El presidente del Gobierno ha presentado este miércoles en el Congreso su plan para perseguir a los medios de comunicación críticos, libelos, "tabloides digitales" o "páginas web", como le gusta decir. Con la excusa de trasponer una supuesta directiva comunitaria para "preservar la independencia pluralidad y libertad de expresión en los medios de comunicación" de los países de la UE, el presidente del Gobierno ha anunciado un plan de "regeneración democrática" que pasa por aprobar en el Congreso un paquete de normas que metan en cintura a aquellos medios de comunicación que le son críticos.
La primera excusa es, decía Sánchez, cumplir con el "reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación" que aprobó el seno de la UE y que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea en abril. Como recordaba Feijóo en el debate que ha tenido lugar este miércoles en el Congreso, se trata de un reglamento, como su propio nombre indica, no una directiva, con lo que no hay que "trasponer nada", sino simplemente cumplirlo.
En cualquier caso, el presidente del Gobierno, en su empeño de demostrar que en España sufrimos un gran déficit democrático por la calidad de los "tabloides" digitales que son, en su opinión, generadores de bulos y fango, ha puesto varios ejemplos que pondrían negro sobre blanco el nocivo efecto que estos medios que no le gustan, están teniendo en el estado de opinión de la población. Decía Sánchez:
"Cada año se producen en nuestro país miles de bulos, que se comparten un 70% más rápido que las noticias verdaderas. (…) Esos bulos han logrado que el 18% de los españoles considere que la economía española está en crisis (…) quince meses de crecimiento económico. Que el 34% de los ciudadanos tema que alguien okupe su casa, cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas que hay en nuestro país. Y que uno de cada cinco padres no quiera vacunar a sus hijos".
¿Crisis económica o "cohete"?
Considera inaudito el señor Sánchez que casi un 20% (18%) de los españoles crea que estamos atravesando una crisis económica es absolutamente incompatible con el hecho de que nuestra economía vaya, como él mismo dice, como un cohete, con "quince meses consecutivos de crecimiento". Sin embargo lo cierto es que lo llamativo es que sólo un 20% de los españoles esté convencido de que atravesamos un momento de fuertes dificultades económicas. Y para ejemplo, sólo algunos datos:
Somos el país de la Unión Europea la tasa de paro más alta (12,29%), por encima de algunos vecinos que anteriormente nos superaban, como Grecia y que actualmente presenta un paro del 12,1%. No hablemos de paro juvenil o paro femenino. En materia de empleo, además, entra en juego la fuerte precarización del trabajo que se ha sufrido con las reformas impulsadas durante el Gobierno de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz al frente del Ministerio. Una reforma que califica como empleado fijo discontinuo a alrededor de medio millón de personas que pese a ser titular de dicho contrato, se encuentran si trabajar. O el troceo del trabajo que hace que para que en el último año se creen medio millón de puestos de trabajo, sean necesarios la firma de más de 15 millones de contratos.
Pero no sólo eso. Durante el gobierno de Pedro Sánchez la inversión extranjera se ha desplomado. En marzo de este año, la inversión extranjera había caído más de un 55% respecto a 2018, cuando Sánchez llegó a la Moncloa.
Al fenómeno inflacionario que acumula un desplome del poder adquisitivo acumulado de los españoles de cerca del 18%, y que todavía nos mantienen por encima de la media de la De Eurozona con un 3,3%, habría que sumar el fuerte empobrecimiento de la población, como algunos de los datos que apoyan el hecho de que cada vez más españoles recelen de los eufóricos anuncios del Gobierno comparando nuestra economía con motos o cohetes. Y es que en 2023 el porcentaje de españoles en riesgo de carencia material severa se disparó hasta el 9% desde el 7,7% de 2019.
Además, en 2019 España estaba a nueve puntos de la media de la UE en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo. Sin embargo ahora, Sánchez mediante, estamos a catorce puntos, según Eurostat. Según la OCU, las familias españolas se han empobrecido más de un 10% en los últimos tres años de media. En términos de poder adquisitivo, es el segundo mayor retroceso de toda la UE desde 2019.
Y mientras, el Gobierno ha disparado el gasto y la deuda, sin relajar la presión fiscal a una clase productiva cada vez más agotada, por no deflactar la tarifa del IRPF, y que hubiera ajustado esa presión fiscal a la merma de poder adquisitivo producido por efecto de la inflación.
