ERC ha llegado a la esencia pura de lo que la izquierda denomina como justicia social: que un colectivo viva a costa de otro. ERC acaba de exigir al Gobierno que conceda préstamos a las personas con menores ingresos con cargo a los impuestos de todos los demás. La pregunta obvia es qué ocurriría en caso de impago. Y la respuesta es igualmente obvia: que lo pagaría todo el resto.
ERC acaba de desvelar su plan económico. Al que se gana la vida con su trabajo se le cobran cada día más impuestos, como demuestra el incesante incremento de la recaudación de impuestos sufrido por la población, con el apoyo de los votos de ERC a las políticas sociales del PSOE. Al que se gana la vida mejor, se le suben aún más esos mismos impuestos o se le cobran nuevos tributos. Y al que no se gana la vida con su trabajo o se la gana mal, se le entregan préstamos con cargo al Estado, es decir, con cargo a todos los demás, para que pueda vivir bien.
El plan de ERC incluido en una proposición registrada en el Congreso exige a Sánchez "incrementar la presencia de cláusulas sociales puntuables para al acceso de personas físicas o jurídicas a líneas de préstamo o ayudas directas gestionadas y propias de la Administración General del Estado provenientes del instrumento excepcional de recuperación temporal Next Generation EU, ofreciendo prioridad a que hubieran empleado mediante contrato indefinido a tiempo completo en los 24 meses anteriores a la petición a
personas desempleadas de larga duración, provenientes de hogares sin ningún trabajador en activo o en situación de pobreza severa". Los fondos citados salen de los impuestos de todos los contribuyentes, con lo que el pagador final es fácil de adivinar.
La segunda exigencia de ERC pasa por la "creación de un fondo extraordinario con dotación económica suficiente de traspaso a las comunidades autónomas con competencia en el ámbito del trabajo y las relaciones laborales para poder desarrollar las acciones oportunas para combatir el desempleo de larga duración, el desempleo en hogares sin ninguno de sus miembros en situación de prestación efectiva de servicios y el desempleo en personas en riesgo o situación de pobreza severa".
ERC no reclama una rebaja de la carga fiscal o burocrática a las empresas para que puedan crear más empleo. Pero, pese a ello, señala que "el trabajo es uno de los grandes pilares para la plena autonomía de casi cualquier persona. Para todas aquellas personas que no han nacido con el privilegio de tener garantizadas sus necesidades materiales por la acumulación de capital familiar, históricamente, tener o no tener trabajo ha marcado la diferencia entre poder acceder o no a una vida en sociedad". La frase acierta en la necesidad de trabajo, pero parece olvidar que disparar el gasto público con préstamos personales no eleva el trabajo, sino la carga de todos los contribuyentes -consumidores y empresas, incluidos- con lo que, precisamente, se lastra la capacidad de crear trabajo.
"Para estas personas, que han constituido y constituyen una amplia mayoría de la sociedad, la posibilidad efectiva de vender la fuerza de trabajo a cambio de un salario ha venido suponiendo la única forma legal de cubrir sus necesidades básicas", afirma ERC. "Así, el trabajo se revela como un derecho constitutivo de tantos otros, siendo condición necesaria para el acceso al derecho a la salud, a la intimidad personal o a la seguridad, entre otros. Por desgracia, en la actualidad, debido a la devaluación de salarios reales, el trabajo no garantiza un nivel de vida digno, pero continúa configurándose como totalmente necesario para el sostenimiento del coste de la vida de las clases populares", añade el partido separatista.
Pese a ese análisis de la situación actual, ERC no asume ninguna crítica por su respaldo a las políticas fiscales que han traído ese resultado de la mano. Al revés: receta más de lo mismo: "Resulta urgente que el Estado asuma la responsabilidad de dar respuesta política a toda una serie de colectivos que alcanzan los centenares de miles de personas que están, hoy por hoy, sin capacidad de acceso al mercado de trabajo o en una situación de muy difícil empleabilidad. Esta realidad condena a miles de personas a una situación de extrema vulnerabilidad tanto en el presente como en el futuro y a un riesgo desmesurado de caer en situación de exclusión social", señala.
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