El gobierno de la República Dominicana que encabeza Luis Abinader quiere que su homólogo español, Pedro Sánchez, le brinde su aval para eliminar el visado turístico que deben obtener los ciudadanos del país caribeño si desean visitar España o cualquier otro país de la Unión Europea y el Espacio Schengen.
Además de Sánchez, Abinader quiere seducir a Luis Montenegro y Giorgia Meloni para que los países del Arco Mediterráneo sirvan como sus principales valedores ante las instituciones comunitarias. Sin embargo, su principal objetivo es lograr el beneplácito de Sánchez para llevar este asunto a Bruselas y lograr un tratamiento más favorable.
De momento, el gobierno de Abinader ha filtrado el beneplácito que Sánchez habría dado ya a estos planes. De hecho, el portal especializado Schengen News señala que el mandatario dominicano considera que tiene asegurado el "OK" de los gobiernos de España y Portugal, de modo que su próximo objetivo es convencer al Ejecutivo transalpino y cosechar después un visto bueno de Alemania y Francia.
En 2023, España recibió 32.068 solicitudes de Visado Schengen por parte de dominicanos. Nuestro país aparece en primera posición de tales reclamos, seguido de Italia, con 7.314, y de Francia, con 5.166. Sin embargo, resulta especialmente llamativo que el 25,8% del total de solicitudes de visado formuladas desde el país caribeño fueron rechazadas por las embajadas europeas.
Evidentemente, en algunos de estos casos se puede tratar de meros errores de papeleo en la tramitación de los expedientes por parte de los solicitantes, pero lo cierto es que el porcentaje de rechazos resulta muy llamativo, puesto que la tasa media de rechazo para el conjunto de la UE ronda el 15%. Por lo tanto, el "no" es diez puntos más frecuente en el caso de las peticiones formuladas por dominicanos.
Débil salvaguardia de derechos fundamentales
Mientras el gobierno de Pedro Sánchez se prepara para valorar una propuesta formal y ponderar si mantiene el "sí" que habría dado informalmente a las peticiones del gobierno de Abinader, el gobierno de Estados Unidos ha endurecido notablemente el tono de sus críticas y alertas en relación con la situación del país caribeño.
De hecho, en su más reciente informe país dedicado a República Dominicana, el Departamento de Estado alerta de que la isla está viviendo una disminución significativa de las salvaguardias a los derechos humanos, especialmente por acciones de las autoridades encargadas de gestionar la política migratoria del país y la seguridad de las cárceles. El gobierno dominicano consideró que el informe país dedicado a República Dominicana en 2023 era "agresivo" e "infundado", de modo que las relaciones con Washington no pasan por su mejor momento.
A esto hay que sumarle otras polémicas, como la indignación que ha generado en la región el fallecimiento de un preso natural de Aruba en una cárcel dominicana o la publicación de un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-DR) que advirtió de que el 80% de las personas que están en situación de privación de libertad no han recibido ninguna sentencia condenatoria y son simplemente detenidos que esperan una sentencia entre rejas (o, en el 5% de los casos, se trataría de ciudadanos que ni siquiera están formalmente acusados de ningún delito).
Este último punto ha sido criticado reiteradamente por Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Asimismo, juristas como Ernesto Chiesa o Henryy Padilla han afirmado que la débil institucionalidad del país caribeño ha terminado permeando una cultura indiscriminada en las actuaciones penales. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, esta circunstancia se traduce en retenciones carcelarias muy largas, de hasta dieciocho meses, a la espera de juicios que también pueden retrasarse durante años, habida cuenta de la lentitud con la que se resuelven los litigios.
Pero la cosa no acaba ahí. El pasado mes de noviembre, el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que las acciones tomadas por el gobierno dominicana contra Jean Rodríguez Sánchez, Fiscal General del país caribeño entre 2016 y 2020, violaron numerosos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como respuesta, las autoridades dominicanas denunciaron el "chantaje" que, en su opinión, estaba sufriendo el país.