El bulo de que la okupación no existe
En segundo lugar, el presidente del Gobierno ha denunciado "que el 34% de los ciudadanos tema que alguien okupe su casa, cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas que hay en nuestro país". Se trata de una afirmación tramposa, por cuanto juega con la confusión de conceptos y se aprovecha de la diferencia que existe entre el lenguaje jurídico y el lenguaje coloquial que habitualmente usa la gente. En otras palabras: se aferra a las estadísticas relativas a la okupación en sentido estricto, obviando que lo que preocupa a la gente y lo que realmente se ha convertido en un fenómeno al alza es la llamada inquiokupación.
Para el ciudadano de a pie, el okupa es aquel que se mete en una casa que no es suya y se niega a abandonarla. Da igual quién sea su dueño, si está habitada o no, o si se trata de un inquilino que ha dejado de pagar y no quiere irse. Sin embargo, en términos jurídicos, estaríamos al menos ante tres delitos totalmente diferentes: allanamiento de morada, usurpación e inquiokupación. Es esta última precisamente la que, según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, se ha incrementado de manera escalofriante en los últimos años, al calor del polémico decreto antidesahucios y la más reciente Ley de Vivienda.
El problema es que este tipo de delitos no van por la vía penal, sino que, al considerarse un mero incumplimiento de contrato, se siguen en la vía civil. Esa es la explicación por la que no aparecen recogidos en las estadísticas de okupación en España, algo de lo que se aprovecha el presidente del Gobierno para manipular la realidad y decir que se está generando una alarma social injustificada.
La realidad, sin embargo, es que, como atestiguan las decenas de casos recogidos por Libre Mercado, el número de víctimas de la inquiokupación no deja de crecer. Y lo peor es que los procesos de desahucio pueden alargarse durante años, que es lo que realmente preocupa a los ciudadanos. Es decir, que el problema no es tanto la okupación en sí misma, como la impunidad que el Gobierno confiere a los delincuentes a través de su leyes, ya que, durante todo ese tiempo, los propietarios no sólo no reciben ni un solo euro -a pesar de que muchos lo necesitan para llegar a fin de mes-, sino que, además, son ellos los que tienen que hacer frente a todos los gastos de suministros que ocasionan los okupas, más allá del temor a no volver a recuperar su propiedad, o el estado en el que esté cuando después de años, pueda recuperarla. Si los propietarios pudieran recuperar sus viviendas en pocas horas, la preocupación por este fenómeno no existiría.
El bulo de la vacunación
En tercer lugar, el presidente del Gobierno se queja de que "uno de cada cinco españoles cree que es malo vacunar a sus hijos". Sánchez -tan empeñado en que los medios aclaren de dónde sacan los datos de las encuestas de intención de voto- oculta de dónde extrae él mismo tal sorprendente afirmación, que supondría que un 20% de los padres españoles está en contra de la vacunación de sus hijos.
Si uno busca en Internet, la única coincidencia hace alusión al sondeo COSMO-Spain elaborado a finales de 2021 por el Instituto de Salud Carlos III sobre la percepción ciudadana de la pandemia. La encuesta, realizada justo cuando se inició a la vacunación de niños menores de 12 años, revelaba que un 20% de los padres no quería poner a sus hijos la vacuna contra el coronavirus, algo que, además, no solo sucedía en nuestro país, sino que el recelo era generalizado tanto en Europa como en otros lugares del mundo. En todo caso, el informe se refería única y exclusivamente a la vacuna contra el covid, y no a las vacunas en general, que es a lo que parece referirse el presidente del Gobierno con tal de justificar su particular cruzada contra los medios.
En este sentido, cabe destacar que, a pesar de que siempre han existido los antivacunas -y no sólo al calor de la pandemia-, en líneas generales, las tasas de vacunación infantil en España son de las más altas del mundo. En 2018, el proyecto Inmuniza, impulsado por MSD, revelaba que el 97% de los menores de nuestro país está vacunado. Farmaindustria acota todavía más los datos de cobertura en su página web: "En los dos primeros años de vida, se estima que está casi en el 98%". Y por si quedaba alguna duda, así lo corroboraban también los propios médicos el pasado mes de marzo durante el 20º Congreso de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria: "España es, afortunadamente, uno de los países del mundo con más altas coberturas en vacunación infantil".