiarios de la regulación. ¿Quienes? Los reguladores: gobiernos, allegados a la función pública, y alejados, a los que pretenden acercar, para satisfacer intereses privativos; nada que ver con el interés común.
El sanchismo ha conseguido esclavizar a los españoles bajo la palabrería de eso que llama progresismo; vocablo equívoco, que supone retroceder en lugar de avanzar. Así, hablando de libertad, y concretamente de libertad económica y empresarial, hemos retrocedido veinte puestos, hasta el puesto 55 de la OCDE, diez puntos por debajo de su media, y a nueve puntos por debajo de la media de la U.E.
Nada distinto cabía esperar, de un crecimiento desmedido del gasto público, con una euforia reguladora de actividades que desconocen, generando, eso sí, una inseguridad jurídica destructiva para la economía de la Nación.
Ministros/as que no han sido capaces de gestionar su parcela política, amanecen, cada día, con nuevas normas procedimentales o nuevos tributos para contribuyentes determinados; un día bancos, otro energéticas…
La ministra Díaz, muy ocurrente en la materia, se ha fijado ahora en la distribución, proponiendo un impuesto sobre los supermercados, además de incrementar el IBI –impuesto municipal–, para inmuebles de los ricos…
Una torpeza en la regulación, tiene fuerza ejecutiva, con independencia del error. En un mercado libre, el error lo sufre quien lo comete, y cuando se mantiene es porque hay un poder que lo regula; o sea, que no era tan mercado.
¡Qué sana envidia, contemplar a Dinamarca, Australia, Irlanda, Luxemburgo, Suiza… los cinco países (O.C.D.E.) con mayores índices de libertad! Motivos tienen para sentirse más humanos, por más libres.