La justicia belga sigue los pasos de los tribunales británicos y autoriza el embargo de los ingresos económicos que obtiene el Reino de España a raíz de la gestión del tráfico aéreo. Estos caudales, canalizados por Eurocontrol a través de la empresa pública Enaire, quedarán ahora en manos de una de las compañías afectadas por el impago de los laudos que condenan a nuestro país al pago de más de 1.560 millones en concepto de indemnización por la retirada retroactiva de las primas renovables.
Ante el impago de dichas compensaciones, las más de 25 empresas afectadas han llevado al Reino de España ante los tribunales de distintos países. La justicia británica ya ha reconocido estas deudas y ha autorizado numerosos embargos de bienes y activos, incluidos la sede del Instituto Cervantes en Londres, una oficina económica dependiente de la Generalidad de Cataluña, la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias y el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.
Ahora, tras una petición formulada originalmente el pasado mes de mayo ante la Corte de Primera Instancia de Bruselas, la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica ha emitido un fallo con fecha 18 de junio en el que se autoriza el embargo reclamado por Blasket Renewable Investments, una de las 26 empresas afectadas por los impagos.
Fundamentos del fallo
En esta histórica decisión, el juez Degreef apunta que los artículos 1412 y 1539 del Código Penal de Bélgica abren la puerta al embargo de bienes de terceros países. Este mecanismo ha sido invocado por los acreedores para pedir el embargo de los ingresos que España esperaba recibir próximamente a través de la empresa pública Enaire, en concepto de la participación que corresponde a nuestro país sobre el total de ingresos que reparte Eurocontrol en concepto de tasas de gestión de control aéreo.
El fallo del juez Degreef concluye que "el denunciante posee un derecho de cobro que hace a España susceptible del embargo reclamado". Considera que "no hay duda de que España ha recibido la orden de realizar los pagos correspondientes que se derivan de unos procesos plenamente aplicables" y añade, de hecho, que "nada impide al Reino de España que pueda cumplir voluntariamente con su obligación de pagar a sus acreedores".
Considerando todo lo anterior, la justicia belga autoriza el embargo de los pagos que Eurocontrol debía realizar a Enaire y autoriza el cobro de más de 32 millones de euros por parte de Blasket Renewable Investments. A lo largo del ejercicio 2022, los pagos de Eurocontrol a Enaire se situaron en el entorno de los 582 millones de euros, de modo que el saldo mensual medio de dichas transferencias sería cercano a los 50 millones.
Para ser precisos, la deuda acumulada por el Reino de España con Blasket asciende a 32 millones de euros. La compensación original del caso Infrared ascendía a 28 millones de euros, pero a esta rúbrica hay que sumarle 4 millones en concepto de intereses de demora. Por otro lado, las condenas en costas que España ha tenido que abonar en relación con este caso superan los 4,6 millones de euros.
En busca de un acuerdo
El pasado mes de mayo, las más de 25 empresas afectadas por los impagos a las renovables revelaron que la suma de indemnizaciones, intereses de demora y condenas en costas sitúa el monto adeudado en el entorno de los 1.870 millones de euros, con un ritmo de incremento diario cercano a los 100.000 euros. Además de los embargos, España está lidiando con la amenaza de un procedimiento de default técnico que afecta a cuatro títulos de deuda pública y provoca un daño de hasta 7.340 millones sobre el conjunto de la economía española, en concepto de mayor riesgo e incertidumbre.
Las empresas afectadas desean llegar a un acuerdo con el gobierno y, en línea con una propuesta presentada el pasado mes de mayo en Madrid, plantean una solución constructiva que permita poner fin a los litigios y articular el pago de las obligaciones pendientes. Los afectados también abren la puerta a reinvertir en España, siempre que se reestablezca la seguridad jurídica.
Esta decisión de la justicia belga coincide con el esperado salto a Bruselas de la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del gobierno, Teresa Ribera. Las empresas afectadas consideran vital que Ribera facilite un acuerdo que despeje la situación y evite nuevos embargos.
Además de Bélgica, la justicia suiza y alemana se ha pronunciado recientemente contra España en relación con distintas aristas del problema generado por los impagos. Además, la justicia británica ha autorizado los embargos descritos anteriormente, mientras que la Corte Suprema australiana ha abierto la puerta a medidas similares. En Estados Unidos hay alrededor de diez procedimientos legales abiertos y uno de ellos celebró el pasado mes de febrero su primera vista oral, en la que la magistratura se mostró muy crítica con la postura de España.