Adaptar las granjas de porcino a las nuevas exigencias sobre bienestar animal que obliga a aumentar los metros por animal supondrá un sobrecoste de más de 300.000 euros por granjas, según los cálculos realizados por las organizaciones agrarias Asaja y COAG. La norma del Gobierno de Sánchez, que entrará en vigor en 2025, es mucho más exigente y restrictiva de lo que exige el reglamento europeo.
En concreto, los cálculos realizados por el sector, en base a presupuestos reales, recogen un sobrecoste "por encima de los 300.000" para adaptar las granjas a la reducción de densidades por metro cuadrado. Esa cifra se dispara a más de 500.000 euros para aquellos ganaderos que decidan ampliar la superficie de sus granjas para poder mantener el mismo nivel de producción.
Ambas organizaciones también han denunciado que los ganaderos se enfrentan a dificultades "significativas" para obtener las autorizaciones necesarias para la ampliación de sus granjas. "Las regulaciones actuales y las restricciones administrativas complican el proceso de expansión, limitando la capacidad de las explotaciones para cumplir con las nuevas normativas de bienestar animal".
Prórroga de tres años
La norma que modifica las condiciones de bienestar animal para los cerdos es el Real Decreto 159/2023, alineada con la Directiva 120/2008 de la UE, introduce nuevos requisitos de densidad de espacio por animal. "Cabe destacar que esta normativa va por delante de la normativa europea, lo que añade una capa adicional de complejidad y urgencia para el sector", señalan las organizaciones.
Por ello, han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) una prórroga de tres años adicionales, (hasta 9 de enero de 2028), para la entrada en vigor de es Real Decreto 159/2023.
"Esta prórroga permitiría la adaptación gradual y ordenada a los nuevos requisitos sin una drástica caída de la producción así como la alineación con la normativa europea porque se permitiría esperar a los debates y posibles cambios en la Directiva 120/2008", señalan.
Entre otros beneficios de esa prórroga, estas dos organizaciones creen que se podría establecer un plan coordinado entre el Gobierno, las autonomías y productores para una transición "ordenada y efectiva". Por ello, COAG y Asaja también han reclamado al MAPA ayudas específicas para facilitar la transición hacia las nuevas normativas.