Las compañías afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables en España han dado a conocer que las deudas acumuladas por el país debido al impago de los laudos condenatorios ya suman aproximadamente 1.870 millones de euros. Este anuncio se realizó durante la III Conferencia sobre Energía Renovable, Seguridad Jurídica e Inversión, celebrada en un céntrico hotel de Madrid. A lo largo del encuentro, las empresas extendieron una invitación al gobierno para buscar una salida negociada y explorar soluciones que permitan revertir la actual situación.
Durante el acto se reveló que España debe ya 1.562 millones de euros en concepto de indemnizaciones determinadas por arbitrajes internacionales, después de 26 condenas que afectan a grandes compañías del ámbito energético, como E.ON, Antin, NextEra, EDF, Toyota (Eurus) o RWE.
Desde octubre de 2022 hasta junio de 2024, la deuda acumulada en términos de laudos pendientes de pago ha crecido de 700 a 1.562 millones de euros, más que duplicándose.
A esta cifra se añade una obligación adicional, de 309 millones de euros, derivada de la acumulación de intereses de demora (158 millones), condenas en costas (80 millones) y honorarios dedicados a la contratación abogados y consultores (71 millones), lo que eleva la factura total de la controversia hasta los 1.870 millones.
Las empresas afectadas informaron que se han abierto un total de cuatro procedimientos judiciales en el Reino Unido con el objetivo de embargar bienes del reino de España para resarcir a los acreedores. Asimismo, hay cuatro procedimientos más en marcha en Australia, amén de catorces instancias de registro en curso en Estados Unidos y un laudo que se podría llevar ante los tribunales de Israel.
La justicia británica ha autorizado ya la confiscación de distintos activos del Reino de España, incluidos bienes inmuebles y derechos financieros. En Australia, una sentencia de la Corte Suprema abre la puerta a este tipo de medidas, mientras que en Estados Unidos se acaba de iniciar la vista oral de uno de los procedimientos más relevantes, que afecta a NextEra. Se trata de una de las principales compañías del mundo en el ámbito de las renovables. Solamente en dicho caso, España ha contraído una deuda cercana a los 300 millones de euros.
Soluciones para poner fin a la litigiosidad
Las empresas afectadas desean trasladar al gobierno español y a la opinión pública su voluntad de llegar a un acuerdo. Su propuesta busca resolver la delicada situación generada por los impagos a través de una negociación que permita el cumplimiento de los laudos, la reinversión en energía verde y el fin de los litigios. Los afectados compartieron ejemplos de distintos países que han alcanzado resoluciones similares, como por ejemplo Alemania, donde una demanda de este tipo se resolvió mediante un acuerdo entre el gobierno y los acreedores basado en una combinación de pagos monetarios e incentivos fiscales.
Expertos como el abogado Nick Cherryman, el académico Nikos Lavranos o la consultora Ashley Messick tomaron la palabra durante el acto y recalcaron las ventajas potenciales que se derivarían de un eventual acuerdo. Frente a la inseguridad jurídica generada, defendieron la resolución de las disputas mediante un acuerdo que contemple tres puntos: (a) un compromiso irrevocable de no plantear nuevas denuncias, (b) el pago de las cantidades reclamadas, que se sitúan alrededor de un 80% por debajo de lo que pidieron originalmente los afectados, y (c) la articulación de mecanismos de reinversión en energía verde que facilite un punto de inflexión y ayude a la economía española.