Asimismo, y volviendo a la cuestión de las prisiones, llama la atención que los mismos medios de comunicación que han informado de la precaria situación de las cárceles de países latinoamericanos gobernados en la actualidad por la derecha, caso de Ecuador o El Salvador, no han prestado atención alguna a la situación de República Dominicana, donde los centros de privación de libertad están operando al 200% de su capacidad y se han llegado a dar situaciones límite como el incendio de La Victoria.
A esto se suman unas condiciones de habitabilidad difícilmente explicables, según las cuales no se garantiza ni una cama a los reclusos. No sorprende, pues, que se hayan sucedido revueltas en los presidios de Higüey, Samaná, Barahona… En resumen, un panorama que difícilmente puede ser ignorado a la hora de abordar acuerdos bilaterales.
Prevención del narcotráfico
La República Dominicana también está en el punto de mira internacional por el tráfico de drogas como la cocaína, la heroína, el éxtasis o el fentanilo. El propio gobierno de Abinader estima que, entre 2021 y 2023, las incautaciones de estas sustancias se han situado en el entorno de los 104 millones de toneladas.
Estas actuaciones incluirían la confiscación de 2.700 millones de dólares a las bandas narcotraficantes del país y más de 280.000 operaciones. Obviamente, el Ejecutivo dominicano presenta estos datos como aval de su gestión, pero a nadie escapa que un actor con niveles tan altos de actividad en el narcotráfico (y con una tasa de rechazo de visados diez puntos superior al promedio) puede no ser el candidato óptimo para un programa de concesión automática de los permisos de viaje.
La situación geopolítica también es relevante. En marzo de 2024, la República Dominicana se abstuvo de votar en una resolución de la Oficina de Drogas y Criminalidad de Naciones Unidades centrada en prevenir y responder a sobredosis derivadas del consumo de drogas. Esta abstención, junto con los votos negativos de China y de Rusia, supuso un extraño y preocupante alejamiento con respecto a la posición fijada por Estados Unidos y la Unión Europea, algo especialmente negativo en un asunto crítico para las relaciones con el país caribeño.
La sombra de la corrupción
La falta de confianza en las instituciones y la prevalencia de la corrupción es otro problema que viene de lejos y que la República Dominicana no termina de solucionar. En la actualidad, aparece relegado al puesto 108 del listado de Transparencia Internacional que jerarquiza a los distintos países según su ausencia o presencia de corrupción. Obtiene una nota de 35 puntos sobre 100, una calificación paupérrima que se sitúa casi tres veces por debajo del país europeo con mejor evaluación (Dinamarca, con 90 puntos).
En relación con el párrafo anterior, a nadie escapa que algunos de los escándalos de corrupción que han afectado al gobierno español están vinculados con el país caribeño. Tanto en la Trama Koldo como en la investigación del Caso Rubiales, las pesquisas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han dado pie a las investigaciones judiciales en curso incluían evidencia de posibles operaciones ilícitas en la isla.
Por otro lado, también hay que recordar que República Dominicana es uno de los "hubs" operativos de Globalia. El conglomerado de la familia Hidalgo está en el punto de mira de la opinión pública a raíz del polémico "rescate" de su aerolínea Air Europa y de sus cuestionadas relaciones con los negocios de la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Incluso se ha llegado informar de casi 40 vuelos del avión oficial Falcon a la isla entre los años 2019 y 2023.
De modo que, a la luz de los hechos, la pretensión del gobierno de Abinader tiene un encaje muy complicado si se toman en cuenta criterios básicos como la seguridad ciudadana. Asimismo, el alineamiento de la política exterior estadounidense y europea con parámetros básicos de democracia, libertad y derechos humanos parece poner en tela de juicio el tipo de acercamiento que las autoridades dominicanas quieren tejer con el gobierno de Sánchez.