
La comparecencia del presidente del Gobierno de esta semana en el Congreso para justificar su acción contra los medios de comunicación críticos bajo la premisa de que emiten bulos fue especialmente paradigmática. Y es que lo fue porque se dedicó, entre otras cosas, a poner ejemplos de lo que considera bulos que no dejan de ser enormes mentiras en sí mismas.
Uno de esos bulos fue precisamente el que tiene que ver con la okupación de viviendas en España. Un problema de primer orden cuya clave se encuentra en la ausencia de defensa de los derechos de propiedad por parte de las autoridades y la legislación española.
Decía Sánchez, de manera engañosa y torticera que la okupación no era un problema porque sólo afecta al 0,06% del parque de viviendas en España, y este dato no se comparece con que, según las estadísticas del CIS a un 34% de los españoles les dé miedo de que le okupen su vivienda.
Ante esta afirmación, una de las propagandísticas de izquierdas más activas de los últimos años, Alejandra Jacinto, recientemente incorporada desde Podemos al proyecto de Sumar de Yolanda Díaz precisamente pare encaergarse de temas de viviendas, no tardó en doblar la apuesta de Sánchez en Twitter. Dijo Jacinto: "Por cierto, ¿qué hacemos con los bulos de los anuncios de alarmas de seguridad que suenan cada día en la radio? Más allá de ser publicidad engañosa, digo".
Por cierto, ¿qué hacemos con los bulos de los anuncios de alarmas de seguridad que suenan cada día en la radio?
Más allá de ser publicidad engañosa, digo.
— Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) July 17, 2024
El problema de Jacinto, y de Sánchez, es que su argumentario choca frontalmente con una realidad evidente y es que el problema de la okupación trasciende sobradamente el 0,06% del parque de viviendas. Esta cifra responde únicamente a los casos judicializados de okupación por la vía penal. No tiene en cuenta la Inquiokupación, o la cantidad de propietarios que acuden a otro tipos de vías de mediación, como la de Desokupa, ante un problema de estas características, entre otros motivos, porque por la vía judicial penal, el tiempo medio que tarda una familia en recuperar su vivienda en propiedad es de 18 meses según el CGPJ.
Pero no sólo eso. Los casos de inquiokupación desaparecen de esta estadística porque se trata de okupas que previamente eran inquilinos y que dejaron de pagar. Los que se encuentran en esta situación, la judicialización llegar por la vía civil, no penal, y desaparecen de la estadística del presidente del Gobierno, porque la justicia entiende que se trata de un incumplimiento de contrato. Claro, este tipo de impagos de alquileres no ha hecho más que subir durante los últimos años. Más de un 60% desde 2019.
En cualquier caso, lo que pide Jacinto es actuar contra empresas que libremente anuncian sus servicios. Si realmente éstos no fueran necesarios, nadie los contrataría. El problema real es que sí son necesarios porque, si quieres recuperar tu vivienda por la vía legal, en ocasiones, la única manera de demostrar que querías protegerla y que, por lo tanto, la okupación ha sido con violencia, es que salte una alarma.